El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela consignó, por intermedio de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, un nuevo informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos de la población venezolana.
Esta acción forma parte de la denuncia presentada contra Estados Unidos por las agresiones de que ha hecho objeto a Venezuela durante más de una década, catalogables como crímenes de lesa humanidad.
La presentación del nuevo estudio busca actualizar y fortalecer los fundamentos de la remisión que Venezuela presentara en febrero del año 2020. En esa oportunidad, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, dijo que el documento serviría para continuar la investigación sobre las sanciones, que tienen como blanco principal a la población civil y que ocasionan muertes, enfermedades y obstaculizan el derecho humano a la alimentación.
El documento recién presentado incluye el informe de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el país. Dicho informe concluye que las sanciones “han tenido efectos devastadores” en la vida de la población venezolana. Douhan señaló que las restricciones financieras han exacerbado las calamidades en el país e hicieron que Venezuela llegara a percibir menos de 1 % del ingreso que tenía antes de la aplicación de las sanciones.
Destrucción e iniquidad
El Gobierno venezolano reitera que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y otros países han generado graves afectaciones humanitarias.
Entre estas se incluyen el aumento de la mortalidad infantil y de adultos, el incremento de enfermedades, la reducción de la ingesta calórica y la afectación de servicios públicos esenciales como agua potable y electricidad.
Venezuela acusa nuevamente a Estados Unidos ante la CPI de utilizar las sanciones como instrumento de coacción política y económica, con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y forzar un cambio del sistema político en el país.
Con información de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República
