La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acompañada por el canciller Yván Gil y por diplomáticos de los países integrantes del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, encabezó un acto conmemorativo del Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), que se celebró en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana.
En su intervención. Rodríguez denunció que las medidas coercitivas unilaterales constituyen una práctica ilegal y criminal “similar a la guerra convencional, que convierte a los pueblos de las naciones del Sur global en blancos de una guerra económica, financiera, jurídica y logística.”
Dijo que estas acciones violan el derecho internacional y afectan gravemente el derecho al desarrollo y la prosperidad económica.
Asimismo, reiteró que el objetivo de las sanciones es forzar cambios de régimen y doblegar a instituciones soberanas, para alinearlos a intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos y sus países aliados.
La soberanía no se negocia
La vicepresidenta enfatizó que Venezuela no acepta las sanciones unilaterales, ya que ello significaría validar una jurisdicción extraterritorial que vulneraría la soberanía venezolana.
“Las MCU son un chantaje político y de agresión contra países y gobiernos que no siguen los mandatos hegemónicos”, afirmó Delcy Rodríguez.
Resaltó que Venezuela está amenazada debido a su política soberana y por ser un pueblo que ejerce su derecho legítimo a la autodeterminación.
Finalizó con un llamado a la comunidad internacional a rechazar estas medidas, que no son reconocidas por la ONU y buscan justificar la injerencia en los asuntos internos e infligir graves daños a las naciones.
Una fecha para la denuncia
En junio pasado, con una abrumadora mayoría de votos favorables, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó establecer el 4 de diciembre de cada año como Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales. El objetivo es reforzar la permanente denuncia de estas acciones contrarias al derecho internacional, hoy impuestas a 31 países que representan más del 30 % de la población mundial, vulnerando derechos fundamentales de su población como el derecho a la salud, a la educación, la paz y el bienestar económico.
