La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) renovó este 29 de febrero de 2024 la Licencia General (LG) 45B, relacionada con la repatriación de connacionales fuera de Estados Unidos utilizando aeronaves de la compañía venezolana Conviasa.
Esta licencia, que ha sido renovada en dos oportunidades, mantiene las condiciones con las cuales fue expedida(La licencia 45 se emitió el 18 de octubre de 2023, en el marco de los acuerdos de Barbados).
La medida deja sin efecto la lista de 16 aeronaves utilizadas con anterioridad (LG 45A), autorizando únicamente las transacciones para el mantenimiento y reparación de aviones que vayan a ser utilizados en el plan Vuelta a la Patria fuera del territorio estadounidense.
Esta acción de la OFAC se produce tras el secuestro y desmantelamiento del avión de carga de la compañía venezolana Emtrasur, ejecutado por el gobierno de EE. UU. el pasado 28 de febrero, tras haber sido retenido durante 20 meses por el gobierno argentino en abierta violación de todas las normas de la aviación civil internacional.
Robo y vandalismo imperial
La referida aeronave fue utilizada para operaciones humanitarias, traslados de vacunas, equipos y alimentos, para combatir la pandemia de covid-19 en Venezuela e islas del Caribe, así como en el traslado de partes y piezas automotrices para empresas privadas.
El 6 de junio de 2022, el avión de Emtrasur es retenido en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, cuando prestaba servicios a empresas privadas de ese país y de México.
Posteriormente en julio de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en complicidad con las autoridades argentinas, obtuvo una orden judicial para que la aeronave fuera confiscada, alegando un supuesto “traspaso no autorizado” del avión entre Irán y Venezuela.
El 12 de febrero de 2024, las autoridades argentinas ordenan la entrega del avión a EE. UU., que es posteriormente desvalijado en territorio estadounidense.
El irreal “alivio” de las sanciones
La conducta de la OFAC niega lo expresado por los Estados Unidos de Norteamérica respecto de “aliviar las sanciones” y, contrariamente, perjudica a toda la población venezolana en cuanto a su derecho al libre comercio.
El Gobierno bolivariano ha anunciado que intentará todas las acciones jurídicas, diplomáticas y políticas que estén a su alcance para hacer valer sus derechos y salvaguardar los bienes patrimoniales de la nación.
