GIRO SOBREVENIDO
El pasado 30 de diciembre la petrolera Chevron anunció el envío de dos buques a Venezuela, activando los acuerdos firmados recientemente con Pdvsa. En concreto, se trata de un buque para cargar unos 250 mil barriles de crudo destinados al mercado estadounidense y otro tanquero -que será enviado en eneroque exportará solventes para Petropiar, una empresa conjunta de Pdvsa y Chevron que opera bajo la ley venezolana.
Con el envío de estos buques se reinician las actividades de la empresa californiana en Venezuela bajo el paraguas de la licencia Nro 41, que Washington emitió en noviembre, permitiendo ampliar las operaciones -incluyendo la exportación de crudosiempre y cuando este se destine al mercado estadounidense.
Es la primera vez que esto sucede en más de cuatro años. En agosto de 2017, Donald Trump – a través de la Orden Ejecutiva 13808 impuso duras sanciones a Pdvsa, medidas que profundizó en 2019, bloqueando sus activos y estableciendo un embargo total a la producción y comercialización de crudo venezolano.
La guerra en Ucrania, sin embargo, lo cambió todo. La crisis de suministro no afecta solamente a Europa, sino también a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo con casi 20 millones de barriles diarios. En los primeros días de 2023 se ha conocido que la reserva estratégica de EE.UU., se encuentra en su nivel más bajo desde 1990, y que el inventario actual garantiza sólo 19 días de consumo.
Visto el panorama, Washington ha tenido que morderse la lengua y volver la mirada a un país, cuyo Gobierno se ha obsesionado en derrocar y al que ha impuesto directa o indirectamente 927 sanciones y medidas coercitivas en los últimos 8 años, pero que fue un proveedor seguro de energía durante más de un siglo.
La decisión de retomar las relaciones petroleras se adoptó tras la visita de emisarios de Joe Biden al presidente Nicolás Maduro en marzo de 2022, a pocos días de iniciado el conflicto militar en Ucrania.
En el primer Boletín Antibloqueo 2023, revisamos algunas de las medidas coercitivas contra Pdvsa que derrumbaron 87% la producción petrolera entre 2015-2020 y le produjeron al país pérdidas por 232 mil millones de USD.
La pequeña apertura en el muro sancionatorio, producto del acuerdo con Chevron, nos recuerda -paradójicamente- que el bloqueo está intacto, que sigue siendo un crimen económico y de lesa humanidad contra nuestra Patria, y que debemos seguir luchando para derrotarlo.
UNA HISTORIA DE AGRESIÓN
Se debe recordar que la producción petrolera venezolana ha estado sometida a shocks externos, en los que se combinan coyunturas como la caída de precios, disminución de la demanda mundial y, a partir de 2015, las agresiones a la industria energética nacional decretadas por los Estados Unidos de Norteamérica.
Entre los años 2013 y 2016, la producción de petróleo mantuvo un promedio de 2.301.000 barriles diarios, lo que desmonta la tesis de que la producción petrolera venía en declive antes de la imposición de MCU.
La imposición de medidas coercitivas unilaterales (MCU) contra la industria petrolera nacional desde 2017, ha traído consigo efectos devastadores para la industria petrolera, que se extrapolan al resto de las actividades y sectores de la economía nacional en razón de la alta dependencia de la economía interna de la renta petrolera.
Con la emisión de las Órdenes Ejecutivas (13808; 13850; 13857; 13884), que limitan el accionar de la industria y no permiten que el crudo venezolano fuese comercializado internacionalmente, incluso por empresas estadounidenses, la industria petrolera entraba en severas dificultades.
La producción petrolera pasó de 2,3 millones barriles día en abril de 2016, a 339 mil barriles al día a julio de 2020, lo que representa una caída de la producción de 85%
IMPACTOS SOBRE LOS INGRESOS
Siendo Pdvsa el corazón de la economía venezolana, los ataques a la industria se expresaron inmediatamente en serios impactos sobre los ingresos en divisas del Estado, y consecuentemente. Sobre el presupuesto nacional.
