La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, denunció la complicidad de Estados Unidos con altos funcionarios de Argentina en el secuestro, despojo y desmantelamiento del avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur).
Rodríguez aseveró en su cuenta en la red social X que “Estados Unidos coloniza la justicia argentina y ejerce control sobre sus autoridades judiciales”. La alta funcionaria asegura que el grupo criminal argentino que perpetró el robó del avión y lo entregó al Departamento de Justicia para que lo despedazaran se encuentra actualmente en territorio estadounidense.
“¡Sabemos quiénes son! Justo ahora están en Carolina del Sur, ‘haciendo un curso’ y subordinándose a los organismos de justicia de EE.UU.”, señaló en su publicación, que acompañó con imágenes que revelan la identidad de los funcionarios del país sudamericano envueltos en esta trama criminal.
Un vulgar robo
Tras 20 meses planificando un acto que infringe todos los convenios de la aviación comercial internacional, el pasado 12 de febrero de 2024 se conoció que el avión Boeing 747-300M, propiedad de Emtrasur, despegó del aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, con destino a Estados Unidos. Con ello, acabó de materializarse una acción criminal iniciada el 8 de junio de 2022, cuando la aeronave fue confiscada por las autoridades argentinas.
A principios de marzo de este año, circularon imágenes que mostraban cómo el avión era desmantelado en un aeropuerto de Florida, lo que marcó el fin de esta trama que pone de relieve el servilismo de algunos gobiernos y la arbitrariedad que define las relaciones internacionales de Washington. Aunque EE.UU. tiene un amplio historial de desafueros contra el resto del mundo, este caso en particular es destacable por el plan inescrupuloso con que se llevó a cabo.
Con el desenlace, queda demostrado que las leyes estadounidenses operan extraterritorialmente como mandatos universales de obligatorio cumplimiento.
Venezuela rechazó con firmeza lo que calificó como el “robo descarado” del Boeing 747-300. A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, el Gobierno bolivariano manifestó su condena del hecho. En el escrito se señala que el despojo del avión se consumó con “la confabulación entre los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y de la República de Argentina”.
Al margen de toda legalidad
La aeronave había sido utilizada para operaciones humanitarias, transporte de alimentos y de vacunas y equipos para combatir la pandemia de covid-19 en Venezuela y en islas del Caribe. También en el traslado de partes y piezas automotrices para compañías privadas.
El 6 de junio de 2022, el avión fue retenido en la capital argentina cuando prestaba servicios a empresas de ese país y de México.
Posteriormente, en julio de ese mismo año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos obtuvo una orden judicial argentina para que la aeronave fuera confiscada, alegando un supuesto “traspaso no autorizado” del avión entre Irán y Venezuela.
El 12 de febrero de 2024, el gobierno de Javier Milei ordenó la entrega del avión a Estados Unidos, donde fue destruido.
Con información de Dossier Venezuela
