República de Zimbabue

En 2003, tras las elecciones presidenciales en las que fue elegido presidente Robert Mugabe, Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE) impusieron medidas coercitivas unilaterales (MCU) contra personas, embargo de armas, aislamiento diplomático, sanciones financieras y al deporte, además de congelar activos de empresas del país.

Estas MCU contra empresas del país agravaron la pobreza en Zimbabue, debido a las dificultades para la adquisición de alimentos, atención sanitaria, suministro de gasolina, entre otras necesidades básicas. Igualmente, tales restricciones han imposibilitado el desarrollo de proyectos de purificación del agua, el acceso a fertilizantes agrícolas y a químicos para el control de plagas.

Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han negado a otorgar ayuda presupuestaria a Zimbabue, alegando que el país tiene un endeudamiento insostenible por no cancelar sus atrasos ni solucionar su profunda crisis social.

La Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), anteriormente denominada Mancomunidad Británica de Naciones (British Commonwealth of Nations), grupo de países formado mayoritariamente por excolonias británicas, suspendió a Zimbabue en el año 2002, luego de acusar al presidente Mugabe de cometer fraude para su reelección y de hostigar a sus oponentes políticos. En 2003, Zimbabue se retiró formalmente del grupo.

En los últimos años, la petición de Zimbabue de que sean levantadas las sanciones en su contra ha recibido apoyo de países como Sudáfrica, Rusia y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).

Actualización 2024

El pasado 4 de marzo de 2024, el Gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mediante la Orden Ejecutiva (O.E.) 14.118, desactivó el paquete de medidas coercitivas unilaterales sobre la República de Zimbabue. A pesar de ello, se mantienen sanciones de forma individualizada bajo la O.E. 13.818 y el programa de sanción Global Magnipsky relacionados con corrupción y violación de los Derechos Humanos contra 11 funcionarios que desempeñan funciones en el gobierno, entre ellos el Presidente Emmerson Mnangagwa y 3 entidades que operan para la nación, dejando claro que solo será un levantamiento de las mismas a nivel Estadal, pero las medidas restrictivas de congelación de activos y prohibición de viajes continúan.

República del Líbano

En el año 2007 –y con la excusa de “contrarrestar a personas que socavaban la soberanía del Líbano” y sean opuestas a los intereses de Estados Unidos e Israel–, se dictó la Orden Ejecutiva 13441, que impone un bloqueo de todos los bienes y propiedades que se encuentren dentro de EE. UU. a nombre de cualquier persona que pueda ser considerada como un riesgo para la soberanía libanesa, al igual que a las empresas que brinden ayuda financiera o que gestionen y permitan que el aparato financiero general de Hezbolá opere en territorio libanés.

Según la Oficina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (Acnur, por sus siglas en inglés), la situación política de países vecinos víctimas de medidas sancionatorias como Siria y Palestina ha ocasionado un flujo masivo de refugiados libaneses, que alcanza casi 1,8 millones de personas, lo que convierte al Líbano en el país del Medio Oriente con mayor número de refugiados y añade una fuerte presión sobre su economía y la situación del país, devastada por las MCU.

Simultáneamente a la situación política, la crisis económica avanza. Las sucesivas depreciaciones de la lira libanesa a mínimos históricos —con pérdidas de hasta 15 % de su valor en un día— dificultan, cada vez más, las condiciones de vida de la población. Como consecuencia del acoso y el estrangulamiento económico, el producto interno bruto en 2020 decreció en 25 %.

La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental estima que la pobreza multidimensional aumentó, de 25 % en 2019, a 82 % en 2021, con el 74 % de la población con ingresos inferiores a los 14 dólares diarios, producto de estas medidas. El balance muestra de forma inequívoca cómo las MCU ocasionan severos daños a la población de los países que son objeto de esas sanciones.

Estado de Libia

Desde el año 2011, Libia, país del norte africano, ha sido víctima de sanciones impuestas de manera unilateral por Estados Unidos (EE. UU.), la Unión Europea (UE) y otros Estados. El país, que en el pasado reciente enfrentó procesos políticos de ocupación e invasión, en 2011 fue excluido del Sistema Financiero Mundial (Swift) y sufre el bloqueo de propiedades en acatamiento de la Orden Ejecutiva No. 13566, emitida por EE. UU., que prohíbe al Banco Central de Libia realizar cualquier tipo de trasferencia, pago, exportaciones, retiros y negociaciones.

En el año 2016, el corazón económico de Libia, la industria petrolera, es atacada a través de la Orden Ejecutiva No. 13726, que sanciona la explotación no autorizada de crudo o cualquier otro tipo de recurso natural en el país, además de generar obstáculos para la transición política o la instauración de un Gobierno de Acuerdo Nacional. Con estas medidas, las exportaciones de hidrocarburos, que representan más del 70 % del PIB y el 95% de las exportaciones totales, cayeron 90%.

