La Embajada de la República de Cuba en Venezuela y el Observatorio Venezolano Antibloqueo llevaron a cabo este jueves 24 de octubre, en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), una actividad pública de presentación del informe anual ante la ONU titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, que recoge los pormenores del acecho económico contra la isla caribeña en el último año.
La actividad contó con las intervenciones del ministro consejero de la Embajada de Cuba en Venezuela, Rubén Ramos; del viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, y del presidente del Celarg, Pedro Calzadilla, quien actuó como moderador. Los panelistas expusieron ante funcionarios de organismo públicos, representantes de partidos políticos, medios de prensa e instituciones académicas, los impactos de las medidas coercitivas unilaterales dictadas en contra de la República de Cuba.
El diplomático Rubén Ramos destacó que el bloqueo contra Cuba surge de la aviesa intención del gobierno estadounidense de desestabilizar y derrocar al gobierno de la isla. Ramos examinó aspectos como las consecuencias de la implementación de la Ley Helms-Burton de 1996, las medidas de desinformación aplicadas en contra del Estado cubano, las consecuencias de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo y los impactos multidimensionales del bloqueo económico que ha padecido la isla durante más de seis décadas.
La pretendida “legalidad” del bloqueo
El marco legal del bloqueo contra el pueblo cubano se fundamenta en 6 leyes y 2 regulaciones administrativas. Entre estas sobresale la Ley Helms-Burton, aprobada en el año 1996, de la cual el diplomático cubano destacó la reactivación de su título III, ocurrida en 2019.
“El título III de la Ley Helms-Burton permite a los antiguos dueños de las propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba, la posibilidad de demandar ante los tribunales estadounidenses a aquellas personas naturales o jurídicas que tuvieran contacto o relaciones con dichas propiedades. Por eso, hasta el 31 de mayo de 2024 la reactivación de este título permitió que se introdujeran 44 demandas ante tribunales estadounidenses”, explicó.
Con respecto a la infundada inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, Ramos recordó que, a tan solo dos meses de esta medida, más de 45 bancos de distintas banderas cesaron sus operaciones con la isla caribeña. Asimismo, resaltó que la designación obstaculizó la compra de alimentos, medicinas, combustible y el mantenimiento del sistema energético nacional.
Impactos recientes del bloqueo a la isla
En referencia a los impactos multidimensionales de la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra la República de Cuba, Ramos destacó que, en el ámbito de la salud, actualmente el número de cirugías que se practican solo alcanza cubrir el 65 % de la demanda, debido a lo cual más de 86.000 pacientes se encuentran en espera. Precisó que 9 mil de esas intervenciones corresponden a niñas y niños cubanos.
En cuanto al impacto económico, comercial y financiero producto del bloqueo, el diplomático cubano informó que los ingresos del país sufrieron una caída de más de 3.000 millones dólares con respecto a los del año 2019. Asimismo, acotó que, además de de la disminución de los ingresos, el bloqueo generó un decrecimiento superior al 25 % en la agricultura y la industria manufacturera en el último quinquenio; la restricción de operaciones en 231 empresas, así como de 422 hoteles y el aumento del riesgo país, lo que limitó el acceso de Cuba a créditos internacionales y encareció en más de 20 % las tasas de interés de los escasos créditos concedidos.
Sobre el impacto en el sector energético, Ramos explicó que 13 de las 15 unidades de generación de energía eléctrica de su país presentan averías considerables, lo que en conjunto con el resto de impactos negativos de las sanciones unilaterales proyecta un costo total para la nación de 5.569 millones de dólares en perjuicios, con un promedio de 421 millones de dólares de perdida mensual solo en 2024.
El acoso a Cuba: mucho más que un embargo
El viceministro William Castillo reflexionó sobre la pretensión estadounidense de “suavizar” la imposición de las medidas coercitivas unilaterales al denominarlas “embargo económico”, acción que Washington ha justificado con el falaz argumento de un supuesto tráfico comercial llevado a cabo por la isla caribeña tras la llegada de la Revolución Cubana.
Al respecto, comentó: “Llevamos años leyendo sobre el ‘embargo’ contra Cuba y que Estados Unidos tiene derecho a no querer comerciar con este país. Pero ojalá fuera solo un embargo, porque entonces no hubieran pasado 60 años de penuria resistiendo. Que un país le deje de vender a otro es una cosa, pero que castigue a terceros países para que no envíen mercancías o ciudadanos, para que no envíen remesas, eso es otra cosa”.
Castillo hizo un llamado a los participantes en el foro a que sean divulgadores y defensores de la justa exigencia de Cuba de poner fin al embargo y demás agresiones contra la isla.
Finalmente, el ministro consejero Rubén Ramos enfatizó la responsabilidad del gobierno estadounidense por las penurias a las cuales somete al pueblo cubano. “Solo en la administración de Trump se implementaron 240 acciones de recrudecimiento del bloqueo, dictadas para obstaculizar el acceso a las finanzas, a la participación en el mercado global y para impedir la dotación de insumos y equipos médicos en la isla”, aseveró.
