La Secretaría General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aceptó este jueves 25 de abril del 2024 la demanda presentada por Venezuela contra Argentina por graves violaciones de la legislación internacional, que permitieron que el gobierno de los Estados Unidos consumara el robo y posterior desguace de la aeronave de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), legítimamente propiedad del pueblo venezolano.
Esta decisión se adopta luego de que el Gobierno de Venezuela alegara ante el organismo internacional que, desde el 8 de junio de 2022, la República Argentina violó varios artículos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago, firmado en la ciudad estadounidense del mismo nombre en 1944 y vigente desde 1947.
A pesar de que Venezuela mostró pruebas incuestionables sobre la documentación en regla de la tripulación y la carga, así como de los documentos con las características del trayecto, instituciones argentinas maniobraron para mantener secuestrada la aeronave en ese país.
Para justificar esa acción, la justicia argentina alegó que fueron evadidas las sanciones impuestas por Washington a Venezuela e Irán, lo que pone a las claras el móvil político de la medida y su manifiesta ilegalidad.
Una historia de atropello y subordinación
El 6 de junio de 2022, el gobierno argentino retiene la aeronave de carga de la empresa Emtrasur, filial de la aerolínea bandera de Venezuela, Conviasa. Arresta injustamente a la tripulación quitándoles arbitrariamente sus pasaportes, alegando que no llenaban los requisitos para el ingreso legal al país y luego señalándolos de presuntas actividades relacionadas con el terrorismo.
La aeronave venía cumpliendo labores dentro del programa de operaciones humanitarias del Gobierno de Venezuela, además de ofrecer servicios a empresas tanto públicas como privadas de la región.
El 19 de julio de 2022, a poco más de un mes de la retención, la administración de EE. UU. emite una orden de incautación de la aeronave venezolana, basada en supuestas violaciones a las leyes de control de exportaciones de EE.UU.
El 11 de febrero de 2024, EE.UU. ejecuta arbitrariamente la confiscación definitiva, llevando el avión a su territorio en una clara violación de todas las normas que regulan la aeronáutica civil y el libre comercio.
Pocos días después, autoridades estadounidenses procedieron a destruir la aeronave.
Con información de Telesur
