La vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, denunció la retención de equipos de microscopía electrónica por parte de la empresa Termo Fisher Científica, bajo el argumento de que debe acatar lo dispuesto en las medidas coercitivas unilaterales (MCU) que el gobierno de Estados Unidos mantiene contra Venezuela.
Las restricciones impuestas al Gobierno venezolano responden a una serie de ordenes ejecutivas que impiden y frenan el comercio exterior del país, incluidas las actividades de científicas y científicos.
“El pueblo de Venezuela ha sufrido múltiples afectaciones por las MCU, perjudicando la educación, la salud, el trabajo. La ciencia no escapa de ello, así como la microscopía electrónica en el país. Aún esperamos respuesta por estos daños”, expresó la también ministra de Ciencia y Tecnología en su cuenta de la red social Twitter.
En una serie de mensajes, la vicepresidenta sectorial compartió el comunicado oficial de la relatora especial de la ONU sobre las repercusiones negativas de las MCU en el disfrute de los derechos humanos, Alena Dothan, emitido en septiembre de 202.En ese documento, solicita al actual secretario de Estado estadounidense, Antony Blinquen, la entrega de equipamiento por parte de Termo Fisher Científica.
Jiménez resaltó que tanto las universidades como los centros de investigación, la salud y la industria nacional enfrentan las consecuencias de las MCU, que disminuyen las capacidades técnicas y de formación en microscopía electrónica y otros conocimientos. “¡Nuestro pueblo merece definir su propio modelo científico!”, enfatizó.
Violación del derecho humano a la salud
La relatora especial de la ONU sobre los Efectos Negativos de las Medidas Coercitivas Unilaterales sobre el Disfrute de los Derechos Humanos, Alena Dothan, ha reiterado su preocupación por la “imposibilidad de obtener las partes de esporas impida el uso continuado de estos microscopios, con efectos perjudiciales sobre los derechos del pueblo venezolano al más alto nivel posible de salud y una serie de otros derechos”.
En el comunicado que emitiera meses atrás, Dothan expresó su preocupación sobre este hecho, catalogándolo como violatorio de normas universales y porque el bloqueo de los envíos de piezas de microscopio electrónico puede afectar directamente el disfrute del pueblo de Venezuela a un derecho humano fundamental como la salud.
#NoAMedidasCoercitivasUnilaterales
El pueblo de Venezuela ha sufrido múltiples afectaciones por las MCU, perjudicando: la Educación, Salud,Trabajo; y la Ciencia no escapa de ello, así como la Microscopía Electrónica en el país.
Aún esperamos respuesta por estos daños! pic.twitter.com/DOqqgnqatU— Gabriela Jiménez (@Gabrielasjr) April 30, 2023
Aseveró que estas medidas coercitivas unilaterales “socavan el funcionamiento de los equipos de diagnósticos que ya están en uso… la capacidad de realizarlos forma parte integral de la salud”.
Esto podría tener consecuencias en el derecho de la vida de las personas en Venezuela “Desde la solicitud hecha por la relatora especial de DD.HH. de la ONU, han pasado seis meses sin respuesta para el país”, señaló la ministra Jiménez. No obstante, reiteró que los venezolanos seguirán recuperando sus capacidades para la investigación y el desarrollo en microscopía electrónica para el bienestar productivo de la nación.
Resistencia y alianzas
En el marco de la acción del Gobierno bolivariano para proteger a los venezolanos de las sanciones, el pasado viernes 28 de abril la ministra para Ciencia y Tecnología se reunió con el presidente de Hitachi Latinoamérica, Miguel Blanco, para establecer una oficina de esa compañía en Venezuela, que contribuya a los avances en el área de la microscopía electrónica.
En esa ocasión, Gabriela Jiménez explicó que Venezuela cuenta con un microscopio “en la sede de la Corporación Venezolana de Guyana (CVG) Sidor, que está nuevo y que no podemos encender, simplemente porque no nos quieren entregar los filamentos”.
Desde 2015 Venezuela ha sido blanco de 930 medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas y punitivas contra su economía por parte de EE.UU., la Unión Europea y otros países, así como por bancos internacionales que han bloqueado más de 20 mil millones de dólares del país.
