Con la denominada Licencia 58, emitida el pasado 5 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU,), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autorizó la prestación de algunos servicios al Gobierno venezolano “como parte de las negociaciones de una posible reestructuración de una deuda soberana de la nación”.
La medida permite que la República Bolivariana de Venezuela pueda proceder a “la contratación de intermediarios del mercado para trabajar eventualmente en estos procesos”, publicó en su cuenta de X el viceministro para Políticas Antibloqueo y gerente general del Observatorio Venezolano Antibloqueo, William Castillo.
En concreto, la referida licencia desbloquea las transacciones ordinarias y requeridas para que el Estado venezolano reciba servicios de consultoría, asesoría financiera y representación legal. El proceso incluye directamente al Gobierno y sus dependencias, al igual que a Pdvsa y filiales en las que la petrolera estatal posea el 50 % o más de la participación accionaria.
Alcances de la Licencia 58
El documento de la OFAC señala que el alcance de la medida se circunscribe a servicios de asesoría, estructuración y debida diligencia vinculados con los procesos de reestructuración contingentes, sin autorizar la liquidación, transferencia o ejecución de obligaciones de deuda propiamente dichas, las cuales permanecen sujetas a las prohibiciones de la Orden Ejecutiva 13808, dictada durante la primera Administración Trump, el 29 de agosto de 2017.
En específico, la Licencia 58 mantiene las siguientes restricciones:
Negociaciones directas: no se permite aún el canje, transferencia o liquidación de deuda con los acreedores.
Pagos no convencionales: quedan prohibidos los pagos mediante intercambio de deuda, en oro o en criptomonedas (incluyendo al Petro).
Ejecución de sentencias: no se permite la firma de acuerdos de liquidación ni el embargo de bienes bloqueados bajo las sanciones actuales.
Actores restringidos: la licencia excluye cualquier transacción que involucre a personas o entidades de la Federación de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o la República Popular de China.
Licencias no derogan sanciones
El viceministro Castillo aclaró que las licencias extendidas por Estados Unidos después del 3 de enero “no suponen en modo alguno el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Son el instrumento para administrar las sanciones. Son un alivio, no el fin del dolor. Venezuela tiene derecho a vivir libre de sanciones”, afirmó.
Luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y EE.UU., Washington ha flexibilizado parcialmente algunas medidas, mediante la aprobación de más de 10 licencias enfocadas en las áreas energética, minera y financiera que, no obstante, dejan intacta la arquitectura sancionatoria mantenida durante más de un decenio y que ha producido graves daños a la economía y la población venezolana.
Reinserción internacional y lucha antibloqueo
La emisión de la Licencia 58 se produce a tres semanas de que Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaran el restablecimiento de sus relaciones, congeladas desde hace siete años, y un día después de que el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, fuera designado como gobernador de su país ante ese organismo financiero mundial.
Entretanto, Venezuela continúa desarrollando su estrategia de acción, cuyo objetivo no es adaptarse a una flexibilización tutelada, sino el levantamiento absoluto e incondicional de las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales que le han sido impuestas de forma ilegítima, violando normas fundamentales del derecho internacional.
