En Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado internacional y nacional para exigir el cese definitivo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra la nación.
La dignataria enfatizó que el Gobierno nacional libra una batalla continua para desbloquear los recursos financieros del Estado retenidos en el exterior, con el fin de dirigirlos a la inversión en servicios públicos esenciales.
Rodríguez calificó la situación actual como un “terrible bloqueo económico”. Dijo que la República ha tenido que sortear limitaciones extremas en sus capacidades económicas, financieras y comerciales que pocos países en el mundo han conocido.
A pesar de que son más de mil las sanciones activas contra la nación, la presidenta aseveró que Venezuela ha logrado un crecimiento económico sostenido, en una muestra de la resiliencia de su modelo productivo frente a las agresiones externas.
Impacto de las MCU en servicios y planes sociales
El núcleo de la denuncia gubernamental se centró en cómo el entramado de sanciones internacionales busca asfixiar el desarrollo del país, al afectar directamente el funcionamiento de los servicios básicos y la infraestructura pública.
Rodríguez reiteró que las restricciones no detendrán la marcha del Estado. En este sentido, anunció el inicio de la segunda fase de una peregrinación nacional orientada a robustecer el corazón productivo, garantizar la soberanía alimentaria y consolidar la estabilidad social.
Asimismo, la presidenta encargada declaró que, con los recursos disponibles y el esfuerzo propio, se mantienen activos programas de alta sensibilidad, como el “Plan por la Vida y la Salud 2026”. Mediante esta iniciativa, el sistema de salud pública continúa dando respuesta a las necesidades de la población, con cirugías de cataratas, colocación de marcapasos y procedimientos complejos de hemodinamia.
Optimización del Estado
Más allá de la agenda de resistencia económica, el Consejo de Ministros sirvió de plataforma para anunciar importantes transformaciones en los ámbitos judicial y administrativo.
Rodríguez informó el lanzamiento de una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal, programada para iniciar el próximo 1° de junio, cuyo eje central es la garantía absoluta de los derechos humanos. De igual forma, se activará un proceso de consulta popular de 15 días sobre la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites, permitiendo a la ciudadanía denunciar procesos burocráticos engorrosos a través del portal institucional simplifica.gob.ve.
Asimismo, con el propósito de adaptar el Ejecutivo a las exigencias de la nueva realidad nacional, se notificó de designaciones estratégicas orientadas a incrementar la eficiencia gubernamental.
El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, asumirá el cargo de comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del Gobierno, mientras que la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, desempeñará la tarea de comisionada presidencial para la gestión eficiente del Gobierno nacional, ambas tareas orientadas a optimizar los recursos públicos y mejorar la atención social.
