La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, denunció que la aplicación de las sanciones unilaterales afecta de forma directa y sensible los derechos humanos de las poblaciones de los países receptores de tales medidas.
Douhan explicó que el sobrecumplimiento vulnera las garantías fundamentales de quienes viven en los países con medidas coercitivas unilaterales, durante la rendición de un informe en el 54º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En su comparecencia ante el órgano supranacional, la relatora informó que los efectos negativos derivados del cumplimiento excesivo de las sanciones unilaterales por parte de los sectores empresarial y financiero, plantean serios desafíos a la adquisición y entrega de medicamentos, equipos médicos y otros bienes humanitarios, que están exentos de cualquier restricción.
Destacó que “los sistemas de salud de todo el mundo son muy vulnerables a la aplicación de sanciones unilaterales y a los crecientes casos de cumplimiento excesivo y políticas excesivas de reducción de riesgos.”
La experta internacional afirmó que la imposición y aplicación de sanciones unilaterales y políticas de riesgo cero violan numerosos tratados internacionales y obligaciones consuetudinarias de los Estados, incluidas las derivadas de la Carta de las Naciones Unidas y los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como otras normas y convenios internacionales, como los laborales y los relativos a normas de seguridad y salud.
Vulneración de derechos humanos
Douhan destacó, como ejemplo, las afectaciones de los países como Venezuela, Zimbabue, Siria, Irán, Somalia y Yemen, que no pueden administrar las vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque no se las venden.
Precisó que durante el periodo 2016-2018, en Venezuela se dejó de vacunar a unos de 2,6 millones de niños y que, a la fecha, la cobertura de vacunación mediante el mecanismo Covax ronda el 20 %. En Siria, la vacunación infantil cayó de 95 % al 60 % entre 2006 y 2022.
“El uso cada vez mayor de sanciones secundarias, así como sanciones civiles y penales por presunta elusión de regímenes de sanciones, tiene implicaciones muy negativas para los derechos humanos de las personas que viven en países sancionados, incluido su derecho a una atención sanitaria adecuada, adecuada y oportuna”, afirmó Alena Douhan.
La relatora especial cuestionó la eficacia de las exenciones, excepciones y suspensiones humanitarias existentes, debido a la naturaleza compleja y superpuesta de los regímenes de sanciones, los procedimientos de autorización/licencia onerosos y poco claros, las continuas restricciones financieras y el temor a una posible responsabilidad civil o penal por presuntas violaciones de los regímenes sancionatorios.
Con información de Noticias ONU
