Leyes y órdenes ejecutivas

El Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica aprueba la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela (Ley Pública 113-278), cuyo objetivo primordial es imponer sanciones específicas a personas responsables de supuestas violaciones a los derechos humanos de protestantes anti Gobierno en Venezuela, fortalecer a la sociedad civil del país y otros propósitos.

Declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”. Impone sanciones a funcionarios del área de seguridad y orden público por contener las acciones violentas en Venezuela (guarimbas) en el año 2014.

La Orden Ejecutiva 13692 (Decreto Obama) sienta las bases jurídicas para las posteriores sanciones contra Venezuela.

Dicta medidas contra la industria petrolera nacional iniciando un cerco financiero y jurídico para evitar transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otros tratos en materia de deudas, capital nuevo, pagos de dividendos, compras, directa o indirectamente de Petróleos de Venezuela, S.A. o del Gobierno de Venezuela.

Sanciona la emisión de la criptomoneda Petro, por parte del Gobierno de Venezuela y de cualquier otra moneda o instrumento de economía digital, que pueda ser usada por el país para enfrentar el boqueo a su economía.

Escala las sanciones contra PDVSA y las finanzas públicas al prohibir cualquier operación financiera o jurídica legítima que permita a Venezuela obtener financiamiento internacional, realizar compras o pago de deudas, la venta, transferencia, cesión o hipoteca de activos de Venezuela o cualquier otra operación.

Sanciona e impide las operaciones en el sector oro de la economía venezolana, o en cual otro sector económico, que determine el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El objetivo de la medida es paralizar todos los proyectos de inversiones y asociaciones estratégicas de Venezuela para desarrollar su inmenso potencial minero y restringir aún los ingresos del país.

La OE 13857 es dictada dos días después de la auto proclamación de Juan Guaidó, con el objetivo de adaptar los textos de todas las sanciones (OE) y legitimar el reconocimiento político realizado por EEUU. Se trata de una medida coercitiva unilateral destinada a permitir el asalto sobre Citgo y otros activos de Venezuela en territorio estadounidense y en el mundo.

Donald Trump dicta un bloqueo general sobre los activos de Venezuela en territorio estadounidense. Esta OE permite las medidas de confiscación de CITGO, otros activos financieros y no financieros de Venezuela, incluyendo el asalto a sus sedes diplomáticas, entre otros).

El Congreso de EE.UU aprueba la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo de Venezuela 2019 (Ley Pública 116-94), cuyo objetivo es brindar apoyo al supuesto presidente interino de Venezuela y el reconocimiento de la Asamblea Nacional (2015),  exhortar al Departamento de Estado a invitar a los Gobiernos de América Latina y Europa a implementar MCU.