Estados Unidos renovó la Licencia general (LG) Nº5, que impide hasta agosto de este año la negociación en los mercados internacionales de un grupo de Bonos emitidos por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que vencieron en 2020. Esta licencia (Nro 5) fue dictada en 2018, y su objetivo es el de impedir que realicen operaciones con los mismos mientras la licencia esté en vigencia. Esta es la decimoquinta vez que la licencia es renovada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Los Bonos 2020 de Pdvsa, que tienen como respaldo (colateral) acciones de Citgo, han estado en el centro de una polémica debido a que en 2018 el juez del estado de Delaware, Estados Unidos, Leonard Stark decidió que Crystallex -una empresa canadiense del sector oro- se cobrara con activos de Pdvsa (Citgo) una deuda de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a una decisión de un tribunal de arbitraje.
Más adelante, el juez Stark incluyó a otros acreedores de la República y de la propia Citgo y decidió en 2021 subastar la empresa -bloqueada por Donald Trump en 2019 y gerenciada por una Junta Directiva designada por Juan Guaidó- para pagar diversos tipos de deuda. Hasta finales del año pasado, el monto total a cobrar por unos diecinueve acreedores autorizados por Stark superaban los 23 mil millones de dólares.
Algunos analistas económicos y financieros interpretan la renovación de esta licencia como una cierta protección de Citgo, debido a que esta manera se impide que se ejecute la declarada subasta por parte del juez Stark. Otros analistas -como el economista opositor venezolano Francisco Rodríguez- creen que la licencia no protege a Citgo de la subasta.
Dado el carácter ilegal de las medidas coercitivas unilaterales, el Observatorio Venezolano Antibloqueo ha expresado su posición en el sentido de que las licencias no constituyen un “levantamiento de sanciones”, sino que extienden y especifican en el tiempo la forma de aplicar las sanciones impuestas por Estados Unidos, sirviendo como un mecanismo coerción económica y de extorsión política hacia el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Polémica judicial
Los bonos Pdvsa 2020 fueron emitidos por el Gobierno de Venezuela el 6 de octubre de 2016, teniendo como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo. Desde entonces, empresas transnacionales han emprendido un ataque judicial contra la República Bolivariana de Venezuela, alegando compensaciones de pago por deudas. Por ello, han solicitado al Tribunal de Delaware a cargo del juez Leonard Stark, indemnizaciones a través de las acciones de Citgo Petroleum.
El pasado 20 de febrero la Corte de Apelaciones de Nueva York determinó que la ley venezolana es aplicable a los bonos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela, lo cual introdujo un nuevo elemento en el debate público sobre el tema, y dejó en manos de los tribunales federales la decisión de si los bonos deben considerarse inválidos o no. Para realizar la planificada subasta, deberá entonces probarse que los bonos emitidos en 2016 fueron hechos de acuerdo a la ley venezolana.
Citgo, actualmente es la séptima refinería de petróleo más grande de Estados Unidos. Tiene una red de distribución de gasolina que abastece a 4.200 puntos de venta en la mitad este de EE.UU. Genera una ganancia de 2.8 mil millones de USD al año y podría valorarse -según los últimos cálculos- en más 13 mil millones de USD.
Lea aquí la Licencia General 5º