En 2015, al momento de aprobarse el Decreto de Obama con el que se inicia el ataque d i r e c t o a n u e s t r o p a í s , V e n e z u e l a p r o d u c í a e n promedio 2,8 millones de barriles diarios. El gráfico de producción revela cómo a partir de las sanciones se produce una caída en picada de la producción producto del bloqueo general y el posterior embargo al petróleo venezolano, junto con las acciones para desestabilizar el mercado petrolero. .
Si bien es cierto, que la precios mundiales cayeron en el período 2015-2017, afectados por la volatilidad del mercado, cuando los precios se recuperaron y los países retomaron sus niveles de producción el único país productor que no pudo hacerlo fue Venezuela, en razón de la agudización de las sanciones. Pdvsa fue afectada particularmente por el bloqueo a su deuda, la confiscación de activos y recursos en el sistema financiero y el embargo comercial a la venta de hidrocarburos.
Para estimar el impacto económico causado al país, calculamos un escenario en el que se mantenía ese nivel de producción en promedio para el período abril de 2015 a octubre de 2022. En este escenario, la pérdida de producción acumulada de Pdvsa sería de alrededor de 3.995 millones de barriles.
Aplicando a este nivel de producción un precio promedio de mercado durante el período, se registra una pérdida de 232 mil millones de USD en el período 2015-2022.
CRONOLOGÍA DE LAS SANCIONES CONTRA PDVSA
Desde el año 2016, la industria petrolera venezolana ha sido blanco de agresiones y ataques por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y otros Estados. La política de sanciones ha limitado el accionar de la empresa, deteriorando su capacidad de inversión y mantenimiento, así como las actividades regulares de extracción, producción y exportación de crudo venezolano. A continuación, se destacan algunas de las más relevantes medidas contra la empresa petrolera nacional:
1 de mayo de 2016. El banco Commerzbank (Alemania) cierra las cuentas mantenidas por varias instituciones, incluyendo bancos públicos venezolanos y la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
1 de agosto de 2016. El banco Novo Banco (Portugal) se niega a realizar operaciones en divisas con bancos venezolanos, alegando presiones ejercidas por bancos estadounidenses, lo cual bloquea pagos de Pdvsa en el exterior.
1 de septiembre de 2016. El Gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7.100 millones de USD en bonos de Pdvsa con el fin de aliviar el cronograma de amortización y refinanciar parcialmente sus obligaciones. Las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidenses emiten informes en los que “alertan” a los inversionistas que Venezuela se encuentra en riesgo de default (impago) y recomiendan no aceptar la propuesta venezolana.
13 de febrero de 2017. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloquea aeronaves pertenecientes a Pdvsa.
1 de agosto de 2017. Por presiones del Departamento del Tesoro la empresa Euroclear encargada de la custodia de una parte de los bonos soberanos de Venezuela, congela operaciones de liquidación de títulos, por un monto de 1.200 millones de USD, alegando razones de “revisión”.
25 de agosto de 2017. Donald Trump dicta la Orden Ejecutiva 13808 que prohíbe la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela y bloquea la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum.
25 de septiembre de 2017. Citgo Petroleum, comienza a confrontar problemas para adquirir crudo para sus refinerías y mantener sus operaciones. Se estima que entre 2015 y 2020, un total 2.500 millones de USD en dividendos generados por Citgo Petroleum, no han podido ser entregados a Venezuela por el bloqueo financiero.
11 de octubre de 2017. La empresa refinadora PBF Energy, quinto mayor importador estadounidense de crudo venezolano, suspende compras directas a Pdvsa.
20 de octubre de 2017. La petrolera estadounidense NuStarEnergy prohíbe a Pdvsa el uso de un terminal de almacenamiento en el Caribe.
22 de diciembre de 2017. Se bloquean pagos de Pdvsa dirigidos a cancelar el servicio de cabotaje en el extranjero para el transporte de combustible, lo que origina escasez en varios estados del país.
