Con la imposición de medidas coercitivas unilaterales a 15 ciuidadanos y ciudadas venezolanas por parte del Consejo de la Unión Europea (UE) y las 8 nuevas sanciones impuestas por la moribunda administración estadounidense de Joe Biden, el Observatorio Venezolano Antibloqueo registra una actualización de 998 medidas sancionatorias, restrictivas o punitivas dictadas en contra del Estado venezolano.
En una nueva muestra de injerencismo, desconocimiento de la legalidad e institucionalidad del Estado venezolano, y de la agresión a la soberanía nacional, expresada en la juramentación del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional para el período presidencial 2025-2030, el bloque europeo y el decadente hegemón del norte, dictaron conjunto de sanciones contra un grupo de altos funcionarios y funcionarias de los poderes públicos y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Con estas decisiones, violatorias del Derecho Internacional, EE.UU y la Unión Europea, extienden la criminal y fracasada política de sanciones que buscan disminuir la identidad y la funcionalidad del Estado venezolano.
La instancia europea incluyó entre sus sancionados a las siguientes personas: Caryslia Rodríguez (presidenta del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ), Fanny Márquez (vicepresidenta de la Sala Electoral del TSJ), Inocencio Figueroa (magistrado de la Sala Constitucional del TSJ), Malaquías Gil (presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ), Antonio Meneses Rodríguez (secretario general del Consejo Nacional Electoral-CNE), Carlos Quintero (vicepresidente del CNE), Conrado Pérez (rector principal del CNE), Rosalba Gil (rectora principal del CNE), Luis Dueñez (fiscal del Ministerio Público), Edward Briceño (juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia), Alexis Rodríguez (director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional-Sebin), Miguel Muñoz (director adjunto del Sebin), Elio Estrada (Comandante de la GNB), Asdrúbal Brito (director del Departamento de Investigaciones Penales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar-DGCIM) y Domingo Hernández Lárez (comandante estratégico operacional de la FANB).
A partir de 2014, le han sido impuestas a la República Bolivariana de Venezuela casi un millar de MCU y otras medidas restrictivas y punitivas, que han afectado severamente la industria petrolera, los distintos sectores productivos tanto públicos como privados y el comercio exterior, así como áreas vitales para la población como la salud y el acceso a la alimentación.
Tras el fin de la pandemia, y mediante la aplicación de un programa económico de recuperación, Venezuela ha empezado a superar los severos impactos de las MCU. 2024 cerró como el cuarto año consecutivo de crecimiento económico de la economía venezolana con 8%, el más alto en la región.
Agresión concertada
También como retaliación por haberse cumplido el mandato constitucional en Venezuela, el Departamento de Justicia de EE.UU., elevó de 15 millones a 25 millones de dólares la recompensa por informaciones que lleven a la detención del presidente legítimo de la nación, Nicolás Maduro. Ofrece la misma cantidad por apresar al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. El gobierno estadounidense incluyó también una nueva recompensa por facilitar la detención del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, por quien ofrece hasta 15 millones de dólares.
Por su parte, el Departamento del Tesoro -a través de la OFAC- impuso también sanciones económicas a ocho altos funcionarios del Gobierno venezolano, incluidos el presidente de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa), Héctor Obregón Pérez, y el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez.
Esta nueva arremetida, marcada con el signo del fracaso, expresa la arrogancia y el empecinamiento de los centros de poder en ensayar su política ilegal, agresiva y fallida contra Venezuela, que en más de una década no ha logrado torcer el rumbo definido por la Revolución Bolivariana.
