El Observatorio Venezolano Antibloqueo registra un nuevo aumento de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. La imposición de sanciones ilegales a 16 altos funcionarios de la administración pública anunciada hoy por el gobierno de EE.UU., elevan de 931 a 947 las MCU contra el Estado venezolano.
La administración Biden-Harris, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha incluido en este nuevo listado a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, a la rectora del CNE, Rosalba Pacheco, al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, y al Jefe del Comando Estratégico Operaciones, Domingo Hernández Lares, entre los funcionarios castigados por actuar en defensa de la Constitución y la preservación de la paz en Venezuela.
La actuación de estos 16 funcionarios contribuyó al fracaso de las acciones golpistas llevadas a cabo post 28 de julio que dejaron como saldo 25 personas asesinadas y 192 heridas.
Entre los sancionados se encuentran seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, dos directivos del Poder Electoral, cuatro miembros de Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), dos del Ministerio Público, y uno de Asamblea Nacional y uno del Servicio Bolivariana de Inteligencia (SEBIN).
Las medidas restringen las operaciones financieras, posesión de activos y de movilización internacional (visado) de estos funcionarios y amenazan a cualquiera que facilite la violación de los castigos.
En un comunicado oficial, el secretario de Estado, Anthony Blinden, se felicitó por la decisión y la justificó afirmando se adoptaba por el “debilitamiento de la democracia en Venezuela” y en defensa de la oposición venezolana.
La medida había sido adelantada días atrás por medios internacionales, tras la decisión del TSJ que resolvió constitucionalmente la disputa electoral surgida el 28 de julio, que derivó en un plan de violencia fascista en las calles, de ataques informáticos y de agresiones a la tranquilidad de la población venezolana.
Desde entonces, medios estadounidenses anunciaban que la administración de Biden-Harris estaba elaborando una nueva lista de funcionarios venezolanos para sancionarlos, bajo argumento de que dichos funcionarios estaban perjudicando la democracia venezolana.
Agresión continuada
El anuncio de la OFAC continúa la equivocada, ilegal y fracasada política de presionar mediante “castigos” al Estado venezolano. Una política injerencista, agresiva y criminal practicada por Washington contra Venezuela desde hace ya una década.
Desde finales de 2014, a la República Bolivariana de Venezuela se le han impuesto casi mil Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) y otras medidas restrictivas y punitivas que han afectado severamente la economía del país, la industria petrolera, el comercio exterior e incluso la actividad privada.
Parte de esa política ha sido sancionar a personas, sean funcionarios civiles y militares, o personas relacionadas con el Gobierno venezolano. El propio secretario Blinken reconoce en su comunicado que “casi 2.000 personas han sido identificadas hasta la fecha por el Departamento de Estado como potencialmente sujetas a restricciones de visado” en el caso de Venezuela.
Cabe recordar que entre 2014 y 2024, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han impuesto medidas coercitivas o punitivas a 484 personas, 171 empresas, 69 barcos y 60 aeronaves venezolanas. Venezuela a la fecha es el quinto país en todo el orbe con mayor número de estas ilegales medidas. Además de 163 medidas restrictivas o punitivas impuestas en el sistema financiero internacional que afectan al pueblo venezolano.
