
Las políticas imperialistas del gobierno de los Estados Unidos hacia países de América Latina, apuntaladas en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales (MCU), han generado una creciente ola de migración forzada a escala hemisférica.
Irónicamente, la potencia del norte es el destino escogido por decenas de miles de mujeres y hombres latinoamericanos que, con las medidas tomadas hace una semana por el recién estrenado presidente Donald Trump, corren el riesgo de ser deportados en masa y como delincuentes.
El primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo, a través de su cuenta en X, que una de las causas de la migración es la aplicación de bloqueos y sanciones, como en el caso de Venezuela, uno de los países de la región más afectados por estas acciones injerencistas de EE.UU. y sobre el cual pesan 1.027 MCU hasta la fecha.
La aplicación de sanciones impuso al pueblo venezolano una crisis económica que afectó todos los sectores sociales y que ha sido catalogada como una estrategia de guerra que hizo que el producto interno bruto (PIB) cayera en más de 52 % entre 2013 y 2023. Un desplome equivalente a “tres grandes depresiones consecutivas”, según refiere el economista Francisco Rodríguez en un artículo publicado en el periódico y sitio web The Hill.
El evidente impacto migratorio de las sanciones
Entretanto, la Revolución Bolivariana ha denunciado en incontables ocasiones que tales medidas tienen por objetivo principal desestabilizar al país mediante la anulación del Estado nacional, someter a la población y forzar un cambio de gobierno. Asimismo, entidades internacionales y organismos multilaterales han expresado su profunda preocupación y exigido el levantamiento inmediato de las sanciones.
William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, señala que las sanciones estadounidenses han bloqueado el acceso de Venezuela a sus recursos financieros en el sistema internacional, que podrían ser utilizados para atender las necesidades de la población y reactivar la economía. “Detrás de la política sancionatoria hay estructuras criminales y económicas. Venezuela tiene cerca de 30 mil millones de dólares bloqueados, y ciertos grupos se benefician de este dinero robado”, aseveró en una entrevista para el canal multinacional Telesur.
Estas apreciaciones coinciden, incluso, con análisis de organizaciones como la Oficina en Washington para para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, siglas en inglés), que en el año 2023 publicó un informe del economista opositor Luis Oliveros reconociendo la magnitud del impacto de las sanciones en la crisis migratoria que vive la región.