29 de diciembre de 2017. Un total de once bonos de la deuda soberana y de la deuda de PDVSA, por valor de 1.241 millones de USD, no pudieron ser cancelados a sus acreedores por obstáculos derivados de las sanciones.
10 de mayo de 2018. La empresa canadiense SNC-Lavalin introduce una demanda contra Pdvsa ante un tribunal de New York, EE.UU., alegando impago de deudas. Es la primera demanda oficial que usa como razón el “default”.
10 de mayo de 2018. La petrolera ConocoPhillips logra orden de Corte Holandesa para confiscar activos de Pdvsa, que lleguen a Bonaire, Curacao o Aruba.
15 de mayo de 2018. La petrolera estadounidense ConocoPhillips anuncia que embargará activos internacionales de Pdvsa argumentando el fallo favorable de un laudo arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional por 2.400 millones de USD
20 de mayo de 2018. La empresa minera canadiense Rusoro presenta una demanda por 1.200 millones de USD sobre activos de Citgo Petroleum y Pdvsa como pago por una decisión de arbitraje a su favor.
21 de mayo de 2018. Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13835, que prohíbe la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas del gobierno de Venezuela; sanciona a veinte empresas del país; y prohíbe todas las transacciones relacionadas con venta, transferencia, cesión u otorgamiento de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la cual el gobierno de Venezuela tenga 50% o más, ubicada en EE.UU.
8 de agosto de 2018. Un juez del estado de Delaware, EE.UU., autoriza a la transnacional minera Crystallex a confiscar activos de Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, y satisfacer así un reclamo respecto a la nacionalización de sus operaciones en el país, ocurrida en 2008. El testigo clave de Crystallex fue José Ignacio Hernández, nombrado poco después por Guaidó como “Procurador Especial” para “proteger los activos de Venezuela”.
25 de septiembre de 2018. El gobierno de EE. UU., basados en la O.E 13692, bloquea una aeronave vinculada a Pdvsa que transportaba a miembros de la directiva de la estatal petrolera.
1 de noviembre de 2018. EE.UU., emite la Orden Ejecutiva 13850 que bloquea e impide las operaciones en el sector oro de la economía venezolana, o en cualquier otro sector económico que determine el Departamento del Tesoro.
9 de enero de 2019. El gobierno de Jamaica anuncia que disolverá un acuerdo suscrito con las autoridades venezolanas que les otorgaba el 49% de participación de las acciones de la petrolera jamaiquina Petrojama PDV Caribe, filial de Pdvsa.
25 de enero 2019. El Gobierno de República Dominicana se une al grupo de países que reconocen la presidencia de Juan Guaidó y le concede la administración del 49% de Refidomsa-PDV.
28 de enero de 2019. De conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) amplía las sanciones a Pdvsa. Como resultado, todos los bienes e intereses de Pdvsa bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, quedan bloqueados y a disposición del Gobierno de Donald Trump.
5 de marzo de 2019. EE.UU., sanciona 34 embarcaciones propiedad de Pdvsa y dicta medidas sancionatorias contra compañías petroleras y buques que trasladan crudo de Venezuela a Cuba, a fin de impedir el comercio de crudo venezolano en el Caribe.
9 de marzo de 2019. Bonaire Petroleum Corporation (Bopec) informa que ya no puede pagar sus deudas porque las sanciones cortaron su acceso al comercio internacional, así como la disponibilidad de efectivo en sus cuentas bancarias. La medida es el último golpe a la red de activos logísticos y de refinación de Pdvsa en el Caribe.
7 de marzo de 2019. La petrolera paraguaya Petropar, solicita a la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la suspensión de la demanda interpuesta por Pdvsa, en 2016, por un monto de 269 millones de USD por incumplimiento de acuerdos, alegando que el gobierno de Paraguay no reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
31 de mayo de 2019. La fiscalía general de El Salvador allanó un total de 26 oficinas de la empresa Alba Petróleos, una subsidiaria de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que enfrenta sanciones por parte de EE.UU.
