Hace siete años, el 8 de marzo de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, emitió un decreto que califica a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América”.
Lo que entonces parecía como un acto político hostil, una declaratoria absurda, puesto que Venezuela nunca ha sido una amenaza para la primera potencia militar del mundo, pronto se revelaría como el primer paso para la imposición de un implacable régimen de sanciones contra nuestro país.
La orden ejecutiva 13692, popularizada como “decreto Obama”, sentó las bases jurídicas, políticas y administrativas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales (MCU) contra Venezuela. Esta agresión se sumó a las acciones de una guerra multiforme con la que Washington, desde hace más de dos décadas, pretende doblegar la soberanía y autodeterminación de Venezuela.
Inicialmente, las sanciones, que establecieron la posibilidad de congelar activos venezolanos en EE.UU., se dirigieron a funcionarios de alto rango del gobierno venezolano. No obstante, ese régimen inicial podía ser extendido a “toda persona” que el secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, determinara como “responsable o cómplice” de acciones que EE.UU., definiese unilateralmente como “ilícitas”.
Lo trascendente en el caso de la OE 13692 es que esta se convirtió en la columna vertebral para las seis órdenes ejecutivas posteriores, así como para las 502 medidas de sanción, agresión económica, punitivas, extorsivas y de bloqueo contra la economía nacional y el pueblo venezolano.
Primeros ataques
La referida orden ejecutiva fue emitida durante la segunda presidencia de Barack Obama. Desde entonces, se renovó cada tres meses durante la administración de Donald Trump. Dicho decreto exhibe como pretendido basamento jurídico la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”, aprobada por el congreso de Estados Unidos en 2014.
Las medidas que siguieron al decreto Obama, entre éstas seis Órdenes Ejecutivas hasta la fecha, no tienen ningún sustento jurídico internacional y se manifestaron, entonces, en un ataque financiero mediante el incremento artificial del riesgo país -que multiplica exponencialmente el costo de la deuda soberana de Venezuela- y en amplias restricciones financieras sobre operaciones de comercio internacional, que se vinculan con la importación de alimentos, medicinas, materia prima y bienes estratégicos para empresas y servicios públicos.
En 2017, ya bajo el mandato de Donald Trump, el gobierno estadounidense emitió la orden ejecutiva 13808, que prohíbe la compra directa o indirecta de títulos valores (deuda soberana) procedentes del Gobierno de Venezuela y deuda de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). Igualmente, intensificó el boicot financiero y la política de aislamiento de la banca tanto privada como pública y afectó gravemente las operaciones de la industria petrolera nacional. Fue entonces cuando se demostró con claridad el plan para la destrucción de la economía venezolana, iniciado con el decreto Obama.
La medida impidió que el país tuviese acceso a los mercados financieros de EE.UU., al tiempo que marcó el inicio de una fuerte caída de la capacidad importadora de la nación.
Movilización contra el decreto Obama
Una vez emitida la OE 13692, Venezuela inició una campaña nacional para exigir al gobierno estadounidense la derogación de la misma. Se llevó a cabo un proceso de recolección de firmas casa por casa, como parte de la campaña “Obama, deroga el decreto ya“.
Esta iniciativa tuvo objetivo alcanzar 10 millones de firmas en repudio de la orden ejecutiva dictada por el entonces presidente estadounidense. Dicha campaña superó las expectativas, al sumar 13. 447. 652 millones de firmas. En su momento, Venezuela remitió dichas firmas al gobierno de EE. UU, sin obtener respuesta alguna.
Venezuela a siete años del bloqueo criminal
A siete años de la OE 13692, el actual presidente de esa nación, Joe Biden, prorrogó el 3 de marzo pasado la vigencia del llamado decreto Obama hasta 2023.
Sobre Venezuela pesan 502 medidas coercitivas unilaterales, derivadas de esta orden ejecutiva, que se concentran en su mayoría en el sector financiero y en la industria petrolera nacional. Mira aquí el sistema de registro de MCU contra Venezuela.
Pese a ello, Venezuela avanza en la recuperación de sus equilibrios macroeconómicos y en el crecimiento del producto interno bruto, que plantean desde el año 2021 un ambiente de expectativas favorables para su economía.
En línea con la recuperación económica, Venezuela también en 2021 y en los dos meses de 2022 avanzó en la reducción de la inflación, un fenómeno inducido por las sanciones y el bloqueo. Como se ve el gráfico, de acuerdo con criterios técnicos internacionales (Philip Cagan-1956), y tras doce meses consecutivos con índices de precios por debajo de 50 %, Venezuela superó en 2021 el ciclo hiperinflacionario al cual había sido sometida desde 2017 por las sanciones impuestas desde Washington.
A más de un año de la publicación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, Venezuela muestra avances significativos en su economía, lo que sin duda es un logro importante en procura del bienestar de la nación en 2022.
En momentos en que EEUU pide dialogar con Venezuela a raíz de los impactos de la crisis entre Rusia y Ucrania, vuelve a la memoria la OE 13692, como pieza fundamental de una estrategia criminal, cruel e ilegal contra nuestro país, condenada por Naciones Unidas. El decreto Obama pasará a la historia como un momento infeliz de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, y será definitivamente sepultado por el trabajo y el esfuerzo productivo del pueblo venezolano.