La aplicación de medidas coercitivas unilaterales (MCU) trajo como consecuencia que, de los 6 millones de habitantes del país, un millón se encuentren en situación de necesidad y otros 500 mil estén desplazados. Según un informe del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam, por sus siglas en inglés), 74 % de estas personas refugiadas y migrantes afirman haber sido testigos del asesinato o tortura de alguno de sus compañeros de viaje, mientras que 84 % señala que durante la invasión de Libia con frecuencia se les negaban el agua y los alimentos.

República de Sudán del Sur

En el año 2014, la República de Sudán del Sur fue objeto del bloqueo de sus fondos, embargo de armas y sanciones contra personas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, a raíz del referendo llevado a cabo en ese país sobre la separación de Sudán del Norte.

Tras estas sanciones, la situación de Sudán del Sur es vulnerable en términos de derechos humanos. La falta de combustible, de alimentos y medicinas convierten al país en una vasta zona de destrucción, desplazamientos, violencia, guerra, enfermedades, hambre y de mortalidad. Más de 8 millones de personas necesitan asistencia sanitaria y protección. En los últimos 13 años, la tasa de inflación oscila entre el -6,7 % y el 380,0 %.

Mientras que el gobierno de Sudán del Sur rechaza este tipo de agresión como forma de resolver sus conflictos internos, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Europea, consideran que estas medidas coercitivas unilaterales son un instrumento importante para presionar en favor de una resolución del conflicto en el país africano, y por lo tanto se deben mantener.

En julio de 2017, el relator especial de la ONU, Sr. Idriss Jazairy (Argelia), dijo que “ha llegado el momento de que la comunidad internacional reafirme el principio de que todas las personas cuyo disfrute de los derechos humanos se haya visto afectado por medidas coercitivas unilaterales, tienen derecho a un recurso que incluya una indemnización financiera apropiada y efectiva”.

Cabe recordar que, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las naciones se han comprometido a adoptar medidas para promover el estado de derecho en el plano nacional e internacional y a garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos (meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible).

República del Sudán

Desde noviembre de 1997, Estados Unidos (EE.UU.), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a la República de Sudán, debido a los conflictos internos políticos. Estas medidas han limitado la posibilidad de mantener relaciones comerciales y de recibir fondos de los bancos para inversión. Las sanciones han conducido al pueblo de Sudán a la decepción y la desesperación, debido a las dificultades económicas que enfrenta el país.

El alcance y la gravedad de las sanciones unilaterales han interrumpido el comercio, así como las cadenas de suministro. Como consecuencia, se registra un incremento de precios en el combustible, los alimentos y medicinas, al tiempo que se encarece y dificulta el acceso a los servicios públicos.

Algunos medicamentos que se utilizan para salvar vidas desaparecieron. Otros, como vacunas contra las enfermedades epidémicas, escasearon drásticamente.

En febrero de 2015, el gobierno de Sudán exhortó a EE. UU., a reconsiderar las sanciones contra el país, debido a que afectan intereses del pueblo sudanés y su desarrollo, generando efectos devastadores entre la población.

Como consecuencia del embargo económico contra la República de Sudán, el sector agrícola, que genera la tercera parte del PIB, ha quedado seriamente afectado. Un total de 163 empresas, la mayoría del sector petrolero, han visto alterado su funcionamiento. El sector industrial ha sido afectado de forma directa con la disminución de la producción y el despido de sus trabajadores, por no poder mantenerlos. A causa de estas medidas, Sudán perdió el 80 % de la energía para el transporte ferroviario.

El efecto de las sanciones ha provocado que instituciones especializadas en el suministro de insumos médicos se nieguen a organizar cursos en el territorio sudanés, por temor a represalias.

República Popular Democrática de Corea

La República Popular Democrática de Corea (RPDC) ha sido sancionada desde el año 2008 por Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea (UE) y otras organizaciones internacionales. Las medidas coercitivas unilaterales incluyen congelación de activos, de bienes, sanciones a personas, empresas o entidades, así como la prohibición de las exportaciones de bienes y servicios al país. El argumento principal es la supuesta financiación a programas de armas nucleares y misiles balísticos a través de la orden Ejecutiva N.º 13466, que señala a la RPDC como una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior estadounidense.

Inicialmente, estas medidas iban dirigidas al ejército y a la élite política, pero desde 2016 se convirtieron en sanciones sectoriales, que afectan sensiblemente a la producción industrial.

A partir de 2017, EE. UU. profundizó las sanciones, al incluir a la RPDC en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. De esta manera, se le restringió el acceso al transporte marítimo internacional y se obstaculizó el trabajo de las organizaciones de ayuda internacionales. Esto trajo consigo que la nación asiática se encuentre aislada del mundo, lo que implica severas restricciones de bienes para la población, embargos y escasez de insumos agrícolas, médicos y sanitarios.

De acuerdo con la organización internacional Sanctions Kills, en 2018 un total de 3.968 norcoreanos, en su mayoría niños menores de cinco años, murieron debido a la escasez y los retrasos de los programas de ayuda de la ONU. Estos hechos han sido denunciados reiteradamente por China y Rusia, principales aliados comerciales de la RPDC. Ambos países han solicitado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el levantamiento de las sanciones, por motivos humanitarios.

