La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, entregó nueva documentación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que compila pruebas contundentes de la verdad histórica acerca de la Guayana Esequiba como parte de la integridad territorial del país.
El informe, compuesto por 50 volúmenes, busca reforzar la soberanía nacional y desmantelar los fundamentos del laudo arbitral de 1899, considerado por Venezuela como ilegítimo y fraudulento. La vicepresidenta enfatizó que estas pruebas demuestran de manera irrefutable el proceso de despojo territorial que sufrió el país a fines del siglo XIX.
“En nombre de la Comisión Presidencial para la Defensa de la Guayana Esequiba se presentaron 50 volúmenes de este documento, que contiene pruebas más que suficientes sobre la verdad de un pretendido despojo, sobre lo que significó un laudo criminal basado en un tratado forjado, ilegítimo, ilegal para despojar a Venezuela de esa parte de su territorio”, afirmó.
No obstante haber presentado estas pruebas, Venezuela ratifica su posición de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial con Guyana. Esta postura, según la vicepresidenta, no es una renuncia al diálogo ni al derecho, sino una firme convicción de que el único instrumento jurídico válido y vinculante para ambas partes es el Acuerdo de Ginebra de 1966.
“Allí también está más que suficientemente demostrado cómo el Acuerdo de Ginebra, suscrito entre el imperio británico y la República de Venezuela en 1966, y lo que posteriormente sería la República Cooperativa de Guyana, es el único documento legal que existe para regir y para dirimir esta controversia territorial. Intentar forjar una acción ante la CIJ como lo hizo Guyana en el 2018, es más que un despropósito”, añadió.
Apego estricto al derecho internacional
Delcy Rodríguez subrayó que el Acuerdo de Ginebra sigue siendo el único marco legal que rige la controversia limítrofe. El convenio bilateral, nacido en el contexto de los procesos de descolonización, “sepultó para siempre la disputa sobre el laudo arbitral criminal de 1899”. Con ello, transformó una relación injusta e ilegítima, producto del colonialismo, en una ajustada al derecho internacional anticolonialista. Es un reconocimiento expreso de una controversia territorial sin resolver, que solo puede ser atendida a través de la negociación, con resultados aceptables para ambas naciones.
Finalmente, la entrega de este documento, si bien es un acto formal ante una instancia internacional, apunta a reforzar la verdad histórica y la solidez jurídica de la reclamación venezolana, con lo cual se insta a la comunidad internacional a reconocer la validez de su reclamo. La nación seguirá defendiendo su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba, promoviendo el diálogo y la paz como únicas vías legítimas para resolver la disputa.
