El viceministro de Políticas Antibloqueo y gerente general del Observatorio Venezolano Antibloqueo, William Castillo, intervino, vía videoconferencia, en la Vigésima Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), que se inició el pasado 27 de noviembre y concluirá el domingo 3 de diciembre en Viena, Austria.
La participación del viceministro Castillo se dio en el foro denominado “Las medidas coercitivas unilaterales y su impacto en el desarrollo socioeconómico de los Estados“, en el que se analizó el acceso al derecho fundamental al desarrollo socioeconómico de los países miembros de la ONU, así como el problema global representado por el unilateralismo que pretenden imponer ciertos Estados poderosos.
En su disertación, el funcionario venezolano explicó cómo desde la década de 1950, un conjunto de países encabezado por Estados Unidos ha utilizado las llamadas sanciones unilaterales como instrumento privilegiado de su política exterior y cómo se ha ido extendiendo su aplicación.
Explicó que el método sancionatorio se basa en la imposición de medidas de agresión, de coerción y de presión económica. A modo de ejemplo, señaló Castillo al referirse en específico a Estados Unidos, que ese país emitía –hasta la década pasada– un promedio de 500 sanciones anuales y que desde 2017 ese número alcanza al millar de sanciones por año.
La agresión contra Venezuela
El director del Observatorio Venezolano Antibloqueo expuso que la República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto, desde 2015, de más de 930 medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas, que han impactado la industria petrolera las finanzas públicas, la banca pública y el acceso a bienes esenciales como alimentos y medicinas.
Se refirió a la manera en que esas medidas han causado daños al conjunto de la economía nacional. Dijo que ese impacto puede equipararse –o incluso superar– al que han sufrido muchas naciones que han vivido guerras prolongadas.
Enumeró los sectores económicos que más han acusado el daño de las sanciones, entre ellos la industria petrolera, que en algún momento vio reducida su capacidad de producción en más de 90 %.
“Una caída histórica, que no tiene ninguna relación con el funcionamiento de la empresa petrolera, sino que es producto de embargos petroleros, de sanciones que prohíben el comercio de petróleo con Venezuela”, aseveró.
Asimismo, explicó cómo las comunicaciones aéreas y marítimas, han otro de los objetivos más atacados por esas medidas, “Se ha sancionado 39 buques nacionales, particularmente afectando el comercio petrolero, así como 57 aeronaves”, indicó.
En referencia al sector financiero, recordó que Venezuela tiene actualmente bloqueados en el sistema bancario internacional aproximadamente 22 mil millones de dólares y que 37 organismos públicos y empresas venezolanas tienen bloqueadas 93 cuentas en 29 bancos internacionales y 3 organismos multilaterales.
“Hay casos verdaderamente significativos, como la congelación del oro monetario de Venezuela en el Banco de Inglaterra por un monto superior
a 2 mil millones de dólares y los otros casi 2 mil millones de dólares retenidos en el Novo Banco de Portugal”, destacó Castillo.
Mostró además cómo las sanciones han abarcado múltiples activos venezolanos en el exterior, como refinerías, instalaciones petroleras, edificios dedicados a las relaciones diplomáticas y consulares, entre otros.
Puntualizó que el 82 % de estas medidas han sido dirigidas expresamente contra el Gobierno de Venezuela y el restante 18 % en contra del sector privado. “Eso ha afectado muchos ámbitos económicos, no sólo el sector petrolero y financiero. También actividades de organismos de salud, la banca pública, el sector de la minería, el del transporte e incluso las telecomunicaciones, abarcando servicios de comercio exterior, acceso a internet y proveedores, empresas que brindan servicios tanto al sector público como al sector privado”.
Salir adelante, pese a todo
No obstante la magnitud de la agresión económica, Venezuela ha sabido hacer frente a esta situación y logrado superar, en medida importante, el impacto negativo de las sanciones unilaterales.
A este respecto, el viceministro de Políticas Antibloqueo enfatizó en que, si bien Venezuela tiene perspectivas favorables, “no puede dejar de denunciar y destacar en el plano internacional los terribles impactos sobre su estructura productiva, sobre su derecho al desarrollo y su derecho a una vida y a un comercio libres en el mundo, derechos que asisten a cualquier Estado”.
Destacó que, para alcanzar ese objetivo, el país “requiere el apoyo internacional para revertir las acciones de actores internacionales que pretenden negarle a Venezuela su derecho a desarrollarse, a crecer libremente, a ser una nación soberana”.
Onudi, Agenda 2030 y MCU
El foro “Las medidas coercitivas unilaterales y su impacto en el desarrollo socioeconómico de los Estados” contó con la participación de la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.
En la actividad, representantes de países afectados por la imposición de medidas coercitivas unilaterales denunciaron el daño que estas ocasionan a los pueblos, al limitar su derecho al desarrollo, mermar la calidad de vida de la población e impedir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos por la Agenda 2030 de la ONU.
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial fue establecida por la Asamblea General del organismo mundial en 1966, como entidad encargada de promover y acelerar la industrialización en los países en desarrollo.