Estado de Palestina

El Estado de Palestina ha sido sometido durante muchos años a un asedio constante por parte de Israel, lo que ha impedido su desarrollo económico y social. El conflicto entre ambas naciones se debe a la negativa de Israel a reconocer a Palestina como un Estado soberano. La prolongada crisis humanitaria y económica que afecta al pueblo palestino es producto de una agresión militar y de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos e Israel.

Israel ha sancionado a Palestina con medidas económicas, financieras y en contra de personas, que afectan directamente a la población, como represalia por la iniciativa de Palestina de solicitar a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie sobre la ocupación israelí de sus territorios. Mientras que Estados Unidos ha dictado contra Palestina medidas coercitivas unilaterales (MCU), al considerarlo como un “Estado terrorista”, lo que ha generado pérdidas económicas, pobreza, limitaciones para oportunidades de estudio y empleo a la población.

Estas acciones tomadas por Israel y EE. UU. restringen la entrada y salida de personas, así como las importaciones desde territorio palestino. De igual forma, dificultan el acceso a servicios médicos, asistencia sanitaria, tratamientos y medicinas. Las sanciones producen fallas en la distribución de combustible, lo que genera fallas en el transporte y afecta la generación de energía eléctrica.

Pese a las múltiples acciones y mediaciones internacionales para una solución efectiva del conflicto palestino-israelí, aún no se logra un acuerdo que ponga fin a un conflicto que se prolongado por décadas en ese territorio.

Grupo de expertos de la ONU han señalado que no se puede seguir ignorando el “castigo colectivo del pueblo de Gaza y las incuestionables repercusiones del bloqueo sobre los derechos humanos”, en referencia al pueblo palestino.

República Centroafricana

La República Centroafricana ha sido objeto de medidas coercitivas unilaterales (MCU) por parte de los Estados Unidos (EE. UU.), desde el año 2014. Los conflictos internos por el poder político, el resurgir de los grupos armados en el interior y la escalada de tensiones en la capital, elevaron las presiones desde el exterior para aplicar sanciones.

Desde 2016, a pesar de contar con una misión de la ONU, la República Centroafricana ha sido severamente sancionada, lo que ha ocasionado fuertes afectaciones socioeconómicas en la población. Esto ha generado un clima político tenso, paralizando la educación y afectando los servicios públicos, en especial el sistema sanitario y las telecomunicaciones.

Las autoridades se han visto forzadas a recurrir a nuevos mecanismos económicos para obtener liquidez, mientras que la población más vulnerable recurre a la economía informal para subsistir. En este sentido, el gobierno ha buscado nuevos aliados, para satisfacer las necesidades de la población y la seguridad interna.

Debido a la presencia de Rusia en el país africano, la Unión Europea suspendió la ayuda al país, ocasionando el vaciado de las arcas del Estado y obligando al gobierno centroafricano a suspender todos los pagos corrientes en diciembre de 2022. Esto representó un duro golpe para la cadena de alimentación, al verse sancionadas empresas que importaban alimentos y medicinas.

El impacto generado por la imposición de MCU, junto con la crisis mundial, ha provocado una aceleración en los precios del arroz del 33 % y el aceite en un 25 % desde enero de 2023.

En la actualidad las reivindicaciones socioeconómicas de la población centroafricana permanecen con un clima político cada vez más tenso que no permite apaciguar la tensión y la crisis social. El acceso a la educación y a los servicios de salud es mínimo, y los resultados están empeorando, mientras que muchas personas no logran acceder de manera regular a los alimentos.

República de Albania

En junio de 2001, Estados Unidos dictó medidas coercitivas unilaterales contra la República de Albania, mediante las Órdenes Ejecutivas 13219 y 13304. Las sanciones incluyen la congelación de activos de personas y entidades del país, así como la restricción de entrada de ciudadanos de origen o nacionalidad albanesa a EE. UU., presuntamente relacionados con actos de terrorismo calificados como tales por la OFAC.

La Orden Ejecutiva 13219 va dirigida contra personas y entidades que, según el gobierno estadounidense, amenazaron los esfuerzos internacionales de estabilización de los Balcanes occidentales, al patrocinar o apoyar la violencia en la antigua República de Yugoslavia y otros lugares de la región balcánica occidental, obstruyendo presuntamente los Acuerdos de Dayton de 1995.

La Orden Ejecutiva declara a Albania, como una "amenaza Inusual y Extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense”.

La Orden Ejecutiva 13304 decreta el fin de las emergencias nacionales establecidas por las ordenes ejecutivas 12.808 del año 1991 y 13.088 del año 1999, como respuesta a los acontecimientos positivos de transición pacífica y democrática en Serbia y Montenegro del 2003, cuando se promulgo la Carta Constitucional de Serbia y Montenegro.

