El grupo, que administra miles de millones de dólares en bonos y otros instrumentos de la deuda venezolana y de PDVSA a través de fondos de inversión, fondos de pensión e inversionistas individuales, dijo en un comunicado el pasado 14 de diciembre que apoya la liberación de fondos congelados o bloqueados de Venezuela, y la decisión de gestionarlos a través de los canales de Naciones Unidas con fines de atender problemas sociales en el país. El Comité de Acreedores afirmó igualmente que no tiene la intención de interferir o actuar contra los recursos que se depositen el Fondo creado mediante el acuerdo político firmado en México.
El grupo de inversionistas expresó su disposición ayudar a las partes en las negociaciones y las alentó a concentrarse en encontrar soluciones a los problemas humanitarios y económicos que Venezuela. Dijeron estar comprometidos constructivamente con Venezuela, en la medida en que lo permitan las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea.
El pasado 26 de noviembre en Ciudad de México el Gobierno de Venezuela y la denominada Plataforma Unitaria firmaron el segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano, un instrumento con el que se proponen liberar 3 mil millones de USD, una fracción de los recursos de Venezuela bloqueados en el extranjero, para destinarlos a atender problemas críticos en las áreas de salud, energía eléctrica, educación y alimentación, además de atender situaciones de emergencia causadas por las lluvias en algunas zonas del país.
Cono es conocido Venezuela ha sido blanco en los últimos siete años, de siete Órdenes Ejecutivas y 927 medidas coercitivas unilaterales y sanciones directas e indirectas, impuestas por Estados Unidos y otros países, que han afectado las finanzas públicas, el presupuesto público, el comercio exterior, y han afectado severamente la calidad de vida y los derechos humanos de su población.
Deuda bloqueada
Se estima que el monto de la deuda externa venezolana se ubica en al menos 140 mil millones de USD. La deuda soberana de Venezuela fue bloqueada desde agosto de 2017 por la Orden Ejecutiva Número 13.808 de la administración Trump impidiéndose cualquier proceso de negociación en los mercados financieros internacionales.
Anteriormente, en 2015, con la emisión de la Orden Ejecutiva 13692, se escaló una campaña de agresión económica y persecución financiera contra Venezuela. En 2016 las calificadoras de riesgo se unieron al plan de constricción financiera elevando el Riesgo País a niveles históricos pese a que Venezuela había cumplido regularmente el pago de todos sus compromisos externos. Estos hechos derivaron en un severo deterioro de la cotización de la deuda venezolana en los mercados financieros y un default inducido de la misma.
