El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, durante su intervención en línea en el foro “Desafíos actuales en la cooperación y la justicia penal internacional”, reiteró que, hasta la fecha, Venezuela ha sido blanco de 1039 medidas coercitivas unilaterales (MCU) desde que comenzara la aplicación de esta política criminal contra el país en el año 2014. Aseveró que tales medidas “sirven de excusa y de arma a organizaciones del crimen transnacional” para agredir a los pueblos.
El también director del Observatorio Venezolano Antibloqueo denunció ante la 34ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal realizado en Viena, que las MCU impuestas por países del norte global constituyen “crímenes internacionales” y son el brazo de organizaciones criminales cuyo objetivo es saquear los activos y recursos de Estados soberanos.
Agradeció la invitación extendida por Bielorrusia par a participar en este debate, lo que le permitió exponer la realidad que vive Venezuela. “La imposición de medidas coercitivas unilaterales (…) conforma una política ilegal y flagrantemente violatoria del derecho internacional”, afirmó el viceministro, citando resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.
Daños de las MCU al sistema de justicia venezolano
Castillo detalló cómo las sanciones redujeron en más de 90 % el ingreso anual de divisas del país a partir de 2017, lo que afectó programas sociales vitales para niños, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, así como servicios públicos esenciales como agua, energía, salud y telecomunicaciones. Señaló que el sistema judicial venezolano no ha escapado a este impacto, que conlleva daños y distorsiones como la reducción presupuestaria, retraso procesal, debilitamiento de la calidad de la justicia y deterioro de la infraestructura judicial, lo que limita el acceso de la población a este derecho fundamental.
El viceministro hizo énfasis en la “asfixia” a las finanzas públicas de Venezuela, la imposibilidad de acceder a mercados financieros y el congelamiento de miles de millones de dólares en la banca internacional, lo que produjo una crisis presupuestaria general en la nación.
Saqueo de activos y otros delitos transnacionales
Castillo reiteró la denuncia de Venezuela respecto de la apropiación de activos soberanos del país, calificándola como un “fenómeno nuevo en las relaciones internacionales”. Mencionó casos emblemáticos como la empresa de refinación Citgo en Estados Unidos y la petroquímica Monómeros en Colombia, paralizadas y bloqueadas por las sanciones.
“Venezuela ha sido despojada de un gigantesco volumen de recursos patrimoniales, incluyendo parte de sus reservas internacionales en oro”, aseveró Castillo. Precisó que 32 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela permanecen congeladas en el Banco de Inglaterra desde 2019. Asimismo, denunció que más de 22 mil millones de dólares propiedad de Venezuela se encuentran ilegalmente congelados en 29 bancos y tres organismos multilaterales.
Fue categórico al señalar que todas las acciones dirigidas a retener, congelar o bloquear recursos patrimoniales soberanos constituyen delitos, y denunció la existencia de una “organización criminal transnacional de nuevo tipo que se oculta detrás de las sanciones unilaterales y que se dedica a saquear los recursos y el patrimonio soberano de los Estados”.
Asimismo, vinculó las medidas coercitivas unilaterales con el impulso de delitos transnacionales como la trata de personas. Explicó cómo la crisis económica inducida por las sanciones ha generado una ola migratoria instrumentalizada y explotada por mafias internacionales, redes de trata, prostitución y bandas criminales. Lamentó que “muchos venezolanos debieron pagar con su vida el contacto con estas estructuras delictivas de explotación laboral, sexual y migratoria”.
Cooperación internacional y respuesta jurídica venezolana
El viceministro también denunció cómo la cooperación internacional se ha visto gravemente afectada, con países que se niegan a compartir información sobre delitos transnacionales y demoran la extradición de personas solicitadas por la justicia venezolana.
Se refirió al caso “completamente distópico” de 252 ciudadanos venezolanos deportados violentamente por Estados Unidos y trasladados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador bajo acusaciones no probadas, violando sus derechos humanos y procesales. Castillo calificó a los funcionarios de ambos países involucrados como “participantes activos de un delito de trata de personas”.
Como réplica a esta “agresión”, Venezuela ha fortalecido su marco normativo legal. El viceministro destacó la aprobación de leyes clave como la Ley Constitucional Antibloqueo (2020), la Ley de Extensión de Dominio (2023), la Ley de Protección de Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Exterior (2023), la Ley de Protección de las Pensiones de laSeguridad Social frente al Bloqueo Imperialista (2024), y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República (2024), esta última en respuesta a un proyecto de ley sancionado por el Congreso de Estados Unidos.
Compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional
Pese a la falta de consenso en el sistema multilateral y la influencia política de los países sancionadores, Venezuela continuará defendiendo la legalidad y la justicia internacional. “Para la República Bolivariana de Venezuela, luchar contra las medidas coercitivas unilaterales y toda forma de agresión unilateral, de coerción y de castigo internacional es un tema de soberanía, es un tema de dignidad, es un tema de justicia”, aseveró el viceministro William Castillo.
