Un total de 33 países, 70 % de los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, votó positivamente una resolución en Ginebra, en la que se insta a los Estados a que dejen de adoptar, mantener, aplicar o cumplir medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, en particular, medidas con efectos extraterritoriales, que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados y afectan los derechos humanos en todo el mundo.
La resolución presentada por el Grupo de Países No Alineados durante el 52º período de Sesiones del Consejo de DD.HH. destaca en sus considerando la preocupación expresada recurrentemente por la gran mayoría del Estados acerca de los graves impactos que la aplicación de la llamada política de sanciones tiene sobre la población de varios países; así como su carácter ilegal y contrario al derecho internacional público y al derecho al desarrollo, entre otros.
La resolución, que destaca igualmente los terribles efectos del fenómeno llamado “sobrecumplimiento” -cuyo impacto en el sector comercial y financiero es devastador para las economías de los países sancionados- fue rechazada por un grupo de trece naciones encabezado por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Ucrania. México se abstuvo.
La resolución se suma al largo historial de decisiones tanto del Consejo de Derechos Humanos, como de la Asamblea General de la ONU, que rechazan el uso de medidas de presión económica y sanciones unilaterales, instrumentos contrarios a la Carta de Naciones Unidas.
Investigaciones hechas en ese país estiman que solo Estados Unidos, el líder mundial en aplicación de sanciones, ha dictado más de 20.000 medidas coercitivas unilaterales desde el año 2000, de las cuales cerca de la mitad se emitieron a partir del año 2017. Desde 2014, Venezuela se le han impuesto 764 sanciones directas de EE.UU, Reino Unido, la Unión Europea y otros Estados. En total, nuestro país ha sido blanco de 929 sanciones unilaterales y otras medidas de restrictivas y punitivas.
Hoy, 30 naciones del mundo se encuentran son afectadas por las sanciones y otras medidas de coerción y extorsión económica. En esos países vive 28 % de la población mundial y representan 72 % del territorio del planeta.
