Medios informativos de Estados Unidos anuncian que las autoridades de ese país elaboraron una nueva lista de funcionarias y funcionarios venezolanos que serían objeto de medidas coercitivas y punitivas dictadas por la OFAC, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, como secuela de la elección presidencial del 28 de julio en la que fue reelegido Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela.
El nuevo contingente de venezolanas y venezolanos sobre los que recaerían tales medidas serían funcionarios del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia y de organismos de seguridad e inteligencia venezolanos. Las sanciones implican la prohibición de viajar a Estados Unidos, la imposibilidad de efectuar negocios o transacciones con empresas y entidades estadounidenses, así como la congelación de bienes y activos que estas personas tengan en jurisdicción de ese país.
Las fuentes anónimas de este anuncio, según los referidos medios, declinaron precisar cuándo entrarían en vigor las nuevas sanciones y si estas se extenderán a integrantes de los sectores empresarial e industrial.
Varias instancias y organismos de la administración estadounidense, incluido el Consejo de Seguridad Nacional de ese país, han hecho señalamientos en las últimas semanas con respecto a imponer más medidas coercitivas o punitivas a Venezuela, como represalia por lo que califican de opacidad en el resultado de los recientes comicios presidenciales. Voceros de la oposición han pedido también incrementar las sanciones contra Venezuela después del 28 de julio.
Un nuevo pretexto injerencista
El anuncio en cuestión no hace sino poner una vez más en claro la política injerencista, agresiva y criminal practicada por Washington contra Venezuela, en particular durante el último decenio.
El hecho de desconocer que la controversia por el resultado electoral se ha encauzado según lo que dictan las leyes y el entramado institucional venezolano, es una nueva expresión de la arrogancia imperial y de su desdén por todo aquello que no se alinee con sus pretensiones hegemónicas.
Muestra patente de esa agresión sostenida contra Venezuela son las más de 930 medidas coercitivas unilaterales que le han sido impuestas desde 2014 por un conjunto de países encabezado por EE. UU., cuyos graves efectos han hecho mella entre la población a lo largo de ese período. La resiliencia y el firme espíritu de lucha del pueblo venezolano han permitido la recuperación paulatina del tejido económico y la productividad, logro que suscita gran malestar y frustración entre los responsables de intentar el estrangulamiento económico del país.
Inventario de una agresión continua
Las mal llamadas sanciones provocan la repulsa mayoritaria de las venezolanas y los venezolanos, que han sabido hacerle frente a los embates de esa política criminal, ajena por completo al derecho internacional y a la convivencia entre las naciones.
A manera de inventario de esta agresión sostenida, cabe recordar que entre 2014 y 2024, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han impuesto medidas coercitivas o punitivas a 468 personas, 171 empresas, 69 barcos y 58 aeronaves venezolanas. Venezuela es, a la fecha, el quinto país en todo el orbe con mayor número de estas ilegales medidas.
