La firma especializada en servicios de investigación de opinión pública y de mercados Hinterlaces presentó los resultados de su más reciente encuesta nacional, en la que se evidencia el amplio rechazo de la población venezolana hacia las sanciones económicas y financieras impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con el estudio, el 89 % de los venezolanos consultados manifestó su desacuerdo con estas medidas coercitivas, mientras que solo 8 % expresó su apoyo. El 3% restante no emitió una opinión definida.
La encuesta, efectuada a nivel nacional, incluyó 900 entrevistas en distintas regiones del país, lo que garantiza una representatividad estadísticamente significativa. Los resultados reflejan el contundente rechazo de la mayoría de los venezolanos a las sanciones, que impactan directamente en la calidad de vida de toda la población venezolana.
La agresión continuada
El Observatorio Venezolano Antibloqueo ha registrado nuevas medidas coercitivas unilaterales, así como otras medidas restrictivas o punitivas contra la República Bolivariana de Venezuela, expresadas en acciones recientemente ejecutadas por los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador y Canadá. Entre estas, la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la administración de Donald Trump contra los migrantes venezolanos, que ha traído consigo un conjunto de violaciones a los derechos de la población migrante venezolana.
En ese contexto de sanciones y agresiones contra Venezuela se cuentala decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de pactar con Estados Unidos la deportación ilegal a su país de 238 migrantes venezolanos, torturarlos y encerrarlos en una cárcel de máxima seguridad, sin respeto al debido proceso.
Las recientes designaciones (sanciones) impuestas por Canadá a ocho altos funcionarios de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano también forma parte de la reciente ola sancionatoria contra Venezuela.
Igulamente, la orden ejecutiva promulgada por Donald Trump que impone aranceles a los países que compren o comercien hidrocarburos venezolanos, constituye una nueva expresión de la ilegal y criminal política impuesta por Estados Unidos y sus aliados en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
