A tres años de su promulgación y entrada en vigor, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos sigue siendo la base jurídico-normativa que ha hecho posible que la República Bolivariana de Venezuela haya logrado enfrentar, mitigar y revertir los devastadores efectos derivados de la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas y punitivas impuestas a la nación por Estados Unidos y un conjunto de sus países aliados.
En su carácter de Ley Constitucional, este instrumento legal nació con tres fines muy concretos. Son estos, en líneas generales, la garantía de los derechos humanos ante los embates de las sanciones; promover el desarrollo armónico y diversificado de la economía venezolana, con énfasis en la elevación del nivel de vida de la población; y asegurar el derecho de Venezuela a su autodeterminación y soberanía, con estricto apego al orden jurídico internacional y de conformidad con lo que establecen la Constitución y leyes de la República.
Al presentar, el 29 de septiembre de 2020, el proyecto de esta ley a la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Nicolás Maduro aseveró que el objetivo era restablecer el sistema económico nacional, afectado por el despojo de activos del país en el exterior y por las medidas coercitivas redobladas por el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), liderado entonces por Donald Trump.
En esa ocasión, dijo Maduro que se buscaba “fortalecer la actuación del poder del Estado frente a las medidas coercitivas unilaterales”, con miras a superar los obstáculos que pudieran generarse frente a determinadas situaciones que afectaran al patrimonio venezolano o a los actos de despojo o congelación de propiedades.
La Ley Antibloqueo demarca claramente las facultades y procedimientos que son atribuciones del Ejecutivo para alcanzar equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones, que se traduzca en estabilidad y bienestar para el pueblo. Todo ello, a plena conciencia del difícil y complejo escenario que se le plantea al país por la feroz política sancionatoria que se le impuso a su economía.
La transformación del modelo económico
Por la ilegal e incesante agresión económica y financiera que ha enfrentado Venezuela en los últimos nueve años, el país debió dar respuestas en distintos frentes de lucha, desde el político y el diplomático hasta el judicial y el económico.
La meta principal ha sido recuperar la infraestructura pública y la capacidad productiva nacional, mediante la ejecución de planes y programas, muchos de los cuales han estado regidos en el último trienio por la Ley Constitucional Antibloqueo.
El Gobierno bolivariano delineó e instrumentó un programa de estabilización, recuperación y crecimiento, cuyos resultados se vienen reflejando en la mejora de los índices económico-productivo.
Orienta la puesta en práctica de esta ley el objetivo de recuperar el poder y la capacidad económico-financieros del Estado, con la finalidad de distribuir los dividendos y recursos generados por los proyectos enmarcados en la Ley Antibloqueo, los cuales se destinan de forma prioritaria a mantener el modelo social inclusivo vigente en Venezuela
Nuevo entramado institucional
La Ley Constitucional Antibloqueo establece que la totalidad de sus disposiciones “son de orden público e interés nacional”, por lo cual tienen regencia sobre todas las ramas del Poder Público en sus ámbitos local, municipal, estatal y nacional.
Junto con la coordinación y armonización de los diferentes órganos del Estado con incidencia en la esfera socioeconómica, este instrumento legal dio origen a nuevos organismos e instancias, cuya misión es reforzar los mecanismos de políticas públicas requeridos para enfrentar las sanciones unilaterales.
En este ámbito, destaca la creación, por mandato de esta ley, del Centro Internacional de Inversión Productiva, cuya labor principal es estimular la actividad económica interna y alianzas productivas externas, a objeto de favorecer el desarrollo nacional mediante la promoción de inversiones en sectores estratégicos y con la participación de nuevos actores en actividades comerciales e industriales.
Resalta igualmente el trabajo cumplido por el Observatorio Venezolano Antibloqueo, instancia científica y de análisis para la generación de conocimiento sobre las MCU y sus efectos, mediante el abordaje de temas y el suministro de datos y estudios que reflejan los efectos altamente perjudiciales de las MCU sobre los pueblos a los que se les son impuestas.
Posicionamiento internacional
Otra iniciativa surgida de la Ley Antibloqueo es la estrategia Marca País Venezuela, dirigida por el Instituto del mismo nombre, que encauza una política de Estado dirigida a promover los sectores productivos y de servicios. Marca País busca, además, el posicionamiento internacional de Venezuela, dando a conocer al mundo el potencial con que cuenta el país en materia de productos de exportación, posibilidades de inversión en distintos sectores, desarrollo del turismo, entre otros.
Con la Ley Constitucional Antibloqueo, Venezuela ha logrado definir e impulsar, en estos tres años, una política coherente y eficaz para enfrentar una agresión económica externa a la que –con esfuerzo, creatividad, gallardía y constancia– el pueblo de Bolívar vence a diario.
