Necesidad estratégica
Hace dos años, el 8 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó por unanimidad el Proyecto de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, presentado por el Ejecutivo Nacional como un instrumento que provee al Poder Público de las herramientas jurídicas para mitigar los efectos de las medidas (sanciones) unilaterales que, contra Venezuela, sean dictadas por otro Estado, grupo de Estados, y entidades públicas o privadas.
A partir del año 2014 cambia la política de agresión a Venezuela, lo que antes era algo velado, ahora se transforma en una política de acoso económico, financiero y comercial, mediante la adopción una nueva legislación que promueve la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. El número de MCU y otras medidas restrictivas o punitivas, en el campo; económico, social, financiero, de salud, alimentación y de producción petrolera por parte de Estados o grupos de Estados a partir del 2015 hasta el 2022 ya se contabilizan en 763.
Por esta razón, se aprueba en 2020, la Ley Antibloqueo la cual responde a una necesidad estratégica de disminuir los efectos negativos de las sanciones y relanzar un modelo económico autosustentable, basado en la economía productiva, tal y como lo ha expresado el mandatario nacional en diversas oportunidades cuando afirma que: “debemos poner el foco en la producción de riquezas para sustentar la mejoría de la economía, la recuperación real y sostenida del ingreso de los trabajadores para seguir invirtiendo”.
#2doAniversario I A 2 años de la aprobación de la #LeyAntibloqueo celebramos el instrumento jurídico fundamental para mitigar y reducir los efectos de las MCU que desde el 2017 afectaron el desarrollo estratégico y productivo de la Nación. @Hectorsilvavzla @planwac pic.twitter.com/g1NxZASa81
— Centro Internacional de Inversión Productiva (@CiipVen) October 8, 2022
Una nueva institucionalidad
La Ley Constitucional Antibloqueo ha permitido crear y fortalecer mecanismos que refuerzan las políticas públicas, tal es el caso del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), que estimula la actividad económica interna y alianzas productivas externas, que buscan favorecer el desarrollo nacional a través de la promoción de inversiones en sectores estratégicos y nuevos actores en actividades comerciales e industriales y, por otro lado, el Observatorio Venezolano Antibloqueo, como órgano científico para la generación de conocimiento pertinente y relevante, a los fines de difundir los temas, datos y efectos nocivos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, de forma pedagógica, en beneficio del conocimiento colectivo y en particular, en provecho del pueblo venezolano.
Esta nueva institucionalidad cuenta con la legitimidad de la ley antibloqueo, como herramienta para que Venezuela pueda continuar avanzando, pese a las sanciones ilegales impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica.
La Ley Antibloqueo es de interés general para la nación. La atención prioritaria es para los programas y proyectos sociales, la protección del patrimonio de la República y el estímulo a la participación del sector privado nacional, los profesionales, universidades y el Poder Popular.
