El pasado viernes 18 de octubre, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, participó en el Tercer Encuentro Nacional de Inspectores de Tribunales, en la sede de la Escuela Venezolana de Planificación. La actividad tuvo por objeto exponer ante los funcionarios y las funcionarias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la información más relevante acerca de las medidas coercitivas unilaterales y el debate jurídico sobre la ilegalidad de esta política, con la que se busca infligir penurias y daños a las poblaciones.
Castillo señaló que para imponer las MCU “se ha tenido que torcer el derecho internacional”, lo que genera distorsiones en la justicia. El gerente general del Observatorio Venezolano Antibloqueo aseveró que “el derecho y la justicia tienen una definición diferente sobre las MCU, porque EE. UU. se abrogó la facultad de sancionarnos sin considerar la justicia para nosotros”. Dijo que no es posible que un país dicte leyes que tengan incidencia sobre otro país.
Un decenio de asechanzas y agresiones
Entre los aspectos analizados por el viceministro estuvo el proceso inédito de agresión contra Venezuela iniciado en 2014 por Estados Unidos y sus aliados. Señaló que, durante diez años, el pueblo venezolano ha sufrido persecuciones, amenazas y obstáculos para su derecho al desarrollo económico y social. Apuntó que, hasta septiembre de 2024, Venezuela acumula 947 sanciones divididas entre sanciones unilaterales dirigidas a personas, aeronaves, buques, empresas, entes judiciales, entes financieros y entes gubernamentales, entre otras medidas restrictivas y punitivas.
Explicó Castillo que el mayor ataque sectorial de las MCU ha estado dirigido al sector petrolero. En tal sentido, resaltó que Rusia, Irán, Irak, Libia y Venezuela acumulan 46 % de las reservas de petróleo, siendo estas las naciones más sancionadas. Afirmó que las agresiones al sector energético no son un problema local, sino mundial.
Asimismo, destacó que, en Venezuela, el sector de la minería y el petróleo ha recibido el 17 % de estas sanciones unilaterales. Estas han tenido como blanco principal los activos de Pdvsa, lo que sumado a otras medidas restrictivas y punitivas hacen de Venezuela el quinto país con mayor número de sanciones a escala global. “El saqueo de los activos de Venezuela representa un verdadero negocio para Estados Unidos y sectores de la derecha venezolana”, afirmó. Finalmente, señaló que —a pesar de que Venezuela experimentó una caída del 99 % de sus ingresos en divisas entre 2015 y 2021, lo que generó graves desequilibrios económicos— “el pueblo venezolano se ha mantenido firme, trabajando para construir, con músculo propio, una economía soberana, eficaz y productiva”.
