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Este 8 de octubre del 2021 se cumple el primer aniversario de la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Aprobada por la Asamblea Nacional constituyente (ANC), la Ley Antibloqueo fue presentada como “una estrategia del Estado para superar y vencer el bloqueo y las sanciones”, en marco de una guerra multidimensional que se ejecuta contra el país desde 2014.
Su objetivo principal es crear un marco normativo especial y temporal, que permita “Mitigar, reducir y contrarrestar” los efectos de las medidas coercitivas unilaterales; una afirmación hecha por el presidente de la República Nicolás Maduro, en la presentación de la ley ante la ANC, el 29 de septiembre del mismo año.
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En su discurso de presentación, el presidente relató como las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump impidieron que PDVSA lograse financiarse en los mercados, mermando su capacidad de inversión y producción, “Entre el 2014 y el 2019 la producción petrolera cayó 66,5%” destacó.
Venezuela siendo duramente afectada por las políticas sancionatorias de Estados Unidos, se vio en la necesidad de crear una respuesta jurídica que enfrentase el bloqueo; un instrumento legal con carácter constitucional que estará vigente mientras tales medidas sigan impuestas a la República.
La Ley Antibloqueo es de interés general para la nación. La atención prioritaria es para los programas y proyectos sociales, la protección del patrimonio de la República y el estímulo a la participación del sector privado nacional, los profesionales, universidades y el Poder Popular.
La Ley Antibloqueo asume el concepto de las medidas coercitivas unilaterales de las Naciones Unidas, definiéndola como “medidas económicas, comerciales u otras medidas adoptadas por un Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales que actúan de manera unilateral para obligar a un cambio de política de otro estado, o para presionar a un individuo, grupos o entidades de los Estados seleccionados para influir e el curso de acción”; ajustándose este instrumento jurídico plenamente al derecho internacional público y derecho al desarrollo.
Durante un año el Gobierno Bolivariano ha trabajado en la creación de entes como el Centro Internacional de Inversión Productiva y el Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales, que se encarguen del registro y seguimiento de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como la evaluación, aprobación y promoción de los proyectos productivos derivados de la aplicación de esta Ley Constitucional.