En el año 2021, EE. UU. emite la Orden Ejecutiva 14033 contra la República de Albania, al considerar que el país promueve agendas políticas e intereses personales a expensas de la paz y la estabilidad en los Balcanes Occidentales, así como por obstruir el desarrollo democrático en cualquier lugar de esa región.

En febrero de 2022, Albania se unió a las sanciones económicas de los países de la Unión Europea contra Rusia en defensa de Ucrania. Las medidas sancionatorias, que incluyen a 654 personas y 52 empresas rusas, van desde el cierre de su espacio aéreo, hasta sanciones económicas como medidas restrictivas en las áreas de finanzas, energía, transporte y tecnología.

República de Belarús

Entre los años 2004 y 2006, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron medidas coercitivas unilaterales contra la República de Belarús. Estas medidas son aplicadas bajo la Ley para la Democracia en Belarús, en la cual se le exige a esa República informar al gobierno estadounidense sobre su suministro de armas y tecnología a la República Federativa de Rusia. Las sanciones están dirigidas contra personas y contemplan el bloqueo comercial y financiero. Imponen, además, la expulsión de Belarús del sistema ‘Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (Swift).

En 2004, la Unión Europea impuso una serie de medidas coercitivas unilaterales dirigidas a bloquear el comercio, el embargo de armas, la prohibición de la exportación de bienes destinados a equipos antimotines, la inmovilización de activos y la prohibición de viaje a personas incluidas en la lista de sanciones.

En 2011, se amplió el número de funcionarios de alto nivel gubernamental (fiscales y jueces), objeto de sanciones financieras y de visado.

Las medidas coercitivas aplicadas unilaterales Estados Unidos y la Unión Europea congelan bienes y activos que afectan las reservas liquidas en bancos europeos. Las medidas prohíben también la importación en sectores clave para la economía bielorrusa, como los hidrocarburos, la potasa, el transporte y las materias primas. Las sanciones prohíben exportar a Belarús una serie de productos y aparatos altamente sensibles, que contribuyen a la mejora tecnológica de ese país, además de la exportación de productos de las industrias aeronáutica y espacial.

En 2020, la Unión Europea impone medidas restrictivas a Belarús por la supuesta violencia ejercida contra manifestantes “pacíficos”, así como por la intimidación y las detenciones y encarcelamientos arbitrarios tras las elecciones presidenciales de agosto de ese año. La UE no reconoce los resultados de las elecciones en Belarús y condenó esos comicios por considerar que no fueron libres ni limpios.

República de Bosnia y Herzegovina

Entre los años 2001 y 2003, Estados Unidos emitió dos Órdenes Ejecutivas dirigidas a la región de los Balcanes Occidentales, al considerarlos una “amenaza inusual y extraordinaria” que obstruye la implementación de los Acuerdos de Dayton, mediante los cuales se puso fin a la guerra de Bosnia y se adquirió el compromiso de apoyar el equilibrio regional en los Balcanes. Asimismo, por presuntamente obstruir el logro de los objetivos definidos por la OTAN y la ONU en esos territorios.

La orden 13219, emitida en 2001, decretó una emergencia nacional por las presuntas acciones de personas, grupos o entidades que apoyan, asisten o financian la violencia extremista para desestabilizar la región. Entretanto, la orden 13.304, emitida en 2003, pone fin a la emergencia nacional decretada por EE. UU. en 1992 y 1999, en razón de la aparente transición pacífica hacia la democracia y teniendo en cuenta los hechos positivos que se registraron en otras regiones de la antigua Yugoslavia, como Serbia y Montenegro.

Las sanciones están dirigidas contra personas y entidades de Bosnia y Herzegovina, al considerarlas responsables de participar en acciones que supuestamente perjudican los procesos democráticos en la región, específicamente a funcionarios gubernamentales vinculados con hechos de corrupción.

En 2021, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se emite la Orden Ejecutiva 14033, que sanciona de manera directa a 14 personas y 3 entidades de Bosnia y Herzegovina. Estas acciones están dirigidas, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, a impedir la destrucción de sus instituciones y a neutralizar acciones que son utilizadas por actores políticos para su propio beneficio, contraviniendo los acuerdos de Dayton de 1995.

La Unión Europea prorrogó en 2022 las medidas restrictivas contra la República de Bosnia y Herzegovina hasta el 31 de marzo de 2024. De esa forma, la UE extiende su capacidad para imponer sanciones y restricciones contra personas o entidades que se considere socaven la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional y la personalidad internacional de Bosnia y Herzegovina.

En julio de 2023, el gobierno de Serbia tildó de "inadecuadas e inmerecidas" las sanciones impuestas por los Estados Unidos al primer ministro de la República Srpska (también llamada República Serbia de Bosnia), al ministro de Justicia, al presidente del Parlamento serbobosnio y a la representante serbia en la terna presidencial de Bosnia-Herzegovina.

