Los derechos humanos de mujeres y niñas son gravemente vulnerados por la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Venezuela, denunció recientemente la asociación civil venezolana Sures ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ana Salazar, vocera de la asociación, explicó que Venezuela ha sufrido durante los últimos ocho años imposición de medidas coercitivas unilaterales, situación que ha causado graves consecuencias por violar los derechos humanos del pueblo, y de manera particular, de las mujeres y las niñas.
“La aplicación de medidas coercitivas unilaterales, criminales e ilegales, va destinada a destruir la economía, desestabilizar la democracia y a acabar con el modelo social inclusivo reconocido por las Naciones Unidas, y constatado en su reciente visita a Venezuela por la relatora especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos”, señaló Salazar.
“Esta situación ha generado una migración económica atípica de venezolanas en los últimos años. Nuestras investigaciones muestran que mujeres y niñas han sido objeto de trata de personas por parte de organizaciones delictivas. Aquellas en edad reproductiva han sufrido violaciones a sus derechos en los países de destino”, añadió Salazar.
Creada en 2016, Sures se dedica al estudio, promoción, educación y defensa de los derechos humanos, desde visiones críticas, emancipadoras y alternativas. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, independiente, no partidista y no confesional.
Su mandato se extiende a todos los derechos humanos ambientales, civiles, culturales, económicos, sociales y políticos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales ratificados por el país. Prioriza en su acción a aquellos grupos y colectivos de personas en situación de mayor exclusión, pobreza y discriminación.
Denuncias del Estado venezolano
Por su parte, La ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán, al intervenir en el referido comité de la ONU, señaló los graves efectos perjudiciales de las medidas coercitivas unilaterales en las mujeres venezolanas y sus derechos.
Guzmán dijo que las sanciones son “un mecanismo de coerción política en contra de la igualdad entre los Estados, la soberanía, la libre determinación, la no intervención y la garantía universal e indivisible de los derechos humanos”.
Asimismo, denunció que estas se ejecutan “como instrumento neo colonizador y criminal que constituye un verdadero crimen de lesa humanidad y que impacta directamente en la vida y los derechos de las mujeres”.
Indicó la funcionaria que “Venezuela está muy avanzada en la defensa de los derechos de las mujeres en nuestra legislación, la Constitución, hasta las distintas leyes orgánicas, y todo lo que viene realizando la Asamblea Nacional en funciones”.
Asimismo, se refirió al desarrollo alcanzado por Venezuela en lo relativo a la educación y la formación ciudadana, al tiempo que destacó la garantía de que no haya impunidad ante cualquier acto que atente contra los derechos de la mujer.
