A principios del año 2000, EE. UU. afianza con mayor profundidad el relato dirigido a posicionar a Siria como un país que planifica, financia y apoya actos terroristas. El 24 de junio de 2002, el presidente George W. Bush ya “advertía” que Siria debe elegir el lado correcto en la guerra contra el terrorismo, cerrando unos supuestos campos terroristas que el país tenía en su territorio y expulsando a las organizaciones terroristas.

Bajo estas acusaciones, se impone un marco jurídico que permite a Estados Unidos aplicar un conjunto de medidas sancionatorias contra la nación árabe. En 2003, se emite la “Ley de Responsabilidad de Siria y Restauración de la Soberanía del Líbano”, que prohíbe la exportación de productos estadounidenses a Siria e impide a empresas estadounidenses invertir y operar en esos países.

Entre 2010 y 2011, se inició la guerra respaldada por mercenarios extranjeros, apoyados por los Estados Unidos, que afectaron la economía del país árabe y la destrucción de instalaciones e infraestructura. Durante este periodo arreciaron las medidas sancionatorias por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados.

En 2019, se emite la “Ley César de Protección Civil de Siria”, que prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense o extranjero de ayudar o mantener la producción de petróleo, gas o cualquier tipo de construcción o ingeniería, además de bloquear todas las transacciones del Banco Central de Siria.

En 2022, el congreso estadunidense emite la “Ley Captagon”, creada bajo los supuestos de lucha contra el comercio ilícito de drogas, aunque en realidad su finalidad era destruir la industria farmacéutica Siria y afectar a su población.

De acuerdo con el informe presentado por la Relatora Especial de la ONU, para los impactos de las MCU, Alena Douhan; Doce millones de sirios (más de la mitad de la población) están lidiando con la inseguridad alimentaria y 2,4 millones padecen inseguridad alimentaria grave.

Entre los años 2020 y 2021, unos 600.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda y retraso del crecimiento, lo que representa un aumento del 48 %.

Más de 50 % de los profesionales de la salud han abandonado el país o han fallecido producto de la guerra desde 2011.

Aproximadamente 7 millones de desplazados internos han perdido sus hogares y sus medios de vida.

Solo entre el 4 % y el 7 % de las escuelas tienen suficiente acceso a electricidad y calefacción durante el invierno, y menos del 40 % dispone de agua corriente. Al mismo tiempo, hay una grave escasez de docentes, con una proporción estimada de un maestro por cada 100 estudiantes.

Se estima que más de 150.000 docentes han abandonado el sistema educativo y algunos abandonaron definitivamente el país.

Más del 80 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

Doce millones de mujeres, hombres, niñas y niños se acuestan cada noche con hambre.

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) alertó que casi 13.000 niños han sido asesinados durante el conflicto, y estimó que 609.000 menores de cinco años padecen retraso en el crecimiento, una condición resultante de la desnutrición crónica generada por el bloqueo económico y comercial en contra de Siria.