República de Croacia

En 2001, el gobierno de los Estados Unidos impuso un programa de sanciones contra la región de los Balcanes occidentales, mediante las ordenes ejecutivas No. 13.219 y 13.304. Estas medidas se toman por el supuesto patrocinio y apoyo a la violencia en la antigua República de Yugoslavia y otros lugares de la región, actos que presuntamente vulneren los Acuerdos de Dayton (mediante los cuales se puso fin a la guerra de Bosnia y se adquirió el compromiso de apoyar el equilibrio regional en la región de los Balcanes) y afectan a la Republica de Croacia.

Las medidas están dirigidas contra personas a las que se les acusa de obstruir el desarrollo democrático en territorio de los Balcanes y, por otro lado, se les señala de acoso político a antiguos funcionarios públicos.

En 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el recurso de Croacia y confirmó la sentencia de 2021, que establece que la República de Croacia violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Croacia también está sujeta a una sanción por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la OFAC, por supuestamente albergar una entidad incluida en la lista de Evasores de Sanciones Extranjeras (FSE, por sus siglas en inglés), con base en lo establecido en la Orden Ejecutiva 13.608 para Evasores de Sanciones Extranjeras-Antiterrorismo.

Estado de Eritrea

En 2021, Estados Unidos y la Unión Europea imponen medidas coercitivas unilaterales contra el Estado de Eritrea. Las sanciones están basadas en la Orden Ejecutiva 14046, denominada “Imposición de sanciones a determinadas personas con respecto a la crisis humanitaria y de derechos humanos en Etiopía”. Las MCU están dirigidas contra las fuerzas de defensa, organizaciones políticas, empresas y dirigentes del país. Según el Departamento de Estado de EE. UU., se trata de una respuesta a la asistencia del ejército de Eritrea a las fuerzas armadas de Etiopía.

Las medidas sancionatorias contra el Frente Popular por la Democracia y la Justicia (FPDJ), en realidad están dirigidas al presidente del Estado de Eritrea, Isaias Aferwerki, por su presunta participación en actividades que han agudizado la crisis en ese país.

En marzo de 2021, la Unión Europea sanciona al director de la Oficina de Seguridad Nacional, Abraha Kassa Nemariam, por considerarlo responsable de violaciones de los derechos humanos. Estas acusaciones son rechazadas por el Estado de Eritrea, al considerar que la UE no tiene prerrogativa legal ni moral para tomar esa decisión en contra del organismo de seguridad.

Las sanciones alcanzan la estructura económica de Eritrea, al bloquear los fondos activos en el extranjero, la cartera comercial de todas sus empresas, a sus asesores económicos y a la red financiera del Estado: la Corporación Comercial del Mar Rojo.

Debido a estas medidas sancionatorias, las perspectivas económicas del país se han visto considerablemente afectadas. Los precios de los productos básicos, el comercio, la inversión extranjera directa y el turismo cayeron a sus niveles históricos más bajos. El bloqueo comercial limitó sus principales exportaciones: zinc y cobre, lo que trajo como consecuencia una caída en el ingreso nacional que ha afectado la inversión social.

República de Iraq

En 2003, Estados Unidos impuso un conjunto de sanciones dirigidas a afectar al gobierno de Saddam Hussein, por su invasión a Kuwait en 1990, que marcó el inicio de la primera guerra del Golfo. Las medidas están sustentadas jurídicamente en el Reglamento de Sanciones contra Iraq, 31 C.F.R parte 575, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos de América (OFAC), el cual garantiza el uso adecuado de los recursos iraquíes en su territorio, con el objetivo de reconstruir la nación.

El 22 de mayo de 2003, se suprimió y reemplazó el reglamento de sanciones impuesto en la década de 1990 por un nuevo reglamento de sanciones “contra la desestabilización y la insurgencia en Iraq”, 31 C.F.R parte 576 (ISISR), tras la promulgación del Decreto 13.303 de ese mismo año, así como por el Decreto 13.315 del año 2004, la Orden Ejecutiva 13.438 del año 2007 y el Reglamento 55.464 del año 2010. Estas sanciones fueron justificadas por pretendidas razones humanitarias, sin contar la aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

El conjunto de sanciones unilaterales impactó directamente en las permutas sobre los hidrocarburos y en los órganos financieros de la República de Iraq. En consecuencia, incidió negativamente en la capacidad del país para financiarse y producir petróleo, lo cual se acentuó mayormente entre los años 1991-1996. Asimismo, esta injerencia, que se mantiene vigente, cobró la vida de más de un millón de personas, de acuerdo con los 400 mil documentos revelados por investigaciones de WikiLeaks sobre la guerra estadounidense contra Iraq, en la que 63 % de las víctimas fueron civiles.

República de Macedonia del Norte

Entre los años 2001 y 2003, los Estados Unidos emite dos Órdenes Ejecutivas dirigidas a la región de los Balcanes Occidentales, al considerarlos una “amenaza inusual y extraordinaria” que obstruyen la implementación de los Acuerdos de Dayton, mediante los cuales se puso fin a la guerra de Bosnia y se adquirió el compromiso de apoyar el equilibrio regional en los Balcanes. Asimismo, por presuntamente obstruir el logro de los objetivos definidos por la OTAN y la ONU en esos territorios.

