Con la imposición de nuevas medidas coercitivas unilaterales a 21 ciudadanas y ciudadanos venezolanos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Observatorio Venezolano Antibloqueo registra una actualización de 969 MCU dictadas en contra del Estado venezolano.
El saliente gobierno de Joe Biden sanciona en esta ocasión a ciudadanos y ciudadanas señalándolos de ser “ejecutores de políticas que apoyan actos antidemocráticos” y, en el caso de los funcionarios castrenses y de seguridad, acusándolos de liderar “la represión poselectoral” en Venezuela, por reestablecer el orden público tras los hechos violentos acaecidos luego de los comicios del pasado 28 de julio. Asimismo, son señalados de desconocer los resultados electorales y ordenar la captura ilegal del ex candidato presidencial y prófugo de la justicia Edmundo González Urrutia.
La nueva acción contra Venezuela por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. da continuidad a la ilegal y arbitraria política de Washington de imponer sanciones a las autoridades venezolanas, entre las que se incluyen el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, entre otros representantes de los poderes públicos, con el fin expreso de socavar la operatividad y el normal desenvolvimiento del Estado Venezolano.
Hasta la fecha, el número de ciudadanos sancionados es de 505, de los cuales 181 han recibido estas medidas de las instancias estadounidenses. Igualmente, se ha sancionado a 14 personas extranjeras, por presuntamente infringir la aplicación de las MCU que pesan sobre el país.
La nueva lista incluye vicepresidentes sectoriales, ministros del Gabinete Ejecutivo, a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a dos viceministros y a la presidenta del Instituto Marca País. Entre los ciudadanos sancionados están:
- Ricardo José Menéndez Prieto, vicepresidente de Planificación desde 2014.
- Freddy Alfred Nazaret Ñáñez Contreras, ministro del Poder Popular para la Comunicación y vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo.
- Julio José García Zerpa ministro de Servicios Penitenciarios.
- Aníbal Eduardo Coronado Millán,ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
- América Valentina Pérez Dávila, segunda vicepresidenta de la AN.
- William Alfredo Castillo Bollé, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela desde 2020. Es también gerente general del Observatorio Venezolano Antibloqueo.
- José Rivera Bastardo: viceministro de Servicios para la Defensa del Ministerio de Defensa.
- Daniella Desirée Cabello Contreras, presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela desde septiembre de 2024 y del instituto Marca País.
Además, se incluye a ciudadanos pertenecientes a organismos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Milicia Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Política fracasada e ilegal
Las MCU dictadas contra las funcionarias y funcionarios mencionados están asociadas a la orden ejecutiva 13.692 (Decreto Obama), que restringe las operaciones financieras, la posesión de activos y la movilización internacional (visado) de estas personas. Amenazan, igualmente, a cualquiera que facilite el incumplimiento de las medidas impuestas.
El anuncio de la OFAC extiende la fracasada e ilegal estrategia de presionar mediante “castigos” al Estado venezolano. Una política injerencista, agresiva y criminal emprendida por Washington hace más de una década.
Desde finales de 2014, a la República Bolivariana de Venezuela se le ha impuesto casi mil MCU y otras medidas restrictivas y punitivas, que han afectado severamente la industria petrolera, los distintos sectores productivos tanto públicos como privados y el comercio exterior.
