Este 8 de octubre del 2021 se cumple el primer aniversario de la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Aprobada por la Asamblea Nacional constituyente (ANC), la Ley Antibloqueo fue presentada como “una estrategia del Estado para superar y vencer el bloqueo y las sanciones”, en marco de una guerra multidimensional que se ejecuta contra el país desde 2014.
Su objetivo principal es crear un marco normativo especial y temporal, que permita “Mitigar, reducir y contrarrestar” los efectos de las medidas coercitivas unilaterales; una afirmación hecha por el presidente de la República Nicolás Maduro, en la presentación de la ley ante la ANC, el 29 de septiembre del mismo año.
En su discurso de presentación, el presidente relató como las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump impidieron que PDVSA lograse financiarse en los mercados, mermando su capacidad de inversión y producción, “Entre el 2014 y el 2019 la producción petrolera cayó 66,5%” destacó.
Venezuela siendo duramente afectada por las políticas sancionatorias de Estados Unidos, se vio en la necesidad de crear una respuesta jurídica que enfrentase el bloqueo; un instrumento legal con carácter constitucional que estará vigente mientras tales medidas sigan impuestas a la República.
La Ley Antibloqueo es de interés general para la nación. La atención prioritaria es para los programas y proyectos sociales, la protección del patrimonio de la República y el estímulo a la participación del sector privado nacional, los profesionales, universidades y el Poder Popular.
La Ley Antibloqueo asume el concepto de las medidas coercitivas unilaterales de las Naciones Unidas, definiéndola como “medidas económicas, comerciales u otras medidas adoptadas por un Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales que actúan de manera unilateral para obligar a un cambio de política de otro estado, o para presionar a un individuo, grupos o entidades de los Estados seleccionados para influir e el curso de acción”; ajustándose este instrumento jurídico plenamente al derecho internacional público y derecho al desarrollo.
Durante un año el Gobierno Bolivariano ha trabajado en la creación de entes como el Centro Internacional de Inversión Productiva y el Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales, que se encarguen del registro y seguimiento de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como la evaluación, aprobación y promoción de los proyectos productivos derivados de la aplicación de esta Ley Constitucional.
