La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, rechazó por injerencistas las declaraciones emitidas, sobre los ataques a la enjabada, por la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, quien afirmó que en Venezuela existe “violación de los derechos humanos”.
La alta funcionaria venezolana respondió en los siguientes términos: “¡La canciller [Urrejola], como buena empleada de [Almagro], ataca a la Revolución Bolivariana, en lugar de abordar los temas urgentes de la violencia en Chile, su economía y un gobierno que está cayendo rápidamente!”, en referencia a los bajos índices de aprobación de la gestión que lidera el presidente Gabriel Boric.
Las aseveraciones de la diplomática chilena se produjeron durante una conferencia de prensa que ofreció junto a su homólogo español, José Manuel Albares, en Madrid. Allí, la canciller de Chile fijó la posición del gobierno que representa, señalando que este “condena la violación de los derechos humanos en Venezuela”. Pidió, además, la reanudación de las conversaciones entre el gobierno venezolano y el de Estados Unidos, al tiempo que respaldó el petitorio de sectores oposicionistas venezolanos para que se celebren “elecciones democráticas”.
Urrejola, quien se desempeñó como relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia de la OEA entre 2018 y 2021, durante la gestión de Luis Almagro al frente del organismo hemisférico, aseveró que el interés inmediato del presidente Boric es “restablecer el Grupo Internacional de Contacto que se instaló en México”.
Intromisión encubierta
Urrejola no hizo mención al férreo régimen de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. En tal sentido, el embajador venezolano ante el comité de derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant Rosales, criticó recientemente la minimización del impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la situación de derechos humanos en el país.
Aunque el gobierno de Boric no ha respaldado el aislamiento diplomático de Venezuela, la política de Chile con respecto a Venezuela es, en gran medida, indistinguible de la posición de Washington. La administración de Joe Biden, que también considera fraudulenta la reelección de Maduro en 2018, ha mantenido en gran medida la estrategia de “máxima presión” de Donald Trump hacia Venezuela, que incluye un drástico embargo petrolero al país.
Pese al envío de dos delegaciones de alto nivel a Caracas, la Casa Blanca solo ha atenuado ligeramente algunas restricciones a la exportación de petróleo venezolano hacia países europeos.
Señales recientes
Boric cuestionó la decisión de excluir a Maduro de la Cumbre de las Américas, pero el mandatario chileno optó por desatender el llamado a condenar la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Chile, junto con Estados Unidos, Canadá, Alemania, Ucrania y otros países europeos, fue el único país latinoamericano en firmar un comunicado de la llamada Media Freedom Coalition condenando a Venezuela por la supuesta “falta de libertad de prensa”.
La Media Freedom Coalition es un grupo de 52 países formado en julio de 2019 que, supuestamente, defiende la libertad de los medios y la seguridad de los periodistas, aunque parece centrar sus críticas en países que se consideran fuera del área de influencia directa de Washington y Bruselas.