La Orden Ejecutiva 13219, emitida en 2001, establece una emergencia nacional por las presuntas acciones de personas, grupos o entidades que apoyan, asisten o financian la violencia extremista para desestabilizar la región. Por su parte, la orden 13.304, emitida en el año 2003, pone fin a la emergencia nacional decretada por EE. UU. en 1992 y 1999, en razón de la aparente transición pacífica hacia la democracia y por los hechos positivos que se suscitaron en los territorios de la antigua Yugoslavia.

Las medidas coercitivas unilaterales contra Macedonia están dirigidas a personas a las que se les acusa de desestabilizar políticamente la región de los Balcanes. Estas acciones están dentro de la Orden Ejecutiva 13818, por supuestas violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción. En 2022, El gobierno de Estados Unidos sancionó al exprimer ministro de Macedonia del Norte, NiKola Gruevski; al exdirector de la Oficina Macedonia de Seguridad y Contrainteligencia, Sasho Mijalkov; a los albaneses Aqif Rakipi, legislador en el Parlamento de su país, y Ylli Ndroqi, dueño de medios; así como al diputado bosnio Asim Sarajlic, por su presunta vinculación con la desestabilización de la región, actos de corrupción y vinculación con otras actividades delictivas.

República de Malí

En el año 2019, Estados Unidos y la Unión Europea imponen a la República de Mali un conjunto de medidas coercitivas unilaterales en razón de los conflictos armados y golpes de Estado internos por el control del oro y el uranio.

Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE. UU., mediante la Orden Ejecutiva Nº 13882, y por la Unión Europea, están dirigidas contra personas y miembros del gobierno de transición de Mali, por su supuesto apoyo al terrorismo. Al igual que en otros países con medidas coercitivas, los ciudadanos sancionados no pueden entrar ni transitar por la UE, y sus activos se encuentran congelados. Por otro lado, se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea hacer cualquier tipo de inversión, directa o indirecta, en Mali.

En 2023, Estados Unidos sancionó a tres funcionarios del gobierno y a militares de Mali (el ministro de Defensa; coronel Sadio Camara; el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, coronel Alou Boi Diarra; y el vicejefe de Estado Mayor, teniente coronel Adama Bagayoko) por facilitar el despliegue y la expansión de las actividades del Grupo Wagner en ese país africano, y señalan que estas medidas no son contra el pueblo maliense. El Ejecutivo de la República de Mali calificó estas acciones de unilaterales, basadas en acusaciones infundadas y por ser contrarias al derecho internacional y a la soberanía de Mali.

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los conflictos internos han generado 1.303.511 emigrantes, lo que representa 6,14 %, de la población. Las sanciones contra Mali han acrecentado drásticamente la desigualdad entre sus habitantes.

República de Montenegro

Entre los años 2001 y 2003, Estados Unidos emitió dos Órdenes Ejecutivas dirigidas a la región de los Balcanes Occidentales, al considerar los estados de esa región como una “amenaza inusual y extraordinaria” que obstruye la implementación de los Acuerdos de Dayton, mediante los cuales se puso fin a la guerra de Bosnia y se adquirió el compromiso de apoyar el equilibrio regional en los Balcanes. Asimismo, por presuntamente afectar el logro de los objetivos definidos por la OTAN y la ONU en esos territorios.

La orden 13219, emitida en 2001, decreta una emergencia nacional por las presuntas acciones de personas, grupos o entidades que apoyan, asisten o financian la violencia extremista para desestabilizar la región. Por su parte, la orden 13.304, emitida en el año 2003, pone fin a la emergencia nacional decretada por EE. UU. en 1992 y 1999, en virtud de la aparente transición pacífica hacia la democracia y los hechos positivos que se suscitaron en territorios de la ex Yugoslavia, como Serbia y Montenegro.

Las sanciones a Montenegro están dirigidas contra personas por presuntamente apoyar y brindar asistencia financiera para desestabilizar la región. Al país se le ha impuesto un bloqueo comercial que afecta la entrada o salida de cualquier producto de sus puertos. Este bloqueo ha afectado las exportaciones de crudo, así como la agricultura, que es la industria más importante del país.

La evasión del bloqueo por parte de la República de Montenegro mediante permisos, licencias, activos y cuentas de estos ciudadanos en su país genera multas para las empresas por más de 500.000 dólares o el doble de los beneficios recibidos como consecuencia de la infracción; y para las personas naturales, el castigo es de más de 250.000 dólares o el doble de la cantidad de beneficios producto de la infracción.

En 2022, Estados Unidos sancionó a siete funcionarios de los Balcanes, entre los que figura el expresidente de la anterior nación de Serbia y Montenegro, Svetozar Marovic.

República de la Unión de Myanmar

Desde el 11 febrero de 2021, la República de la Unión de Myanmar ha estado sometida a un conjunto de medidas sancionatorias por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. Las sanciones van dirigidas contra personas y entidades a las que se les acusa de violaciones de derechos humanos y amenazas a la paz, la seguridad y la estabilidad de esa nación.

