
Con una clase magistral a cargo de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, se dio inicio a las actividades de la Quinta Cohorte del Diplomado en Medidas Coercitivas Unilaterales, que en esta ocasión reúne los esfuerzos de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos y del Observatorio Venezolano Antibloqueo.
En su exposición, la vicepresidenta Rodríguez enfatizó que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela están movidas por un claro objetivo geoestratégico: apoderarse de los recursos energéticos del país.
Explicó que el 46 % de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en naciones sancionadas, lo que refleja que la intención de estas políticas es el control de la energía en el planeta, para garantizar la estabilidad energética en Estados Unidos y otros países occidentales.
El ataque al sector de los hidrocarburos
Aseveró Rodríguez que las medidas contra Pdvsa impidieron la repatriación de dividendos, en tanto que la confiscación de activos constituyeron un despojo ilegal que buscó asfixiar económicamente al sector de hidrocarburos nacional.
“Todos nuestros recursos financieros los congelaron en el exterior para repartirse el botín y lo peor, el robo de Citgo Petroleum Corporation. ¡Es el robo del siglo! Cuando le explicamos ese hecho a gobiernos extranjeros, se quedan pasmados y asombrados, pues entienden que lo que hoy le hacen a Venezuela mañana se lo pueden hacer a cualquier otro país”, dijo.
Enumeró el ataque multiforme al sector de los hidrocarburos, que incluye acciones como el bloqueo de la deuda de Pdvsa, sanciones a directivos y empresas petroleras, sanciones a socios aliados estratégicos del sector petrolero nacional, sanciones a buques y personal del transporte marítimo, imposición de costos financieros, comerciales y logísticos indirectos, demandas judiciales, paralización de pagos, cierre de cuentas y congelación y confiscación de recursos de Pdvsa.
Resistencia victoriosa
Rodríguez recordó igualmente episodios como el robo de Citgo en Estados Unidos y la confiscación del oro venezolano por parte del Banco de Inglaterra, calificándolos como actos criminales concebidos y ejecutados por una banda político-delincuencial “que tomó el Parlamento en el año 2015 y pretendió entregar todos los recursos financieros y naturales de Venezuela”.
Afirmó que las medidas coercitivas unilaterales constituyen delitos de lesa humanidad, debido a que ocasionan daños a toda la población. “En Venezuela, las sanciones implicaron una caída de 99 % de los ingresos nacionales, lo que afectó gravemente los programas sociales entre 2014 y 2020”.
Añadió que, pese a las 1039 medidas coercitivas unilaterales dirigidas contra el Estado y la población, el Gobierno y el pueblo venezolanos han sabido enfrentar esta política ilegal y criminal, lo que lo ha llevado a convertirse “en un país experto en vencer las agresiones imperiales ejecutadas mediante estas sanciones”.
La vicepresidenta ejecutiva resaltó el papel de la unión nacional y los sectores productivos en la lucha por garantizar la seguridad alimentaria y elevar el potencial productivo del país. “Hay un solo camino: defender nuestra soberanía”, afirmó, al tiempo que subrayó que el gran objetivo nacional es consolidar la independencia económica pese a los obstáculos impuestos por las MCU.
Para entender y enfrentar las MCU
El Diplomado en Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) representa una iniciativa académica pionera, diseñada a través del Viceministerio de Políticas Antibloqueo y el Observatorio Venezolano Antibloqueo, siendo avalada por la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos (UVH) con el propósito de analizar el impacto político, económico, social y jurídico del bloqueo contra Venezuela, abordando las MCU como una estrategia de guerra global que afecta actualmente a 28 % de la población mundial.
Esta Quinta Cohorte ha sido organizada en conjunto con la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos (UVH). El alcance de este programa de estudio se fortalece con el convenio firmado en noviembre de 2024 con esta casa de estudios, para la formación académica y la investigación sobre las MCU, sumando ahora el estudio de la defensa de nuestros recursos estratégicos como nación.
Entre sus objetivos están analizar y comprender la estructura política, económica y jurídica dentro de la cual se imponen las medidas coercitivas unilaterales en la geopolítica mundial y su impacto en la sociedad venezolana, conocer la trayectoria histórica del impacto político, económico y social de las MCU impuestas por Estados Unidos contra Venezuela. Identificar los parámetros jurídicos bajo los cuales se imponen las MCU, para esclarecer su naturaleza contraria al derecho internacional y la garantía de los derechos humanos, lo mismo que desarrollar investigaciones que permitan el registro y la comprensión de los procesos de resistencia para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela.