La resolución adoptada en la sesión de este 13 de julio por la Asamblea Nacional, que condena la más reciente intromisión del Parlamento Europeo en los asuntos internos de otros países, al aprobar una moción en contra de Venezuela en la que cuestiona las inhabilitaciones de algunos ciudadanos y ciudadanas para el ejercicio de cargos públicos –medida adoptada en el marco de la legislación por las instancias correspondiente es–, fue votada forma unánime por todas y todos los integrantes del cuerpo legislativo venezolano.
En los tres considerandos que anteceden al acuerdo de rechazo, la resolución reitera el sostenido carácter injerencista de los pronunciamientos hechos por el Parlamento Europeo sobre la situación venezolana, denuncia la escalada de agresiones en contra del país y sus instituciones –violando normas elementales del derecho internacional– y señala que tal actitud propicia el desconocimiento del marco institucional venezolano, abonando el terreno para el resurgimiento de expresiones violentas por parte de sectores extremistas.
El documento emitido por el Legislativo venezolano califica de “irrespetuoso, injerencista y colonialista” el pronunciamiento de la instancia europea, señalando que está “al servicio de los más despreciables intereses contrarios a los de nuestra patria”. La resolución condena tal postura afirmando que con ella se busca reforzar “la estrategia de agresión diplomática y multiforme emprendida por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”. En consecuencia, exige al Parlamento Europeo “el cese inmediato de las acciones injerencistas y violatorias de los principios elementales del derecho internacional público en contra de la República Bolivariana de Venezuela”.
Ataque sostenido
La moción aprobada el pasado miércoles en Bruselas por el Parlamento Europeo es el quinto pronunciamiento con el que esa instancia busca contribuir a la narrativa internacional cuyo propósito es presentar a Venezuela como un Estado fallido, con instituciones cooptadas y en el que los derechos políticos a la participación se hallan seriamente vulnerados.
Esas mociones y resoluciones corporativas van en sintonía con las recurrentes posturas de prominentes funcionarios de la Unión Europea, como el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, así como de la presidenta de esa instancia supranacional, Roberta Metsola, lo mismo que de otros funcionarios cuya hostilidad hacia Venezuela es tan insustancial como permanente.
En una palmaria muestra de cinismo y doble discurso, la “Europa unificada” arremete contra el país y sus instituciones mientras guarda un silencio absoluto sobre las medidas y acciones que la UE ha adoptado en contra de Venezuela, y que configuran trasgresiones del derecho internacional y del libre comercio, cuando no desfachatados despojos de recursos financieros y demás activos.
A la fecha, ocho países integrantes de la UE, a los que se suma el Reino Unido de la Gran Bretaña, que abandonó ese bloque geoeconómico a comienzos de 2020, mantienen bloqueados fondos pertenecientes a 29 organismos del Estado venezolano en 11 instituciones financieras de Europa, que alcanzan a un monto de 4 mil 578 millones 690 mil 989 dólares.
Políticos autoinhabilitados
El encargado de presentar la propuesta de resolución en rechazo al injerencismo europeo fue el diputado Rodolfo Sanz, quien afirmó que esos dirigentes políticos “se autoinhabilitaron, algunos por recibir nombramientos de gobiernos extranjeros, lo cual pudiera haber configurado el delito de traición a la patria, otros por manejos irregularidades de fondos públicos en los cargos que ejercieron, y otros por delitos de lesa de humanidad, como promover la quema viva de personas, propiciar bloqueos y solicitar medidas coercitivas unilaterales”.
En respuesta a los señalamientos de la UE sobre el ejercicio de la actividad político-electoral en el país, Sanz les recordó a los eurodiputados que, en Venezuela, desde 1999, se han desarrollado “más de 25 elecciones, todas libres, democráticas y transparentes”, y que estas han contado siempre con acompañamiento internacional, incluidos delegadas y delegados de los países de Europa.
“Y no son elecciones de segundo y tercer grado, como en esos países (…) Este es el país donde mayor cantidad de elecciones libres se han hecho. Los argumentos usados por los eurodiputados son utilizados como una cortina de humo, forma parte de esa política que Europa quiere seguir desarrollando contra Venezuela”, aseveró.
En nombre de la bancada opositora en el Parlamento venezolano, el diputado Juan Carlos Alvarado respaldó la resolución de rechazo, al tiempo que exigió respeto para las instituciones del país. Lea aquí el contenido completo de la Resolución.
