La Licencia General 40A autoriza ciertas transacciones y actividades relacionadas con la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo a Venezuela.
La Licencia General 39A autoriza ciertas transacciones y actividades relacionadas con el COVID-19 que involucren al Gobierno de Venezuela y determinadas entidades bancarias. Pese a esta licencia, bancos estadounidenses y europeos se han negado a entregar a Venezuela los recursos retenidos para atender la pandemia del COVID a través de agencias ONU.
La Licencia General 8J estable la autorización a ciertas empresas de capital estadounidense, para el actividades administrativas en el país en las que involucren a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emite esta actualización del aviso sobre la supuesta corrupción pública generalizada en Venezuela, emitida el 20 de septiembre de 2017, para alertar a las instituciones financieras sobre la continua corrupción pública generalizada en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro, al que el Gobierno de los Estados Unidos considera ilegítimo.
Emitida por la la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) los avisos son para alertar a las instituciones financieras sobre la supuesta corrupción pública generalizada en Venezuela, indicando cuáles son las señales de alerta financiera para ayudar a identificar y denunciar ante la FinCEN las actividades sospechosas que pudieran ser indicio de aparentes actos de corrupción del Gobierno venezolano.
la Licencia General No. 5H, de fecha 10 de septiembre de 2021, es sustituida y reemplazada en su totalidad por esta Licencia General No. 5I. Autorizan todas las transacciones relacionadas, la provisión de financiamiento y otras transacciones en el Bono de 8.5 por ciento de Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 que estarían prohibidas por la Subsección 1 (a) (iii) de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13835 del 21 de mayo de 2018, modificada por la E.O.
Esta ley, emitida el 15 de julio de 2016, extiende la vigencia de la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela” de 2014 (Ley Pública 113-278), hasta el 31 de diciembre de 2019.
Firmada por el presidente Donald Trump, la Orden Ejecutiva 13884 congela todos los activos del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, ante la supuesta usurpación del poder por parte del presidente Nicolás Maduro, el intentos de “socavar a Juan Guaidó, como presidente interino”, y otras ocasiones, de acuerdo a EE.UU.
Firmada por el presidente Donald Trump, la Orden Ejecutiva 13857 establece, modificar los incisos de cada Decreto Ejecutivo desde el año 2015 donde se utilizó el término “Gobierno de Venezuela” con el fin de adaptarlos al reconocimiento realizado por el Gobierno de Estados Unidos a la auto proclamación de Juan Guaidó como Presidente de Venezuela. Califica al presidente Nicolás Maduro como presidente “ilegítimo” por sus “intentos de socavar al Presidente Interino de Venezuela y la Asamblea Nacional, la única rama “legítima del gobierno”, de acuerdo a EE.UU.
Firmada por el presidente Donald Trump, la Orden Ejecutiva 13835 establece, medidas adicionales que impiden operaciones en el sector oro de la economía venezolana, o en “cualquier otro sector económico”, que determine el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta OE determina la discrecionalidad que se atribuye el Gobierno de EE.UU a sancionar cualquier actividad económica de Venezuela que considere necesario para sus fines.