5 de julio de 2019. Donald Trump, emite la Orden Ejecutiva Nro. 13884, que prohíbe la “transferencia, pago, exportación, retiro o negociación” de todos los activos del Gobierno de Venezuela que se encuentren en territorio estadounidense. La OE 13884 completa el cerco jurídico para la confiscación y toma de control de CITGO, el principal activo de Venezuela en EE.UU.
22 de agosto de 2019. El gobierno salvadoreño expulsa a tres venezolanos que ocupaban “altos cargos ejecutivos” en la empresa Alba Petróleos de El Salvador
26 de noviembre de 2019. Debido al reconocimiento del autoproclamado Juan Guaidó, el Gobierno de El Salvador expulsa a diplomáticos venezolanos. Esto con el fin de apoderarse de la deuda que el país centroamericano mantiene con Pdvsa de 1.250 millones de dólares.
3 de diciembre de 2019. La OFAC bloquea seis nuevos buques propiedad de Pdvsa, con el fin de afectar el comercio internacional de hidrocarburos de Venezuela.
21 de enero de 2020. La OFAC a través de la Orden Ejecutiva 13884, sanciona a una flota de 15 aeronaves pertenecientes a Pdvsa.
18 de febrero de 2020. Estados Unidos sanciona a Rosneft Trading, una unidad del mayor productor de petróleo de la Federación Rusa, Rosneft, por “mantener vínculos con el Gobierno venezolano y Pdvsa”.
12 de marzo de 2020. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU., sanciona a la empresa TNK Trading International por operar en el sector petrolero de la economía venezolana.
18 de mayo de 2020. La Corte Suprema de EE.UU.,niega la petición de dejar sin efecto la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Tercer Circuito de Delaware a favor de la empresa minera canadiense Crystallex International Corp. Aunque la medida no le otorga de forma directa el control de Citgo a Crystallex, la Corte estableció que le permitirá ejecutar las acciones de Pdvsa para garantizar la indemnización que reclama la empresa minera canadiense.
2 de junio de 2020. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU., sanciona a cuatro compañías por operar en el sector petrolero de Venezuela. La OFAC reitera sus amenazas de sanciones secundarias expresando que “aquellos que faciliten dicha actividad arriesgan perder acceso al sistema financiero de EE.UU”.
27 de agosto de 2020. El gobierno de Bonaire le exige a Petróleos de Venezuela, vaciar sus tanques y oleoductos en su terminal Bopec de 10 millones de barriles. Bopec, era una de las varias compañías de Pdvsa en las islas del Caribe.
16 de enero de 2021. Un juzgado de Delaware, encabezado por el juez federal Leonard Stark, determina que, con la venta de las acciones de Citgo, se proceda a indemnizar a Crystallex por la nacionalización de una mina de oro en 2008.
19 de enero de 2021. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) EE.UU., sanciona a tres personas, catorce entidades y seis embarcaciones por supuestamente evadir las ilegales medidas coercitivas unilaterales al sector petrolero de Venezuela.
7 de septiembre de 2021. Venezuela, denuncia la apropiación de manera ilegal por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, propiedad de Pequiven.
20 de septiembre de 2021. Se hacen públicos documentos de la Corte Distrital de Delaware, donde evidencian pagos por un monto de 753.998.726,33 USD por parte de la representación de Juan Guaidó a la petrolera ConocoPhillips.
24 de septiembre de 2021. Se difunde un contrato suscrito por Juan Guaidó con el banco estadounidense JP Morgan Chase para realizar una valoración de los activos de CITGO y consultar sobre posibles negociaciones de acuerdos alternativos con los acreedores de acciones de CITGO Holding.
30 de septiembre de 2021. El Departamento del Tesoro de EE.UU., aprueba un crédito a CITGO Petroleum, solicitado por la junta administradora -designada por Guaidódebido a “problemas de liquidez”. Los fondos fueron obtenidos de los contribuyentes estadounidense. CITGO sustentó la solicitud en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus, conocida como “Ley CARES”.
