La República Popular China, a través de su portavoz de Relaciones Exteriores, Lin Jian, condenó enérgicamente la “incautación de Citgo Petroleum Corporation” por parte de las autoridades estadounidenses, calificando la pretensión como una flagrante violación del derecho internacional.
El comunicado oficial suscrito por Jian señala que “la venta forzosa constituye un nuevo episodio de la multifacética agresión ejecutada por las instituciones de Estados Unidos contra Venezuela”.
Asimismo, el gigante asiático instó a Washington a levantar las medias coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela, ya que atentan contra la estabilidad y el desarrollo de esa nación y de los más de 30 países que son objeto de esta política destructiva e ilegal.
La trama contra Citgo
A raíz de la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, la filial de Pdvsa en territorio estadounidense, fue puesta en la mira de corporaciones energéticas internacionales, que buscan apropiarse indebidamente de la séptima refinería más importante en EE.UU.
En 2018, un tribunal de Delaware a cargo del juez Leonard Stark, asesorado por el abogado venezolano José Ignacio Hernández, falló a favor de una oscura corporación canadiense, Crystallex, en una demanda contra Venezuela, y decidió que era lícito cobrarse deudas de la República con los activos pertenecientes a Citgo; el juez se basó de una inédita y absurda interpretación seudo jurídica que llamo “ doctrina del alter ego”.
Desde entonces el juez Stark, en complicidad con Hernández, Juan Guaidó y funcionarios designados por éste en 2019 para controlar Citgo en razón del bloqueo de la empresa decretado por Donald Trump, no han hecho otra cosa que empujar decisiones a favor de acreedores de Citgo. La subasta cuya culminación está anunciada para el próximo 15 de julio, sería el último paso que cerraría el ilegal proceso de remate judicial de la empresa, despojando a Venezuela de un patrimonio invaluable.
El valor estimado actual de Citgo Petroleum Corp. asciende a aproximadamente 15 mil millones de dólares, lo que realza la importancia estratégica que tiene la empresa para Venezuela.
En este sentido, la vicepresidenta de República Bolivariana Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un comunicado en rechazo al proceso judicial de venta forzosa del activo venezolano, advirtiendo que no reconocerán la hipotética adquisición por parte de otra empresa sin el derecho legítimo a la defensa, ya que se trata de una acción ilegal en contra del pueblo venezolano.
China y la legalidad internacional
Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, Venezuela estableció líneas de cooperación y hermandad con China. Cabe destacar que la política exterior de China se caracteriza por defender las normas básicas que rigen la legalidad y la cooperación internacional, en lo que definen como relaciones “ganar-ganar”, diferenciándose de políticas imperiales como las que imponen las potencias occidentales.
Esta no es la primera vez que la nación asiática se manifiesta claramente contra la violación de la Carta de las Naciones Unidas que se produce por la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra naciones soberanas. La semana pasada, durante el debate en la Asamblea General de la ONU sobre la eliminación de las sanciones unilaterales, China insistió en la necesidad de restaurar los principios del ultilateralismo y abogó por el fin de medidas de presión económica unilaterales como instrumento para lograr objetivos de política exterior.
Ambos países son víctimas de las acciones criminales injerencistas de EE.UU. y sus aliados. El Observatorio Venezolano Antibloqueo contabiliza, a la fecha, un total de 930 MCU contra Venezuela y 42 medidas similares contra la República Popular China.
