La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) anunció esta semana que desembolsará un paquete de ayuda financiera por 485 millones de dólares para ayuda humanitaria en el continente. De ese total,174 millones de dólares (36 %) será para “apoyar a las personas en Venezuela que necesitan asistencia humanitaria y a aquellos que han huido a otras partes de la región y a las comunidades que los acogen”.
Lo que pareciera que va a ocurrir indefectiblemente es que esos recursos volverán a ser manejados “discrecionalmente”, por las mismas organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que han administrado los fondos que desde 2019 viene desembolsando ese organismo de EE. UU. y que han promovido un verdadero entramado de opacidad, corrupción, derroche y manejos ilícitos.
.@POTUS recently announced $174 million to support people in Venezuela needing humanitarian assistance, as well as those who have fled to other parts of the region and the communities hosting them. This new assistance includes hot meals, food vouchers, and other vital support. pic.twitter.com/mQODR5pzwb
— USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (@USAIDSavesLives) November 6, 2023
Un incontrolado festín de recursos
Las continuas emisiones de fondos hechas por la Usaid a través del espurio “gobierno interino”, bajo denominaciones como “asistencia humanitaria”, “atención a la población y refugiados”, e “intervenciones de protección”, alcanzaron la cifra de 1223 millones de dólares solo durante el período 2020-2021, tal como lo denunció en su oportunidad el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
A finales de ese mismo año, se denunció también que entre 1600 y 2000 personas dentro y fuera de Venezuela, vinculadas con la entelequia del “gobierno interino”, habían dispuesto para su provecho individual de la mayor parte de esas “ayudas”, enriqueciéndose con los fondos de la República, robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales para ponerlos en manos de la banda delincuencial que en su momento dirigió Juan Guaidó.
Sombras nada más
El 5 de enero de 2022, al ratificar su reconocimiento político a la organización delictiva liderada por el autoproclamado Guaidó, la propia administración estadounidense confirmó haber entregado casi dos mil millones de dólares para financiar sus planes en Venezuela, lo que equivale a decir, para costear acciones y generar matrices informativas y opináticas cuyo fin es desacreditar a la nación bolivariana, presentándola como un Estado fallido para, de esa manera, forzar un cambio político que le permita retomar el control sobre los variados e ingentes recursos económicos con que cuenta el país.
La infranqueable opacidad con que han sido administrados esos recursos, destinados en teoría a paliar las necesidades de quienes han abandonado Venezuela, ha sido señalada por organizaciones de veeduría y seguimiento en el propio Estados Unidos. Incluso la misma Usaid reconoció, en julio pasado, en un documento titulado “Procesos mejorados y requerimientos del implementador son necesarios para los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta de USAID con respecto a Venezuela”, haber entregado al menos 507 millones de dólares que fueron manejados por seis naciones y de los cuales el organismo desconoce su paradero.
Las ONG y la industria de las sanciones
La experiencia arroja que las ONG receptoras de ese financiamiento en realidad actúan como buscadoras de renta internacional y se aprovechan de esos métodos de sanciones para obtener recursos para su propio funcionamiento, justificándose en las crisis humanitarias.
Como botón de muestra, baste referir el ejemplo de la ONG denominada Laboratorio de Paz –vinculada con Provea, una de las ONG de mayor perfil mediático en Venezuela–. Laboratorio de Paz presentó a inicios de noviembre el informe titulado “UE: Embargo de armas y sanciones individuales contra violadores de DD. HH. en Venezuela“, en el que solicita al Consejo de la Unión Europea prorrogar las sanciones al país por 12 meses más, hasta noviembre de 2024.
El documento se consigna luego de que el pasado 24 de septiembre, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares pidiera a la Unión Europea levantar las sanciones contra Venezuela, tras la decisión de Estados Unidos de eliminar temporalmente las medidas coercitivas unilaterales contra el petróleo, el gas y el oro.
Vivir de las sanciones
Estas ONG respaldan la política sancionatoria porque, en tanto esta se mantenga, le permite conservar su estatus y asegurar su funcionamiento. Al existir sanciones, allí estarán solicitando “apoyos financieros humanitarios” para atender situaciones en los los países sancionados.
Vistos estos hechos, el sentido común lleva a pensar que esta nueva ayuda para paliar la crisis migratoria venezolana, tendrá el mismo destino que las efectuadas en los últimos cinco años y que sirvieron para enriquecer ilícitamente a estafadores trajeados de políticos y mantener a flote a organizaciones pretendidamente humanitarias, que en realidad encubren inconfesables fines políticos y son movidas fundamentalmente por el afán de lucro.
