La delegación venezolana ante la 44ª Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), integrada por la embajadora de Venezuela ante dicho organismo, Marilyn Di Lucca; William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, Saúl Osío, viceministro de Economía Comunal, y Johander Pineda, representante de la Comuna Socialista El Maizal, expuso los avances logrados por el país en materia de seguridad alimentaria, pese al impacto de las 1039 medidas coercitivas unilaterales (MCU) que le han sido impuestas.
El foro titulado “Impacto de las Medidas Económicas, Financieras y Comerciales en la Seguridad Alimentaria de los Pueblos” sirvió de plataforma para exponer la realidad venezolana y mostrar la resistencia popular ante las sanciones.
MCU: amenaza a la seguridad alimentaria global
El viceministro y gerente general del Observatorio Venezolano Antibloqueo, William Castillo, destacó que 30 naciones, que agrupan al 28 % de la población mundial y ocupan el 72 % del territorio, se encuentran bajo medidas coercitivas unilaterales.
Señaló Castillo, en este sentido, que Venezuela es de los países más afectados por esta política ilegal y criminal, que acarrea daños en todos los sectores de la vida nacional, particularmente en el acceso a alimentos para la población.
Explicó que las MCU disminuyeron drásticamente el ingreso del país y, con ello, los recursos destinados a la protección social, incluyendo la importación de insumos esenciales como fertilizantes y semillas, lo que afectó la producción alimentaria local.
“Esas medidas, dirigidas contra las finanzas públicas, contra la industria petrolera, redujeron significativamente el ingreso nacional y limitaron drásticamente los recursos dedicados a proteger a la población”.
El viceministro Castillo destacó los esfuerzos de Venezuela en la primera década del siglo XXI, cuando fue reconocida por la FAO por sus políticas de reducción del hambre, pobreza y desigualdad. Durante la presidencia de Hugo Chávez, la pobreza extrema se redujo, de más de 60 %, a menos de 20 % en 10 años. Sin embargo, desde 2014, el país ha enfrentado una feroz agresión económica que ha dificultado la garantía del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria.
Pese a la agresión continua —y tras la pandemia de covid-19—, Venezuela ha conseguido revertir la situación, alcanzando un nivel de abastecimiento de alimentos de 97 % en 2021, superando los niveles de producción de 2014. Tal logro ha sido posible gracias a la articulación con grandes productores nacionales, pequeños campesinos y organizaciones de base.
Estrategias para la recuperación
Castillo disertó sobre las distintas estrategias desarrolladas por Venezuela para enfrentar el bloqueo y garantizar la alimentación del pueblo.
Resaltó la producción de alimentos básicos como arroz, harina de maíz y hortalizas, que se distribuyen a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Este programa, coordinado e 80 % por mujeres, beneficia a 7 millones de familias, contribuyendo a paliar los efectos de las sanciones y asegurando la ingesta calórica y energética.
Otro elemento importante lo representa la economía comunal, pilar fundamental en la estrategia de recuperación. Castillo mencionó el ejemplo de una comuna venezolana que logró exportar café a Italia, demostrando el potencial de las organizaciones sociales y populares. Estas iniciativas, en alianza con empresas privadas, campesinos y cooperativas, y con el apoyo del Gobierno nacional, han permitido dar una respuesta integral, democrática y pacífica a la agresión.
La delegación venezolana afirmó que, “si bien aún persisten dificultades en otros ámbitos, el país ha logrado superar los problemas derivados de la escasez de alimentos, asegurando que su pueblo se alimente mejor, trabaje y viva feliz”.
La denuncia de las medidas coercitivas unilaterales, concluyó el viceministro William Castillo, no pretende socavar el sistema multilateral, sino reforzar la cooperación internacional basada en el respeto, la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y el rechazo al empleo de la fuerza.