3 de enero de 2022. La empresa agroindustrial Colombo Venezolana Monómeros, recibe medida de control por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, alegando que la empresa pasa por una supuesta situación crítica que amerita un mayor grado de supervisión.
22 de agosto de 2022. Juez de EE.UU. falla a favor de Conoco Phillips y ordena al gobierno de Venezuela pagar 8.700 millones de USD por presuntas incautaciones de activos.
26 de noviembre de 2022. El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la OFAC, emite la Licencia General 41, la cual autoriza las operaciones y gestiones relacionadas con extracción y exportación de petróleo y productos derivados por parte de Chevron Corporation o sus subsidiarias en Venezuela únicamente para el mercado estadounidense.
PETRÓLEO Y LICENCIAS
Una licencia general es una autorización que se incluye en el Reglamento de Sanciones de Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés) o en el sitio web de la OFAC y permite a personas o entidades realizar actividad prohibidas en Órdenes Ejecutivas dictadas por el Presidente de EE.UU.
La autorización es limitada y está sujeta a determinadas condiciones y ratifica las actividades que se mantienen prohibidas. La emisión de estas licencias da la falsa impresión de flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales dictadas por EE.UU., u otros Estados. En el fondo, la figura de la “licencia” reafirma el régimen ilegal de las sanciones dado que empresas, personas naturales e incluso Gobiernos deben solicitar permiso a EE.UU., para realizar actividades económicas, financieras o comerciales lícitas.
En el caso venezolano, las licencias identifican actividades de las empresas transnacionales en territorio venezolano, particularmente en su relación con Pdvsa y sus subsidiarias y, en específico con Citgo Petroleum.
Hasta la fecha, la OFAC ha emitido 105 licencias generales. De este total, 29 están vigentes, 73 expiraron y 3 han sido revocadas. Existen también otras licencias particulares, que son entregadas de manera directa al solicitante y no son publicadas.
QUÉ AUTORIZA UNA LICENCIA
Las licencias emitidas por la OFAC, que involucran a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), o a cualquier entidad en la que esta posea, directa o indirectamente, una participación mayor o igual al 50%, efectivas al 2019, “autorizan” ciertos tipos de actividades.
En los últimos años, EE.UU., ha justificado la emisión de licencias para garantizar ciertos objetivos de empresas estadounidenses, por ejemplo:
Garantizar la seguridad del personal, o la integridad de dichas actividades y activos en Venezuela.
Realización de actos administrativos como asambleas de accionistas o reuniones de junta directiva.
Realización de pagos a terceros por operaciones y actividades no contingentes.
Pago de tributos locales y compra de servicios públicos en Venezuela.
Pago de salarios a empleados y contratistas en Venezuela.
De igual forma, las licencias abarcan las operaciones que están excluidas de dichas autorizaciones; es decir, que están fuera de la cobertura de las licencias. Entre estas se cuentan la perforación, procesamiento, compra o venta, transporte o envío de cualquier tipo de petróleo venezolano o productos derivados del petróleo.
En resumen, hasta la Licencia General Nro 41 de noviembre 2022, las licencias emitidas por la OFAC a las empresas Chevron Corporation; Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC, Weatherford International y Public Limited Company, no las autorizaban a efectuar operaciones esenciales como la producción, exportación, reexportación, o comercialización de hidrocarburos venezolanos.
LA LICENCIA GENERAL NRO 41
Desde hace tiempo, la petrolera Chevron ha intentado ante la OFAC la obtención de una licencia más amplia que le permitiese reactivar sus operaciones en Venezuela, habiendo logrado permanecer en el país pero sólo autorizada para operaciones no contingentes.
En tal sentido, la licencia general N.º 41, emitida el 26 de noviembre de 2022, autoriza las operaciones y gestiones por parte de Chevron Corporation o sus subsidiarias (colectivamente, las “Chevron JV”) que involucran a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en áreas y actividades prohibidas por las órdenes ejecutivas (E.O.) 13850, 13857, o 13884.
