El pasado lunes 19 de mayo del 2021, se llevó a cabo la Conferencia virtual “Conociendo la Ley Antibloqueo. Posibilidades y Alcances en el año 2021”, organizada por la Cátedra Antibloqueo de la Universidad Bolivariana, la cual contó con la participación del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Dr. Larry Devoe quien expuso la importancia de esta importante norma jurídica.
En su exposición, el Dr. Devoe explicó que esta nueva normativa, propuesta al país en septiembre del año pasado por el presidente Nicolás Maduro, busca mitigar y contrarrestar los efectos de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) impuestas por el gobierno de EE.UU desde el año 2014. La Ley consta de cuarenta y cuatro artículos, posee dos disposiciones transitorias y una disposición final y fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 13 de octubre de 2020.
Otro de los objetivos que promueve la Ley Antibloqueo, es garantizar la subsistencia del país ante una agresión económica, financiera y comercial que tenga como finalidad contrarrestar la soberanía nacional, además de anular los efectos de las Medidas Coercitivas Unilaterales.
La aplicación de las Medidas Coercitivas Unilaterales es la estrategia de agresión que EE.UU ha implementado contra la economía venezolana.
Devoe que formó parte del equipo redactor de la Ley, puso como ejemplo de las medidas restrictivas y punitivas el fenómeno conocido como “sobrecumplimiento”, que es una posición que asumen diversos actores del ámbito político internacional, que no se ven afectados por estas medidas, pero deciden no mantener relaciones diplomáticas o económicas con Venezuela, por el “temor de verse afectados por las medidas impuestas por el gobierno de EEUU”.
Las medidas coercitivas Unilaterales son ejecutadas en dos maneras: como actos formales con siete órdenes Ejecutivas y como Medidas Restrictivas o Punitivas, que pueden o no tener respaldo en un acto jurídico formal”
Bajo las sanciones el gobierno de EE.UU se ha centrado en limitar los ingresos del país, perseguir la industria petrolera, colapsar el comercio internacional de bienes y servicios, aislar financieramente al país y congelar activos nacionales en el extranjero, lo que ha derivado en una reducción de 99% de los ingresos de la República Bolivariana de Venezuela.
