El Observatorio Lawfare, organismo latinoamericano que se ocupa del seguimiento y análisis de casos de guerra política encauzados por la vía judicial-mediática, emitió un documento en el que evalúa los impactos perniciosos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela desde el año 2014.
Las sanciones económicas son una de las formas más dañinas del lawfare. Se trata de penalidades impuestas por un Estado a otro para privarlo de relaciones comerciales, monetarias y financieras, con el objetivo de lograr objetivos políticos y geopolíticos por vías distintas a la intervención armada.
El documento afirma que la agresión contra Venezuela mediante las ilegales medidas coercitivas dictadas por Estados Unidos y sus aliados busca alcanzar objetivos de política exterior y control geopolítico, en específico revertir los avances logrados por la Revolución Bolivariana en 25 años y forzar un cambio político en el país.
En tal sentido, la declaración enumera los graves efectos que las 930 medidas coercitivas unilaterales han tenido en áreas como la salud, la alimentación, los servicios básicos, el sector petrolero, la producción industrial y las finanzas.
Se analiza igualmente el conjunto de acciones destinadas al aislamiento comercial de Venezuela, por medio del llamado “sobrecumplimiento”. La extraterritorialidad de las medidas coercitivas implica no solo imponer sanciones contra el Estado objetivo, sino las sanciones secundarias sobre terceros Estados, personas naturales, compañías, oficiales de gobiernos u organizaciones que establezcan relaciones con Venezuela. Destaca la declaración que “el temor que generan las amenazas de ser sancionados maximiza el alcance inicial de las medidas coercitivas, limitando las relaciones y transacciones comerciales de los Estados sancionados”, en este caso Venezuela.
Tutelaje, control y elecciones
Señala el Observatorio Lawfare que el comportamiento de Estados Unidos en cuanto a la pretendida flexibilización de las sanciones, mediante la emisión de licencias, encubre “un intento por mantener desde Washington un tutelaje y control sobre la economía venezolana usando las licencias como un mecanismo de chantaje para alcanzar objetivos políticos y electorales en el país”, en el contexto de los comicios presidenciales que se realizarán este domingo 28 de julio.
Como ejemplo de lo anterior, se cita la activación, en octubre de 2023, de la Licencia 44, que permitía la participación de cualquiera empresa del mundo en el sector petrolero y gasífero venezolano, la cual fue dejada sin efecto en abril de 2024 y sustituida por licencias particulares y limitadas, para no romper la relación energética y permitir que Estados Unidos continúe accediendo al petróleo venezolano.
Arma de guerra no convencional
El Observatorio Lawfare formula en su documento un llamado a la comunidad internacional, en particular a los organismos dedicados al estudio del impacto de estas sanciones, como la Relatoría Especial para el Estudio de las Repercusiones Negativas de las Medidas Coercitivas Unilaterales de la ONU, “a contribuir con la visibilización y denuncia del impacto negativo de esta herramienta injerencista en la soberanía de Venezuela y, en concreto, en los efectos nefastos que provoca a nivel de los derechos civiles, sociales y económicos de la población”.
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