Qué actividades autoriza la licencia 41:
1. Producción y extracción de petróleo o sus derivados, producidos por Chevron, así como cualquier mantenimiento o reparación relacionado con Chevron o sus subsidiarias.
2. Venta, exportación o importación a EE.UU., de petróleo o productos derivados del petróleo producidos siempre que el comprador del petróleo y los productos derivados sea EE. UU. (Chevron Corporation).
3. Compra e importación a Venezuela de bienes o insumos relacionados con producción y extracción de petróleo y garantía del personal o la integridad de sus operaciones.
Nota del Punto 3: la licencia prohíbe la participación de Chevron Corporation y JV de Chevron en cualquier transacción o trato o relacionados con bienes o servicios de origen iraní, incluida la compra o importación de diluyentes, condensados, petróleo o gas natural.
Qué actividades prohíbe la licencia 41:
1. El pago de cualquier impuesto o regalía al Gobierno de Venezuela. Se trata de un simple formalismo para justificar que no se entregan recursos al Gobierno de Venezuela. Chevron no cancela estos impuestos ni regalías, lo hacen sus filiales en el país.
2. El pago de cualquier dividendo, incluido un dividendo en especie, a Pdvsa o a cualquier entidad de Pdvsa. Igualmente este pago lo realizarían sus empresas filiales en el país.
3. La exportación o venta de petróleo o sus derivados por parte de JV de Chevron, a cualquier otro destino que no sea Estados Unidos.
4. Transacciones que involucren entidades o empresas que sean parte de la Federación de Rusia.
5. Cualquier expansión Chevron o sus subsidiarias a nuevos campos en Venezuela, más allá de lo que estaba en vigor el 28 de enero de 2019.
6. Se mantiene la prohibición de realizar transacciones con personas sancionadas.
Nota: esta licencia se renueva automáticamente y es válida durante seis meses.
Efectos inmediatos
Producción: Permitirá elevar los niveles de producción de petróleo que se mantiene a octubre de 2022 en promedio en 724.000 barriles día (Chevron puede aportar en el corto plazo 50 mil b/d y en el largo hasta un promedio de 200 mil barriles día).
Importación: La licencia otorga permisos a Chevron para la importación de diluyentes, gas natural y condensados, que permitirán la mejora del crudo producido en la faja Petrolífera del Orinoco (Merey) y elevaría los niveles de producción.
Inversión: Inyección de capital al país a través de la inversión a sus filiales, para la reactivación de todas sus actividades, lo que se traduce en divisas que entraran al mercado nacional (mecanismos oficiales).
Comercialización: En el corto plazo, el crudo dejará de venderse a descuento y se evitarían costosos pagos de flete por el factor riesgo de operar al margen del bloqueo.
Conclusiones
La emisión de la licencia general N.º 41, que involucra directamente a la empresa petrolera Chevron y sus filiales en el país, fortalecerá las oportunidades de negocio para Pdvsa, aumentando su capacidad de producción, al igual que el comercio y suministro de sus filiales. Tras el arribo en enero a costas venezolanas de un primer buque de la petrolera estadounidense para cargar crudo venezolano con destino a los EE. UU., se prevé en febrero la llegada de un segundo buque que traerá diluyentes necesarios para mejorar el crudo que se produce en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Pese a este buena noticia, las sanciones contra Pdvsa se mantienen y, a comienzos de 2023, no hay señales de que exista el propósito en la administración estadounidense de avanzar en su levantamiento, como ha exigido Venezuela. La lucha contra el bloqueo continúa.
El Observatorio Venezolano Antibloqueo es una institución creada por la Ley Constitucional Antibloqueo dedicada a la investigación, sistematización y difusión del proceso de imposición de medidas coercitivas unilaterales contra el Estado y el pueblo venezolano, los procesos de resistencia y las políticas antibloqueo de la República Bolivariana de Venezuela. Conoce más en:
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