La abogada, investigadora y profesora universitaria Ana Cristina Bracho tuvo a su cargo la segunda sesión de la V Cohorte del Diplomado en Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), que se desarrolla en la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. En su disertación, abordó el complejo debate jurídico internacional en torno a esta política impuesta por naciones del note global, encabezadas por Estados Unidos (EE. UU.).
Bracho destacó que las MCU, a menudo reivindicadas por los países sancionadores como castigos legítimos, constituyen un fenómeno antijurídico que busca “contrabandearse” como apegado a derecho, pero que en realidad socava la juridicidad internacional desde sus cimientos.
La experta clasificó las MCU como una categoría jurídica que se entrelaza con nociones como sanciones, guerra y piratería. Enfatizó la importancia de la precisión terminológica en el derecho, diferenciando claramente entre “derecho”, “sanción” y “derecho internacional”. Asimismo, analizó el contexto histórico de las sanciones, cuyo origen moderno se remonta a los artículos 41 y 42 de la Carta de las Naciones Unidas, señalando cómo el “arma económica es ahora más potente que nunca”, debido a los avances en las comunicaciones y el comercio global.
Vulneración del derecho internacional y consecuencias humanitarias
La profesora Bracho profundizó en los objetivos de las MCU. A este respecto, identificó cuatro propósitos clave: la coerción para modificar comportamientos, la restricción para debilitar capacidades, el infligir sufrimiento para inducir cambios, y la creación de un “efecto lepra”, que limita las relaciones internacionales con las entidades sancionadas.
Un punto crucial de su charla fue la colisión de las MCU con el derecho. Bracho cuestionó su legalidad, legitimidad, proporcionalidad y aplicabilidad. Dijo que estas medidas omiten la legalidad internacional y se rigen por el orden jurídico interno y los valores del país que las impone, priorizándolos sobre las normativas internacionales
Se refirió a extraterritorialidad de las MCU impuestas por Estados Unidos, enmarcadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, que permite al presidente implementar medidas en respuesta a una “emergencia nacional” interpretada de manera amplia. Este esquema interno incluye leyes dictadas por el Congreso, decretos presidenciales y actos ejecutivos que individualizan y presionan a sectores o personas. Subrayó igualmente el grave impacto humanitario de las MCU, citando sus efectos negativos en los derechos humanos, como las interrupciones en el suministro de alimentos, medicinas y servicios de salud, así como el deterioro de los sistemas básicos de salud y educación. Asimismo, mencionó que las sanciones pueden fortalecer a minorías opresoras, fomentar mercados negros y restringir la oposición política, ilustrando sus consecuencias con el ejemplo de Irak en la década de 1990 y la alarmante mortalidad infantil y desnutrición que provocaron.
Estigmatización y migración inducida
La postura de Venezuela, en línea con esta visión, considera las sanciones como crímenes y delitos de lesa humanidad que violan sistemáticamente los derechos humanos y la prohibición del uso de la fuerza contra poblaciones civiles establecida en la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela sostiene que estas medidas han provocado una “migración inducida” y estigmatizado a la nación en los medios hegemónicos.
Ana Cristina Bracho, abogada por la Universidad del Zulia, tiene un grado de maestría en Derecho, Economía y Gestión con finalidad de Investigación, mención Derecho, Especialidad en Derecho Público y Derechos Fundamentales por la Universidad de Caen-Baja Normandía (UCBN), Francia. Como escritora, su producción alcanza más de media docena de libros. En 2019 fue reconocida con el Premio de Periodismo Aníbal Nazoa y en 2023 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Obtuvo también el Premio Nacional de la Juventud Creadora 2020 como mejor escritora.
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