Durante una entrevista, el viceministro de políticas antibloqueo de Venezuela, William Castillo, comentó sobre el proceso de negociación que enfrenta actualmente Venezuela.
Venezuela presentó ante la Corte Penal Internacional un nuevo informe con las evidencias del impacto que ha tenido en la población venezolana la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos.
El viceministro de políticas antibloqueo de Venezuela, William Castillo, explica que en la Corte Penal Internacional cursan dos procesos sobre Venezuela: uno llamado Venezuela I, sobre la denuncia que hicieron gobiernos del llamado Grupo de Lima por supuestas violaciones a los derechos humanos; y el segundo, que se llama Venezuela II, que es la denuncia que hizo en febrero de 2020 el Gobierno venezolano contra las autoridades estadounidenses que han firmado órdenes ejecutivas y sanciones contra el país con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro.
“Unos días antes de que la fiscal de la CPI dejara su cargo, remitió un cuestionario, como parte de ese proceso de evaluación para ver si se acepta el caso Venezuela II, y nosotros hemos respondido ese cuestionario y hemos entregado un conjunto de pruebas que demuestran el nexo causal entre la emisión de las medidas coercitivas y la afectación al derecho a la salud, a la vida y a la alimentación del pueblo venezolano”, indica Castillo.
“Para darte un ejemplo concreto. Hemos entregado pruebas de cómo nos hemos dirigido a los bancos, al Citibank, al Novo Banco, al Banco de Inglaterra solicitando los recursos de Venezuela para, por ejemplo, luchar contra la pandemia, para comprar vacunas y hemos entregado las pruebas de las respuestas que nos han dado esos bancos diciendo que no nos pueden entregar los recursos por las medidas coercitivas unilaterales, por las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump. Hemos entregado pruebas del sector alimentación, de comunicaciones, donde las empresas nos dicen que no pueden viajar a Venezuela, porque se los ha prohibido por la Unión Europea, para entregar equipos, repuestos para los sistemas hídricos, para el sistema eléctrico. Hemos entregado pruebas de cómo se impidió la transferencia comprar vacunas en el año 2017 y que impactó en varias enfermedades en Venezuela como la difteria, el sarampión, etc. Entonces, básicamente es un documento muy profundo, muy detallado donde evidenciamos que existe un nexo causal, una prueba que demuestra que esas medidas violaron los derechos humanos de los venezolanos de forma consciente, planificada y masiva, y por eso consideramos que se trata de crímenes de lesa humanidad”, detalla el viceministro de políticas antibloqueo.
Castillo resalta que, independientemente de la decisión que tome la CPI sobre este caso, eso no le restará validez a la denuncia.
“Porque estamos creando un precedente histórico para los más de 30 países sancionados, estamos diciéndole al mundo de que hay que generar una doctrina jurídica penal que castigue a los funcionarios que firman órdenes contra otros países que impactan la vida de sus ciudadanos. Nosotros estamos en una pelea por Venezuela, pero también estamos dando una pelea por el Derecho Internacional y creemos que este debate, indistintamente a la decisión de la corte, que está muy presionada por Estados Unidos, va a sentar un precedente en Naciones Unidas sobre este tema”, destaca Castillo.
