El Grupo de Puebla, foro político que congrega a organizaciones políticas y sociales progresistas de América Latina, emitió este miércoles un documento en el que reitera su denuncia del carácter ilegal y destructivo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2014.
En el informe, suscrito por el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia y elaborado por el Laboratorio de Lawfare del organismo, se enumera los graves perjuicios que las 930 sanciones unilaterales han ocasionado al pueblo y a la nación venezolana. El texto destaca cómo Venezuela ha sido hostigada mediante la aplicación de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados, al margen del derecho internacional y utilizando el sistema financiero y los organismos del comercio internacional para impedirle al país ejercer libremente sus relaciones económicas y comerciales.
Destaca el documento el gravísimo impacto que las MCU han tenido en los sectores de alimentación, salud y servicios, producto del bloqueo económico, el aislamiento financiero y el lawfare (instrumentalización de la ley para causar perjuicios a un oponente).
“Por estos motivos, desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) y el Observatorio de Lawfare, hacemos un llamado a la comunidad internacional, en particular a organismos dedicados al estudio del impacto de estas sanciones, como la Relatoría Especial para el estudio de las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales de la Organización de las Naciones Unidas, a contribuir en la visibilización y denuncia del impacto negativo de esta herramienta injerencista en la soberanía de Venezuela y, en concreto, sobre los efectos nefastos que provoca a nivel de derechos civiles, sociales y económicos de toda la población”.
Licencias y control geopolítico
El informe hace referencia a los avances logrados mediante el diálogo entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, factores políticos de la oposición venezolana y la administración estadounidense. En este sentido, destaca como hecho relevante la emisión por parte de Washington de la Licencia general 44, que entró en vigor en octubre de 2023 y que flexibilizó las sanciones sobre el sector petrolero y gasífero venezolano.
Explica como seis meses después, el 17 de abril de 2024, “el gobierno estadounidense, alegando razones políticas (…) no renovó la Licencia 44, lo que, sin duda, tendrá repercusiones en un momento de recuperación económica del país y de un proceso electoral clave para el futuro de Venezuela. Poco después, el gobierno de Joseph Biden declaró que sustituirá las licencias generales por licencias privadas y limitadas, para no romper su relación energética con Venezuela y permitir que Estados Unidos acceda al petróleo venezolano”.
Esta acción, señala el informe, constituye “un intento de mantener desde Washington el tutelaje y control sobre la economía venezolana, usando las licencias como mecanismo de chantaje para alcanzar objetivos políticos y electorales”.
Lea el informe íntegro aquí