Al país le han sido aplicadas 214 medidas coercitivas unilaterales, de las cuales 140 las ha impuesto los EE. UU., y 74 la Unión Europea. El 75 % de estas medidas están dirigidas a personas: el ministro de Energía, empresarios, efectivos militares y miembros de partidos políticos. Entre las entidades o empresas sancionas destacan el Ministerio de Defensa, así como empresas estatales y privadas que suministran combustible y fondos a las fuerzas armadas.

Las sanciones contra Myanmar limitan la movilización de activos líquidos, prohíben los vuelos y la circulación en territorio de la Unión Europea. Asimismo, el embargo de equipos militares restringe la exportación de componentes de comunicación y sanciona la exportación de equipos militares. A este conjunto de medidas se añade el bloqueo a las transacciones financieras entre la Unión Europea y la República de la Unión de Myanmar.

En marzo de 2022, Estados Unidos impone nuevas sanciones contra el país, al considerar que sus fuerzas armadas habían perpetrado un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. Estas sanciones contemplan la congelación de cualquier activo de Myanmar en Estados Unidos e impiden cualquier transacción de ciudadanos o empresas de ese país con ciudadanos estadounidenses.

El bloqueo económico y financiero contra Myanmar afecta a la población civil, obstaculizando significativamente el acceso a las divisas provenientes de petróleo, gas, de productos básicos de exportación o servicios financieros.

República Democrática del Congo

A partir del año 2006, les fueron impuestas a la República Democrática del Congo (RDC) medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos (EE. UU.), la Unión Europea (UE) y grupos de Estados, por conflictos políticos internos que derivaron en una guerra civil por el control del cobre y el cobalto. En 2010, se les imponen sanciones a las fuerzas militares del gobierno de la RDC por supuestas violaciones a los derechos humanos.

En 2016, EE. UU. y la Unión Europea sancionan a altos funcionarios del Estado, señalándolos de entorpecer el proceso electoral y por supuestamente violar los derechos humanos del pueblo congolés. Es la primera vez que se acusa abierta y directamente al entorno del presidente Joseph Kabila, que debía dejar el cargo el 19 de diciembre de ese año. También en 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pide a la UE se apliquen sanciones específicas contra la República del Congo y se adopten todos los medios a su alcance contra los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, así como contra quienes inciten la violencia u obstaculicen una salida consensuada, pacífica y respetuosa a la crisis interna.

Las sanciones están dirigidas contra personas y entidades e incluyen prohibición de viajes, congelación de activos, bloqueo de cuentas bancarias y transacciones financieras ligadas a funcionarios gubernamentales sancionados.

Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), durante el año 2022 se vieron forzadas a huir de sus hogares 600.000 personas y se han desplazado cerca de 6 millones de personas, más que en ningún otro país del continente africano. Del mismo modo, cifras oficiales señalan que la inflación se duplicó entre 2021 y 2022, como consecuencia del aumento mundial de los precios de los alimentos y del petróleo.

Recientemente, la Unión Europea ratificó la imposición de sanciones a diez personas, a quienes les congelaron sus bienes y activos, y se les restringió la entrada a países de la Europa unificada. Igualmente, a las personas y entidades sancionadas se les impidió disponer de fondos de forma directa o indirecta.

República de Serbia

Entre los años 2001 y 2003, Estados Unidos emitió dos Órdenes Ejecutivas dirigidas a la región de los Balcanes Occidentales, al considerarlos una “amenaza inusual y extraordinaria” que obstruye la implementación de los Acuerdos de Dayton, mediante los cuales se puso fin a la guerra de Bosnia y se suscribió el compromiso de apoyar el equilibrio regional en los Balcanes. Asimismo, por presuntamente obstruir el logro de los objetivos definidos por la OTAN y la ONU en esos territorios.

La orden 13219, emitida en 2001, decreta una emergencia nacional por las presuntas acciones de personas, grupos o entidades que apoyan, asisten o financian la violencia extremista para desestabilizar la región. Por otra parte, la orden 13.304, emitida en el año 2003, pone fin a la emergencia nacional decretada por EE. UU. en 1992 y 1999, en virtud de la aparente transición pacífica hacia la democracia y los hechos positivos que se suscitaron en regiones de la ex Yugoslavia, como Serbia y Montenegro.

Las sanciones están dirigidas a 63 personas, en su mayoría funcionarios del gobierno serbio, así como a 8 entidades entre públicas o privadas.

En el año 2021, se profundiza el bloqueo a propiedades y se suspende la entrada a los Estados Unidos de personas, incluyendo funcionarios gubernamentales presuntamente incursos en actos de corrupción y desestabilización en territorio serbio.

En 2023, Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó al director de la Agencia de Información de Seguridad de Serbia, acusándolo de supuestas implicaciones en operaciones ilegales de narcóticos y usurpación de cargos públicos. EE. UU. también lo sancionó por manifestar su apoyo a Rusia en el conflicto que esta mantiene con Ucrania.

El actual presidente serbio, Aleksandar Vučić, se ha manifestado en contra de la imposición de sanciones a su país por parte de EE. UU., declarando que estas son inapropiadas, inmerecidas e ilegales.

República Federal de Somalía

En el año 2010, la República Federal de Somalia fue objeto de la imposición de un conjunto de medidas coercitivas unilaterales (MCU) por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, sobre la base de sospechas de mantener nexos con el grupo terrorista Al Qaeda. Las medidas sancionatorias están dirigidas contra personas y entidades, e incluyen la congelación de activos, embargo de armas, la prohibición de asistencia o capacitación técnica, financiera, de inversiones y los servicios de intermediación.

Se ha impuesto un total de 65 medidas coercitivas unilaterales contra Somalia, como consecuencia de las acciones de grupos extremistas y por los supuestos vínculos con grupos terroristas. Como resultado de estas acciones, y por intermedio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los bienes propiedad de las personas sancionadas y que se encuentren en territorio estadounidense, o en control de personas estadounidenses, fueron bloqueados.

En 2022, Estados Unidos impone sanciones a ciudadanos somalíes por estar incursos en supuestas actividades delictivas, incluida la piratería y la pesca ilegal, con redes ilícitas y otras organizaciones terroristas que operan en la región. Las medidas también prohíben la exportación o la importación directa o indirecta de carbón vegetal procedente de Somalia. Según EE. UU., el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento del país. Informes recientes de la ONU confirman que la situación humanitaria en Somalia empeora. Los reportes indican que 3,25 millones de somalíes, el 43 % de la población, necesitan ayuda alimentaria. Casi 3 millones de personas han sido desplazadas de sus lugares de origen y se registra un drástico incremento de los precios de los alimentos, entre otras afectaciones.

En 2022, el ejército estadounidense regresa a Somalia, tras un año de haberse retirado. El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó el despliegue de cientos de soldados en Somalia, alegando que el país se ha convertido en una amenaza. Para los Estados Unidos, no se trata de un nuevo despliegue militar, sino de un reposicionamiento de fuerzas que ya están en la zona, y que han entrado y salido del territorio somalí de forma episódica desde enero de 2021.

Ucrania

En marzo de 2014, Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a personas y entidades de Ucrania. Se estableció la prohibición de visados para cerca de 20 funcionarios de alto nivel del Gobierno de Ucrania y otros ciudadanos. Las sanciones vinieron luego de que la administración del expresidente estadounidense Barack Obama propiciara el golpe de Estado que depuso al presidente Víktor Yanukóvich y dividió al país. En marzo del mismo año, se impuso sanciones contra Yanukóvich y el político Víktor Medvedchuk. Estas contemplan la restricción de su ingreso a EE. UU. y la congelación de sus activos en ese territorio. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea y la administración del presidente Barack Obama acordaron diversas sanciones contra varios ciudadanos de Ucrania. Obama anunció el congelamiento de activos de Ucrania, mientras que el Departamento del Tesoro impuso sanciones a otros cuatro ciudadanos ucranianos.

República de Yemen

En 2012, Estados Unidos y la Unión Europea imponen medidas coercitivas unilaterales contra la República de Yemen, debido a los conflictos internos por el poder político. Estas acciones de conflicto fueron promovidas por el movimiento Ansar-Allah, también denominado "hutí".

Las medidas sancionatorias impuestas por Estados Unidos y la UE están dirigidas contra personas e incluyen la congelación de activos. Esto trajo como consecuencia una disminución de las importaciones de alimentos y medicinas, que convierten al país en uno de los más pobres del continente africano.

En noviembre de 2014, Estados Unidos impone nuevas sanciones contra la República de Yemen, que incluyeron el congelamiento de los bienes de funcionarios yemeníes en jurisdicción estadounidense. Asimismo, se prohibió todo tipo de transacción financiera entre ciudadanos de Yemen y ciudadanos o entidades de EE. UU.

La Unión Europea, en 2015, impone un embargo de armas y otras sanciones específicas contra un dirigente hutí y contra el hijo del expresidente. La decisión fue tomada en la Resolución 2216 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 14 de abril de 2015.

En 2021, Estados Unidos sanciona a dos personas señalándolas de ser responsables de planificar y ejecutar ataques de las fuerzas hutíes, que han afectado a civiles yemeníes, naciones fronterizas y embarcaciones comerciales en aguas internacionales.

La economía del país está colapsada, lo que ha afectado gravemente el ingreso y el flujo de alimentos al país. Los precios continúan aumentando, mientras muchas de las personas han perdido sus fuentes de ingresos. Más de la mitad de la población yemení no tiene suficientes alimentos y el 25 % de la población sufre desnutrición, incluidos dos millones de niñas y niños.

De acuerdo con la ONU, Yemen es el país que vive la peor crisis humanitaria en este momento, con cerca de 14 millones de personas –la mitad de la población total del país– al borde de la hambruna. Expertos del organismo mundial describen la situación de Yemen como “uno de los peores desastres humanitarios de los tiempos modernos”.