Podría ser difícil, para un reducido grupo, creer en las afectaciones que las sanciones han dejado sobre la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie en Venezuela.
Puede generar dudas que, al hablar de carencias en la salud, se puede observar que sólo 2,2 % de las sanciones estén dirigidas a este sector. Lo mismo sucede con los alimentos, ya que, luego de sufrir una escasez terrible, se observa qué solo 1,4 % de las medidas coercitivas unilaterales apuntan a este ámbito.
El problema se agudiza porque todos los sectores de la vida productiva y económica de la nación están estrechamente ligados a los recursos públicos, y 477 medidas coercitivas unilaterales, que representan el 51,5 % de las sanciones, están dirigidas contra el Estado y el Gobierno, afectando el ingreso y la necesaria inversión productiva.
Como un alto porcentaje de los recursos que llegan al país lo hacen vía exportación petrolera, es bueno saber que 103 medidas, equivalentes al 11,1 % de las sanciones contra el país van dirigidas directamente a afectar a la industria petrolera.
Sobre el sector de las finanzas públicas pesa el 6,1 % de las medidas coercitivas unilaterales, lo que bloquea, inmoviliza y restringe el acceso a los recursos económicos del Estado.
Las 163 medidas contra empresas privadas, 17,6 % de las sanciones, afectan a las vinculadas en sus operaciones con el Estado, lo que termina por dibujar un mapa de asfixia que finaliza recayendo en la población general del país, a quienes realmente se dirigen estas medidas que violan los derechos humanos, tal como lo reconocen las propias Naciones Unidas.
Sobrecumplimiento: otra vuelta de tuerca
A la difícil situación derivada de 928 medidas coercitivas unilaterales, que han hecho perder al país ingresos del orden de 44 mil millones de dólares anuales durante siete años consecutivos, se suma el sobrecumplimiento de las sanciones.
“El sobrecumplimiento ocurre cuando los bancos o empresas dejan de trabajar con una persona, entidad o país sancionado por miedo a que le apliquen sanciones. Los estadounidenses lo describen así: todo aquel que ayude a evadir las sanciones será objeto de sanción”, sostiene el Observatorio Venezolano Antibloqueo en su publicación Los números del bloqueo.
En el caso de Venezuela, asevera el referido organismo en sus investigaciones, la penalidad por “ayudar a Venezuela para evadir las sanciones” puede ser de hasta 1 millón de dólares y hasta 20 años de cárcel.
A partir del decreto Obama en 2015, numerosos bancos internacionales cerraron cuentas y bloquearon pagos desde y hacia el Gobierno de Venezuela. En 2017, estas entidades financieras pasaron a congelar o retener recursos venezolanos. “Muchas empresas cerraron sus operaciones y contratos en áreas como petróleo, transporte, tecnología, salud, energía eléctrica y agua potable”, cita el informe del Observatorio Antibloqueo.
El sobrecumplimiento de las sanciones quedó evidenciado cuando desde Estados Unidos impusieron un sistema de vigilancia a las transacciones financieras de Venezuela, para impedir el pago de alimentos y medicinas. La respuesta del entramado financiero internacional fue excluir del Sistema de Mensajería Interbancaria Mundial (SWIFT, por sus siglas en inglés) todas las operaciones del Gobierno venezolano.
El acecho en números
Hasta la fecha, 928 sanciones contra Venezuela han ocasionado un daño profundo en la economía, la producción, el desarrollo y el bienestar del pueblo, principal víctima de las medidas.
Las 154 entidades venezolanas sancionadas por los Estados Unidos incluyen organismos públicos y empresas privadas.
Un total de 143 compañías penalizadas son del sector petrolero y energético, comercial, transporte y tecnología.
109 empresas son el 70 % de las firmas extranjeras objeto de sanciones por estar relacionadas con Venezuela.
Fuente: Últimas Noticias / Observatorio Venezolano Antibloqueo
