República del Sudán
Desde noviembre de 1997, Estados Unidos (EE.UU.), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a la República de Sudán, debido a los conflictos internos políticos. Estas medidas han limitado la posibilidad de mantener relaciones comerciales y de recibir fondos de los bancos para inversión. Las sanciones han conducido al pueblo de Sudán a la decepción y la desesperación, debido a las dificultades económicas que enfrenta el país.
El alcance y la gravedad de las sanciones unilaterales han interrumpido el comercio, así como las cadenas de suministro. Como consecuencia, se registra un incremento de precios en el combustible, los alimentos y medicinas, al tiempo que se encarece y dificulta el acceso a los servicios públicos.
Algunos medicamentos que se utilizan para salvar vidas desaparecieron. Otros, como vacunas contra las enfermedades epidémicas, escasearon drásticamente.
En febrero de 2015, el gobierno de Sudán exhortó a EE. UU., a reconsiderar las sanciones contra el país, debido a que afectan intereses del pueblo sudanés y su desarrollo, generando efectos devastadores entre la población.
Como consecuencia del embargo económico contra la República de Sudán, el sector agrícola, que genera la tercera parte del PIB, ha quedado seriamente afectado. Un total de 163 empresas, la mayoría del sector petrolero, han visto alterado su funcionamiento. El sector industrial ha sido afectado de forma directa con la disminución de la producción y el despido de sus trabajadores, por no poder mantenerlos. A causa de estas medidas, Sudán perdió el 80 % de la energía para el transporte ferroviario.
El efecto de las sanciones ha provocado que instituciones especializadas en el suministro de insumos médicos se nieguen a organizar cursos en el territorio sudanés, por temor a represalias.