La abogada Ana Cristina Bracho, en diálogo con el periodista Óscar Schemel, trasmitido en el programa televisivo Análisis situacional, afirmó que el secuestro del avión venezolano de Emtrasur representa una “advertencia a los gobiernos de izquierda” por parte de Estados Unidos, que se incluye en su empeño de mantener un modelo político hegemónico en el hemisferio.
Al analizar el caso de la aeronave venezolana dentro del actual contexto geopolítico, Bracho explica que las intenciones del secuestro van dirigidas aplicar un “golpe de fuerza”, para medir el grado de cooperación de las naciones con Venezuela y limitar las relaciones de este país con sus pares regionales.
La integrante del grupo de expertos juristas a cuyo cargo está la defensa de Venezuela en este caso, expresó que el secuestro de la aeronave y de sus tripulantes es expresión de lo que significa tener un país bloqueado. Aseguró, asimismo, que las relaciones entre Venezuela y Argentina no están fracturadas, pero sí intervenidas por un tercero que quiere que peleen, en clara referencia a Estados Unidos.
Medidas restrictivas y punitivas
El caso de Emtrasur forma parte de las medidas restrictivas y punitivas, las cuales determinan que ha determinado país se le coarte la capacidad de desplazamiento de sus aviones por el mundo. Bracho señala que “esto da pie a que alguna nave venezolana, incluso las que no estén bloqueadas, aterrice en cualquier país y sea secuestrada”.
Explicó que esa no era la primera vez que el avión cumplía un viaje comercial desde que fue adquirido en 2021. Recordó que, incluso, la aeronave se había utilizado para hacer viajes de carga, y exportación de materiales sensibles, como cargas de insulina y vacunas contra la covid-19, lo que representaba ingresos para el país. También se utilizó para operaciones humanitarias, en casos de tragedias ocurridas en la región.
Violación del derecho internacional
La medida contra Venezuela viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, ya que vulnera la soberanía de Venezuela y contraviene los principios del orden mundial.
Bracho destacó que el tribunal de Argentina dice actuar en el marco de la cooperación internacional. Sin embargo, “para que esto se dé, tiene que haber una evidencia grave de presunta comisión de delito, que además debe estipularse en la Ley argentina; y no es el caso, no se les ha comprobado ningún delito a los miembros la tripulación”.
Ante esa situación, la jurista afirma que “estamos frente a una actuación judicial con forma de derecho, pero sin conformidad para hacerlo. Se está dejando de lado el marco del derecho internacional sobre la aviación, incluso el marco jurídico que rige entre Argentina y Venezuela”.
Aseguró que el Estado venezolano “se va a defender”, y que empleará “todas las vías diplomáticas” para ello.
El inocultable trasfondo político
Bracho considera que la medida también pretende un generar un impacto entre los gobiernos progresistas de la región. “El objetivo es seguir forzando un proceso de cambio en Venezuela. El país lleva desde el 2017 aguantando unas sanciones que buscan cambiar la voluntad política de la mayoría. Esa estrategia ha fracasado”.
Dijo que la lucha contra el bloqueo debe ser permanente y universal, porque las afectaciones son igualmente universales. “Algunos creen que el proceso de bloqueo es solo una advertencia a Venezuela, Irán o Cuba, que limita sus actos de comercio. La verdad es que es una advertencia y una amenaza indirecta para cualquier país”, aseveró.
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