El pasado 3 de abril de 2023, un total de 33 países, 70 % de los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, votó positivamente una resolución en Ginebra, en la que se insta a los Estados a que dejen de adoptar, mantener, aplicar o cumplir medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, en particular, medidas con efectos extraterritoriales, que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados y afectan los derechos humanos en todo el mundo.
La moción presentada por el Grupo de Países No Alineados durante el 52º período de Sesiones del Consejo de DD.HH. destaca en sus considerandos la preocupación expresada recurrentemente por la gran mayoría del Estados acerca de los graves impactos que la aplicación de la llamada política de sanciones tiene sobre la población de varios países; así como su carácter ilegal y contrario al derecho internacional público y al derecho al desarrollo, entre otros.
La resolución destaca igualmente los terribles efectos del fenómeno llamado “sobrecumplimiento”, cuyo impacto en el sector comercial y financiero es devastador para las economías de los países sancionados, fue rechazada por un reducido grupo de trece naciones, encabezado por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Ucrania.
La decisión se suma al largo historial de resoluciones tanto del Consejo de Derechos Humanos, como de la Asamblea General de la ONU, que rechazan el uso de medidas de presión económica y sanciones unilaterales, por ser instrumentos violatorios de la Carta de Naciones Unidas.
Investigaciones hechas en ese país arrojan que solo Estados Unidos, el líder mundial en aplicación de sanciones, ha dictado más de 20.000 medidas coercitivas unilaterales desde el año 2000, de las cuales cerca de la mitad fueron emitidas a partir de 2017. Desde 2014, a Venezuela se le han impuesto 766 sanciones directas de EE.UU., Reino Unido, la Unión Europea y otros Estados. En total, ese país suramericano ha sido objeto de 930 sanciones unilaterales y otras medidas de restrictivas y punitivas.
En la actualidad, 30 naciones se ven afectadas por las sanciones y otras medidas de coerción y extorsión económica. En esos países vive 28 % de la población mundial y representan el 72 % de la superficie del planeta.
