La República de Cuba ha sido blanco de una política ilegal de medidas sancionatorias impuesta por los Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución en 1959, comenzando con la Doctrina Eisenhower, de 1960. A partir de 1962, EE. UU. decretó un bloqueo total a la isla, como supuesto “castigo” por la nacionalización de empresas estratégicas del Estado y compañías estadounidenses en la isla.
A pesar de estas medidas coercitivas unilaterales contra personas, empresas y buques, Cuba mantiene su denuncia permanente contra estas medidas impuestas por Estados Unidos desde el año de 1992, con 30 resoluciones adoptadas por la Comunidad Internacional en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner fin, a la criminal política contra la nación insular.
Bajo la administración de Donald Trump en el año 2017 (con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton), se reforzó el bloqueo y recrudecieron las consecuencias sobre el sector turismo, transporte marítimo y aéreo, cooperación médica, el comercio, las finanzas, combustible y las remesas familiares.
De acuerdo a datos oficiales del Gobierno cubano, Estados Unidos ha impuesto un total de 240 medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, basados en un andamiaje jurídico normativo que consta de leyes como la “Ley de Asistencia Exterior” (1961), “Proclama Presidencial” (John F. Kennedy 1962), “Ley para la Democracia Cubana” (1992), “Ley Helms-Burton” (1996), entre otras. Este conjunto de leyes somete a la isla caribeña a un bloqueo total que incluye el congelamiento de activos, la prohibición de transacciones financieras y comerciales y la prohibición de arribo de buques.
Basados en la Ley de Ajuste cubano de 1966, Estados Unidos retomó en 2016 su política sobre la migración cubana denominada “pies secos, pies mojados”. Esta política otorga a los cubanos que logren llegar a suelo estadounidense por vía marítima la residencia permanente durante un año. Mientras que aquellos que son detectados por la Guardia Costera en medio del mar, son detenidos y devueltos a la isla caribeña.
En 2017, Estados Unidos extiende la aplicación de sanciones económicas a la isla bajo el marco jurídico establecido en “La Ley de Comercio con el Enemigo” de 1917, lo que implicó un recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales, al calificarse a Cuba, como "Estado patrocinador del terrorismo", acción que conlleva significativos daños económicos adicionales para la isla.
Los daños acumulados durante seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 150 mil 410,8 millones de dólares. Tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que debido a la prohibición de EE. UU. de vuelos regulares y chárter, el flujo de turistas ha disminuido considerablemente.
Cuba no puede acceder a todo el equipamiento necesario para garantizar el adecuado aprendizaje de los niños con necesidades especiales, como por ejemplo equipos de escritura del sistema Braille (Perkins), de fabricación y comercialización estadounidense.
Según investigaciones realizadas por el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam, por sus siglas en inglés), las medidas coercitivas unilaterales limitan el desarrollo de la economía, lo que agrava el sustento del pueblo cubano por los efectos de la pandemia de covid-19.
Para controlar la pandemia del coronavirus, Cuba tuvo que desarrollar sus propias vacunas, que además comparte con otros países, pero le resulta difícil adquirir los reactivos y materiales necesarios para producirlas y administrarlas.
El sistema sanitario cubano se ha visto gravemente afectado por las sanciones. Los proveedores se han negado en su mayoría en responder a las peticiones cubanas, dificultando la adquisición de piezas de repuestos para los equipos médicos y la adquisición de medicamentos especializados contra el cáncer y el VIH.
El bloqueo ha limitado la adquisición de tecnologías avanzadas, restringiendo los servicios de internet, las plataformas de medios sociales, las comunicaciones internacionales y los intercambios educativos.
Entre el 2020 y hasta septiembre de 2021, la economía cubana perdió 13% de su PIB, como consecuencia del recrudecimiento de las sanciones y la pandemia de la Covid-19, impuesto por los Estados Unidos.
En 2021, la agencia de viajes CUBATUR reportó pérdidas por más de 20 mil dólares, por gastos de servicios bancarios y variación de tasas de cambio.
En 2019, Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), impuso medidas sancionatorias a la compañía estatal cubana Cubametales, por mantener relaciones comerciales con Venezuela.
La OFAC sancionó a la empresa Corporación Panamericana de Cuba por considerar que fue utilizada para evadir las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a la petrolera estatal cubana Cubametales, por apoyar al Gobierno de Venezuela.
EEl 13 de septiembre de 2023, el gobierno de Estados Unidos extendió hasta septiembre de 2024, la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que ha utilizado para mantener el bloqueo sobre la isla caribeña. El 18 de octubre de 2024 producto del bloqueo y la falta de insumos para el sistema eléctrico, la red eléctrica de Cuba sufrió un apagón de 4 días, dejando al país a oscuras tras la falla de una de las principales plantas de energía de la isla.
MCU en Datos
MCU impuestas a Cuba distribuidas por objetivo sancionado
De las 243 sanciones que le han sido aplicadas a Cuba, 77 han sido de manera directa contra personas, empresas o entidades y buques, representando el 32 % del total de medidas, mientras que 166 el 68 % restante responden a medidas restrictivas o de sobrecumplimiento.
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