El Observatorio Venezolano Antibloqueo emitió un informe este 5 de septiembre en el que se registra el aumento de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela a 931. Este hecho a producirse la incautación ilegal del avión Dassault Falcon 900EX número T7-ESPRT. La medida de agresión fue adoptada por el gobierno de Estados Unidos el pasado 2 de septiembre, en complicidad con el gobierno de Luis Abinader.
Ante esta acción de piratería del siglo XXI, Venezuela, en un comunicado emitido por la Cancillería, expresó su rechazo ante este robo calificándolo de “practica criminal y reincidente de los EE.UU.” Destaca el documento que esta medida, violatoria de todo el derecho internacional, se ampara en la imposición de sanciones unilaterales dictadas ilegalmente contra el país.
El informe refleja la posición del Observatorio Venezolano Antibloqueo y registra la incautación ilegal de la aeronave en los siguientes términos:
Mediatización del caso
Este caso está siendo utilizado por los medios de comunicación para crear un clímax de desinformación acerca de la aeronave, resaltando en los titulares que el avión capturado es del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, ante estas declaraciones el Gobierno venezolano ha reiterado que este avión solo prestaba servicio al mandatario, mas no ha confirmado que sea propiedad del Estado.
Según el Observatorio Venezolano Antibloqueo, “el mensaje político parece estar claro: se busca nuevamente atemorizar al sector aeronáutico para que evite mantener relaciones comerciales con Venezuela, aun si estas no involucran directamente al presidente o a funcionarios de su gobierno. Este efecto es lo que la relatora de la ONU, sobre MCU Alena Douhan, ha calificado como el sobrecumplimiento o “exceso de cumplimiento de una sanción”. Al afectar operaciones y activos privados se busca generar el clásico temor de “exposición al riesgo”, para bloquear indirectamente operaciones comerciales normales con Venezuela.”
Cronología del despojo
El informe registra la cronología sobre las sanciones al sector aeronáutico de Venezuela a partir de 2013. Asimismo, especifica los detalles del caso Emtrasur, un avión que pertenecía a Venezuela y prestaba operaciones comerciales entre empresas de México y Argentina, que fue retenido en este país bajo acusaciones de “supuestas actividades ilegales”, para luego ser trasladado a los EE.UU. donde fue destruido.
Una vez más se pone en manifiesto la política de “corsarios con ayuda” que lleva adelante la administración Biden-Harris con países de la región, para lograr el cambio de régimen en Venezuela.
Para conocer más sobre este caso descargue el informe aquí.
